De la Dirección General de Palancas 2030 a la de Coherencia: el derroche de la estructura del Gobierno

Hace más de un año, en enero de 2020, con la firma del acuerdo para el primer Gobierno de coalición en España, se inició un camino que ya entonces apuntaba maneras. Con 22 ministerios en su haber, el nuevo Ejecutivo se convertía en el más numeroso de la democracia y hacía prever que, gracias al intercambio de cromos entre PSOE y Unidas Podemos y los intereses de cada partido encima de la mesa, el propio tamaño del Estado iba a ser muy grande, elefantiásico.

La tendencia se confirmó en febrero, cuando los ministerios empezaron a articular su funcionamiento interno y se fueron creando una serie de direcciones generales etéreas, con nombres rimbombantes y cuya utilidad no estaba del todo clara. Se vió también que se iban convirtiendo en un buen sitio para colocar afines. Así, fueron naciendo la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo o la Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia, entre otras.

Para poner a gente al frente de estos organismos, el Gobierno se fue saltando la ley. La norma dicta que estas direcciones generales deben estar encabezadas por funcionarios de carrera y que, sólo en el caso de que no hubiera ningún funcionario apto para ocupar el puesto, excepcionalmente se podría optar por alguien que no lo fuera. En su última legislatura, Mariano Rajoy usó esta excepción en 10 ocasiones; en su primera, Pedro Sánchez lo hizo en 9. Ahora, la cifra se ha triplicado y son 26 personas las que dirigen las direcciones generales sin cumplir el requisito de ser funcionarios.

Esta tendencia, a la que habría que sumar otros factores como el aumento de asesores que cobran de los ministerios y cuya labor no está especificada, ha demostrado que el Gobierno ha ido creando una suerte de Administración paralela que no se sabe muy bien qué hace, que muchas veces queda exenta de los exámenes de méritos por parte de la ciudadanía a la que, en teoría, sirve.

Con motivo del aniversario de la creación de varias direcciones generales, EL ESPAÑOL ha seleccionado algunas de las más llamativas para analizar en qué han gastado su tiempo durante 2020 y, sobre todo, para ver cuánto cobran las personas que están al frente de los organismos.

Políticas Palanca

Una de las más llamativas, por su nombre y por los esfuerzos que se llevaron a cabo desde Unidas Podemos para explicar cuáles serían sus funciones, es la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 inscrita bajo el Ministerio de Derechos Sociales del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Fue creada en enero del año pasado.

Quien está al frente del organismo es Gabriel Castañares, un funcionario que, por su labor, se ha embolsado nada menos que 78.973,01 euros este 2020. Tras ejercer como cartero para Correos, Castañares acabó de asesor energético en París para la International Union of Railways y volvió a España para ser becario en Renfe. De ahí fue escalando hasta conseguir un puesto mejor. Pero el premio le llegó con el Gobierno de Podemos, partido al que pertenece desde su nacimiento tras el 15-M.

La Dirección General ha trabajado durante 2020 en labores muy poco tangibles, más de asesoría. Ha intervenido en la aprobación del SMI, en la ley del despido objetivo, en la revalorización de las pensiones y en la LOMLOE. También ha participado en planes estratégicos y actualmente está preparando dos anteproyectos de ley. Sin embargo, a pesar de toda esa actividad aparente, no se sabe muy bien en qué consiste, en qué se materializa su trabajo. En esta dirección general trabajan 13 personas; dos de ellas son secretarias de Castañares.

Prospectiva y Coherencia

Otro de los de reciente creación es la Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia, dependiente de la Secretaría de Estado de España Global -antigua ‘Marca España’- del Ministerio de Exteriores. A su cargo está Federico Torres Muro, que ya había desempeñado un cargo en el segundo Gobierno de Zapatero y ejercía de embajador en El Salvador desde 2017. En febrero de 2020, un mes después de formarse el organismo, regresó a España para dirigirlo.

La oficina comandada por Torres Muro es una revisión de la antigua Oficina de España Global, encargada de establecer las estrategias de la Secretaría de Estado, y de la Oficina de Análisis y Previsión, en el mismo órgano. A efectos prácticos, tanto el director como sus ocho funcionarios funcionan como un órgano consultor, una especie de despacho encargado de, en sus propias palabras, “dotar al Ministerio de capacidades de reflexión, análisis y prospectiva del escenario internacional desde una perspectiva independiente y alternativa, con especial énfasis en sus repercusiones para España a corto, medio y largo plazo".

En resumen, es difícil saber lo que hacen. En 2020 su actividad conocida se ha limitado a varias conferencias del director y, a nivel colectivo, instruir las subvenciones "a entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la política exterior española". Esto último, según ha podido comprobar este diario, tampoco supuso mucho para el despacho, ya que las subvenciones se decidieron en régimen de concurrencia competitiva. En total, la Secretaría de Estado cuenta con 13.173.586 euros de presupuesto (4.074.020 para personal) a repartir entre tres direcciones generales, incluida la de Estrategia, Prospectiva y Coherencia.

De cara a este año, las proyecciones de esta Dirección General son escuetas: actualizar la estrategia de la acción exterior “mediante documentos, estrategias y planes internos” y, en general, “velar por la coherencia” dentro del Ministerio de Exteriores “con especial atención a la defensa y promoción de la imagen y reputación de España”.

Prospectiva y Estrategia

La puesta en marcha de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del País a Largo Plazo, en pleno estado de alarma, sentó en la sociedad como una cosa extraña. No sólo por su nombre, que lo tiene, sino porque se iba a dedicar a trabajar en algo a lo que España no está muy acostumbrada culturalmente: el largo plazo.

Creada por el asesor estrella de Pedro Sánchez, Iván Redondo, está dirigida por Diego Rubio, un joven cacereño que se licenció en Historia en Barcelona, estudió en Francia y se acabó doctorando en Oxford, donde fue investigador. A pesar de que su puesto es equivalente al de director general, no es funcionario.

No se sabe cuánto ha cobrado por su trabajo en lo que va de 2020 porque Presidencia aún no ha subido los sueldos al portal de Transparencia. Lo que sí que se sabe es el dinero que Presidencia del Gobierno destinará a sus asesores, según los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Moncloa retribuirá con 1.328.890 euros a los altos cargos y con 15,2 millones a los asesores. Todos estos sueldos, además, se verán incrementados con unos incentivos al rendimiento de 5,3 millones de euros y que se reparten a discreción. En perspectiva, Sánchez dedica a asesores un 115% más de dinero que en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy y los complementos han crecido un 18%.

No se sabe bien quién trabaja en la Oficina, no han querido hacerlo público. En 2020, una de sus primeras labores fue la de analizar los distintos escenarios que podría arrojar el coronavirus y después se puso a trabajar en un informe llamado ‘España 2050’ que busca identificar los principales retos del país a largo plazo.

El Injuve

La más joven de todos los cargos es María Teresa Pérez, de 28 años, y que ejerce como directora general del Instituto de la Juventud, el Injuve. Tampoco es funcionaria, aunque debería serlo. Pero, por lo menos, sí que es joven. Esa es la mayor experiencia que le vale para el puesto. Periodista de formación, pasó por las agencias EFE y Europa Press, pero lo que la acercó a Iglesias es haber participado como reportera en los programas Otra vuelta de Tuerka y Fort Apache, dirigidos por el actual vicepresidente.

Aunque su sueldo base es de alrededor de 34.000 euros anuales, los pluses de productividad han servido para que en 2020 acabara cobrando 85.785,84 euros. Y es que el Injuve tiene un presupuesto de nada menos que 45.248.120 euros y Pérez es la jefa de 130 funcionarios y 66 profesionales contratados por toda la geografía española.

Durante 2020, el Injuve se ha dedicado principalmente a repartir subvenciones y hacer dos estudios, uno sobre el paro -aunque, en realidad, actualizó uno que ya existía- y otro sobre cómo afecta la Covid-19 a los jóvenes. Por otro lado, ha organizado jornadas, exposiciones y han dado premios de periodismo y comunicación. 45 millones de presupuesto dan para mucho.

Diversidad Étnico Racial

La creación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial estuvo envuelta en la polémica desde el día uno: su primera titular, Alba González, renunció al puesto nada más ser elegida debido a la presión por no ser una persona racializada. La sustituyó la sanitaria y activista Rita Bosaho, quien sí cumplía los estándares de racialización y quien actualmente ostenta el cargo. Lo que no cumple es el requisito de ser funcionaria.

Al margen de la polémica inicial, esta es una de las direcciones generales que, en proporción, menos dinero cuesta a los españoles. El presupuesto de la Secretaría de Estado de Igualdad destinado a la dirección Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial asciende a 1.820.000 euros -de los cuales 820.000 van al personal-; esto es, un millón de euros para, según consta en sus objetivos, hacer planes de formación, especialmente los dirigidos al personal de la Administración General del Estado.

En concreto, estos planes se centran en actividades y cursos para fomentar la igualdad de trato entre los empleados públicos, desde enseñarles a tener respeto por la comunidad LGTBI hasta ser inclusivos con los distintos géneros o etnias. De hecho, por si acaso, la Dirección General ha incluido otras formaciones a directivos y empleados para fomentar la “igualdad real” e incidir en la lacra que es la violencia machista, entre otros.

Derechos de los Animales

Otro de los altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales que mejor retribución ha recibido este 2020 ha sido Sergio García Torres. Por su labor como director general de los Derechos de los Animales, se ha embolsado 78.973,01 euros. Normalmente, los directores generales tienen un sueldo base en torno a los 50.000 euros, pero los pluses de productividad siempre acaban sirviendo para engrosar notablemente las nóminas. El Ministerio dispone, en este sentido, de más de 6 millones de euros para repartir entre sus trabajadores como bonus.

Con este Gobierno es la primera vez en la historia de España que los derechos de los animales tienen una partida presupuestaria propia. Sin embargo, el desempeño de la misma ha dejado un sabor agridulce. Si bien han podido sacar adelante algunos proyectos importantes -como protocolos con animales para la protección de personas afectadas por la Covid y para las personas sin hogar, así como un plan de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañía- no han podido llevar a cabo las que iban a ser sus dos señas de identidad: el DNI animal y la ley de protección animal.

A pesar de que es director general, Torres no es funcionario. Para su puesto creado en 2020 le valió su titulación de Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura y su experiencia laboral como community manager propiciando el posicionamiento en línea de empresas mayoristas de bisutería o en el departamento de comunicación de formaciones políticas. Su experiencia con los animales le ha llegado a través del activismo y de regentar un bar vegano en Madrid. Ahora, tiene a siete personas trabajando para él, todas funcionarias y dos de ellas son sus secretarias.

Orientación y Aprendizaje

El Ministerio de Educación también cuenta con sus propios órganos delegados. Aunque no es Direccción General, uno de los que más resuenan es la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, dependiente de la Secretaría de Formación Profesional. Aunque la dependencia lleva activa desde 2008, su titular es reciente, desde enero de 2019. Se trata de Asunción Manzanares Moya, doctora en pedagogía y especialista en orientación y formación, áreas en las que ha publicado varios artículos académicos, que antes había desempeñado el mismo cargo en la Subdirección de Educación a Distancia.

Su cartera, como no podía ser de otro modo, está relacionada con su facultación profesional, y tiene como objetivos informar, asesorar y diseñar estrategias de orientación y formación profesional tanto dentro como fuera del Ministerio y gestionar el Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD). Para ello, la Subsecretaría reparte entre su organigrama a 306 funcionarios y oficinistas dependientes de otros organismos y 171 contratados mayores, a dividir entre tres subdirecciones (una de ellas, la de Orientación y Aprendizaje para la Vida) y un Instituto Nacional.

En lo que respecta a esta Subdirección, sus proyectos en 2020 se han centrado en, como su propio nombre indica y ella misma se encarga de resaltar, “la orientación y el aprendizaje a lo largo de la vida”, sin concretar demasiado. A efectos prácticos, esta declaración se traduce en el programa Academia -un programa europeo para formar a orientadores-, la gestión del programa Aula Mentor de cursos online y la elaboración de estudios e informes de formación profesional. De cara a este año, la idea es más o menos la misma: realizar cursos de formación para el profesorado y, en concreto, incluir cursos de inglés instruidos por el Ministerio.

Asuntos Generales

Aunque tampoco se trata de una Dirección General, uno de los organismos que llevan un nombre más llamativo es la Subdirección General de Asuntos Generales, que depende de la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial, ahora regido por Miquel Iceta. Bajo este nombre extenso, emplea a un total de 51 funcionarios y 66 contratados. No tiene un presupuesto específico y se nutre de las partidas destinadas al Ministerio, que son 14 millones de euros para sueldos en personal. Un millón de esa cifra son incentivos al rendimiento.

Según los Presupuestos, las labores de esta Subdirección son las de “la mejora y el mantenimiento ordinario de los edificios sede de los Servicios Centrales y la elaboración y supervisión de los proyectos de obras de construcción, reforma o reparación”. Para 2021 tienen planeado adoptar medidas de ahorro energético y mejorar la reducción de consumo de medios materiales en oficinas, entre otras.

La persona al mando de este organismo es la subsecretaria Dionisia Manteca Marcos. Sí que es funcionaria y, desde 2009, era asesora en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.