Clara, alto cargo de Irene Montero, facturó 270.000€ con una sociedad que no tenía ningún trabajador

Clara Alonso es una de esas figuras políticas que, sin llegar a estar nunca en la primera fila, siempre ha conseguido mantenerse en la estela del partido, pendulando de un puesto a otro como persona de máxima confianza. Viniendo del activismo, empezó en Izquierda Unida en 2012, en un puesto técnico, y en sólo cuatro años logró convertirse en directora de comunicación de la formación. Después pasó a ocupar un cargo orgánico y, el pasado mes de febrero, fue nombrada directora de comunicación del Ministerio de Igualdad, bajo el liderazgo de Irene Montero. Siempre ha estado ahí, en política, escalando, pero esa no es su única fuente de ingresos.

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL, Clara Alonso es propietaria de una sociedad limitada unipersonal, una fórmula empresarial en la que es la única trabajadora. Se trata de una estructura conocida para muchos: es la que usaron Màxim Huerta -que tuvo que dimitir tras destaparse-, Juan Carlos Monedero o Pepu Hernández, aunque cada caso es distinto. Así, a través de la sociedad, la directora de comunicación de Irene Montero podría tributar sólo el 25% correspondiente al impuesto de sociedades en vez del 45% que pagaría como persona física.

Clara Alonso ejerció el cargo de directora de comunicación de Izquierda Unida hasta septiembre de 2018. Menos de un mes después, a mediados de octubre del mismo año, constituyó La Nave Digital S.L. que es como se llama la sociedad de la que es única propietaria y trabajadora y a cuyas cuentas ha tenido acceso este diario. A pesar de este cambio profesional, seguía trabajando para Izquierda Unida ya que era miembro de la Comisión Colegiada, el órgano de gestión cotidiana de la formación, y secretaria institucional del PCE. Este trabajo, de todas formas, podría no conllevar una retribución salarial para ella.

Al margen de las cuestiones fiscales, el mero hecho de tener una actividad profesional paralela a Izquierda Unida contraviene el código ético de la propia formación. En el mismo se puede leer que los cargos, tanto electos como orgánicos, deben cumplir sus tareas con dedicación plena, algo que Alonso no ha cumplido. En ese mismo código se establece también que se declararán las fuentes de ingresos económicos, sin embargo, no queda constancia de que la persona de confianza de Irene Montero lo haya hecho y tampoco se refleja en las cuentas presentadas al Registro Mercantil de Madrid.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Clara Alonso y asegura haber actuado de acuerdo a la legalidad y que no ha tributado menos por ello. “La información (de la empresa) es pública, se puede acceder a ella a través del Registro Mercantil. Es una sociedad limitada unipersonal como el 35% de las empresas de este país, que declaré inactiva antes de mi nombramiento, sin tener obligación de hacerlo”, comenta. “Es la fórmula jurídica habitual para este tipo de empresas. Lo que me sorprende es que pueda ser noticia una práctica tan habitual y completamente legal como la que he llevado a cabo. Este tipo de artículos solo buscan dañar la imagen de las trabajadoras del Ministerio de Igualdad. Cualquier persona que lea este artículo se sorprenderá del hecho de que sea noticia que una persona monte su propia empresa”, añade.

Este, sin embargo, no es el primer lío con el dinero de Clara Alonso. En 2002 y en 2004 ya fue notificada por Hacienda por incumplimiento en los actos de “gestión recaudatoria”. Más tarde, cuando entró en Izquierda Unida, según han trasladado fuentes de la formación a este diario, ella no estaba en nómina del partido sino que recibía su sueldo de una retribución que el eurodiputado Willy Meyer -que dejó el cargo por una sicav- recibía para asesores por parte del Parlamento Europeo. Se trata de una práctica común en Izquierda Unida que, aunque no es ilegal, da a los fondos un uso distinto al pensado por el Parlamento Europeo.

Las sociedades unipersonales como la de Clara Alonso han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si bien, en principio, son legales, es muy fácil que el titular le dé un mal uso. En una entrevista de 2015, Sánchez dijo que si alguien tenía “una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona estaría al día siguiente fuera de mi ejecutiva”. Las palabras se volvieron contra él como un bumerán en 2018 cuando se descubrió que su recién nombrado ministro de Cultura, Màxim Huerta, había estado tributando a Hacienda usando esta fórmula. Huerta duró sólo siete días en el cargo, fue el ministro más breve de la democracia.

Esto no sólo ha afectado a Sánchez. En el propio entorno de Podemos, el histórico Juan Carlos Monedero vio como parte de su carrera política se acababa cuando se descubrió en 2015 que había creado una sociedad interpuesta ad hoc para canalizar unos supuestos trabajos que había realizado con anterioridad en Venezuela. Hasta Pablo Iglesias se ha pronunciado sobre ello. En 2018, antes de ser parte del Gobierno de coalición, le recordó a Sánchez sus propias palabras sobre las sociedades interpuestas para pedirle la dimisión del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Este ministro, sin embargo, no dimitió.

Negocio de 272.080 euros

La directora de comunicación del Ministerio de Igualdad vive en la actualidad unos días dulces. El pasado 21 de enero fue nombrada por Irene Montero como asesora nivel 30 en el organismo, cargo por el que recibe una retribución bruta anual de 51.946 euros, al margen de otros complementos. A pesar de que viene del ámbito de Izquierda Unida, donde se acercó a Alberto Garzón en el momento en el que sustituyó a Cayo Lara, guarda una estrecha relación con la gente de Podemos. Prueba de ello es el vídeo que se grabó para celebrar el cumpleaños de la ministra, tan criticado, donde aparece como una más. De hecho, por su cargo, la propia idea del vídeo seguramente partió de ella.

Antes de llegar a la política, Clara Alonso estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y pasó como becaria por lugares como el Instituto de la Mujer o como técnica de Igualdad de Oportunidades en el sindicato Unión Sindical Obrera. Entró en Izquierda Unida en febrero de 2012 como técnica de comunicación interna y, en menos de un año, la nombraron directora del departamento. El primer gran salto le llegó en junio de 2016, cuando la nombraron directora de comunicación de Izquierda Unida y desempeñó el cargo, tanto en el propio partido como elaborando las campañas de Alberto Garzón, hasta septiembre de 2018.

Después, dejó el cargo. Y ahí fue cuando decidió crear la sociedad La Nave Comunicación Digital S.L. menos de un mes después de terminar como directora de comunicación. Según las cuentas a las que ha accedido este diario y que fueron entregadas por ella misma este verano, la sociedad se dedica a “agencias de publicidad”, “relaciones públicas y comunicación” y “servicios de representación de medios de comunicación”. Es decir, que la actividad profesional declarada de la sociedad de Clara Alonso es la misma que hacía para el partido y que ahora hace para el Ministerio de Irene Montero. La diferencia es que, podría pasar de pagar alrededor del 45% en impuestos por sus beneficios a sólo el 25% en lo facturado por dicha empresa.

Aunque esto podría indicar que Alonso dejaba Izquierda Unida para dedicarse a su actividad profesional, en septiembre de 2019 seguía figurando como secretaria institucional del Partido Comunista y en verano de ese mismo año estuvo dando charlas en la Escuela de Verano de Izquierda Unida. Ahí, la presentaban como miembro de la Comisión Colegiada de la formación, el órgano de gestión cotidiana encargado de la puesta en práctica de las decisiones adoptadas por la Coordinadora Federal y la Asamblea Político y Social. Para montar la sociedad, además, solicitó el pago único de la prestación por desempleo y le fue concedido en julio de 2019.

A pesar de que se mantenía políticamente ocupada y trabajando, eso no impidió que su sociedad unipersonal moviera mucho dinero. La Nave Comunicación Digital S.L. tuvo en 2019 una cifra de negocios de nada menos que 272.080,92 euros, según queda reflejado en las cuentas. Varios expertos en fiscalidad consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que se trata de una sociedad vacía de contenido ya que, a pesar del dinero que mueve, no tiene gastos de aprovisionamientos ni ingresos de explotación y tampoco gastos de personal. Es sólo ella la que ha estado moviendo tanto dinero.

El único gasto notable en el que incurre la sociedad de Alonso son los 249.294,62 euros que figuran bajo el opaco epígrafe de “Otros gastos de explotación”. Según los expertos, el destino de ese dinero es el quid de la cuestión. Ese dinero podría estar facturándoselo a sí misma, ya que no hay otros gastos de actividad, o bien podría suponer que está fraccionando las facturas o que el partido le paga a través de la empresa y tributaría menos por ello. Estos dos últimos supuestos serían directamente ilegales.

Tras esos gastos, y otros menores, los beneficios de la empresa antes de impuestos en realidad disminuyeron a 22.623,57 euros en 2019. Al tributar como sociedades y no como persona física, entonces, se podría estar ahorrando en torno a 5.000 euros. Se trata de una cifra menor por la que los expertos interpretan que la sociedad se constituyó quizás para otros motivos distintos a la cuestión fiscal.

“Si ha montado esta sociedad y ha seguido trabajando para el partido es por algún motivo concreto. Y ello podría ser ilegal o no, aunque en principio ya muestra poca transparencia”, explica a este diario un abogado experto en fiscalidad. “Además, las cuentas no reflejan una empresa que ha estado haciendo muchos trabajos distintos porque no hay gastos variados, ni siquiera en personal”, añade.

De hecho, en las cuentas entregadas al Registro Mercantil hay un documento sobre servicios a terceros, de obligado cumplimiento, en el que Alonso no ha aportado ninguna información. Dicho documento sirve para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y Alonso ha dejado vacíos los epígrafes en los que hay que detallar el ámbito territorial de las operaciones.

Trabajos a República Dominicana

A pesar de esa elevada cifra de negocios de más de 272.000 euros, la única actividad que este diario haya podido encontrar en la que ha participado la sociedad unipersonal de Alonso es un trabajo del que se ha beneficiado el Ministerio de Turismo de República Dominicana. La sociedad es propietaria de la página de Facebook Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana. Según la descripción de la misma, se trata de una publicación oficial del ministerio en su delegación en España, ubicada en la calle Alcalá de Madrid.

Aunque, en realidad, la página de Facebook se creó en junio de 2011, acabó cambiando de propietarios y recayó en la sociedad unipersonal de Clara Alonso. Los motivos se desconocen. Lo que sí está claro es que esta actividad profesional paralela a Izquierda Unida es contraria al código ético de la formación, por lo que Alonso estaba operando de espaldas a las reglas internas del partido mientras seguía formando parte de él. Al no dotar de transparencia su negocio, estaría incumpliendo además otro punto del código ético.

Volviendo al asunto dominicano, cabe recordar que, durante 2019 -el principal año de operaciones de La Nave Comunicación Digital S.L.-, el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero estuvo visitando también República Dominicana. Según apunta el digital Vozpópuli, varios dirigentes de Podemos, entre ellos Monedero, estuvieron viajando a la isla caribeña para reunirse con dirigentes de la consultora Neurona, ahora en el foco de la presunta financiación irregular de la formación morada.

Y hasta ahí llegan los únicos trabajos conocidos de la sociedad unipersonal de Clara Alonso. Las cuentas, no dejan entrever nada más, por lo que es imposible saber de dónde sale esa cifra de negocios de 272.080 euros. La empresa cuenta con páginas en las redes sociales pero no tienen ningún tipo de contenido ni hacen promoción de su trabajo y tampoco dispone de página web.

“Las sociedades interpuestas y las unipersonales en las que no hay medios ni materiales ni humanos para el desarrollo de la actividad, como esta, no son sociedades ni ilegales ni ilegítimas. Otra cosa es que este tipo de sociedades se han usado para cometer muchos abusos de ley”, explica el abogado experto en fiscalidad.

Los ejemplos de esto que dice el abogado, se cuentan a borbotones. Pepu Hernández, excandidato socialista a la alcaldía de Madrid, creó una sociedad como la de Clara Alonso para pagar menos impuestos por su actividad profesional. Màxim Huerta, exministro de Cultura, usó una sociedad igual para meter todo tipo de gastos personales y fue multado por Hacienda. Juan Carlos Monedero, de Podemos, también erigió una sociedad sin estructura como la de Alonso para canalizar trabajos que había realizado antes de su creación. ¿Y Clara Alonso?