La víctima de los presuntos abusos sexuales por parte de cuatro de los miembros de 'la Manada' en Pozoblanco (Córdoba) habría vivido un intento de suicidio el pasado 27 de agosto, según sostuvo durante la primera sesión del juicio la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular. La chica sufrió estrés postraumático tras conocer el contenido de los vídeos que le grabaron gracias a la Policía Foral de Navarra. Necesitó mes y medio para recuperarse.
La letrada de dicha asociación, Patricia Catalina, solicitó en las cuestiones previas que se amplíe la prueba pericial y se incluya un informe forense sobre un presunto intento de la joven de quitarse la vida hace dos meses y medio. El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba admitió la petición.
Este martes, cuando declare la joven, que lo hará sin presencia de periodistas y sin contacto directo con los acusados, se conocerán más detalles acerca de estos hechos. El abogado de los cuatro procesados, Agustín Martínez, se mostró sorprendido de que fuese la Asociación Clara Campoamor y no el letrado de la joven quien lo solicitara. El fiscal, mientras escuchaba a la defensa, asentía.
La primera jornada del juicio por los presuntos abusos sexuales cometidos por cuatro miembros de 'la Manada' en Pozoblanco sirvió para ver a las claras la estrategia que va a seguir la defensa de los acusados. Sus defendidos, quienes junto a un quinto hombre ya han sido condenados a 15 años de prisión por cometer una violación, se dijeron inocentes y se negaron a declarar ante todas las partes, inclusive su propio abogado.
Juicio "viciado", según la defensa
Lo hicieron porque entienden que el juicio está viciado de raíz, ya que los dos vídeos que ellos mismos se grabaron la madrugada del 1 de mayo de 2016 dentro de un coche se obtuvieron de "manera ilícita" por parte de la Policía Foral de Navarra, en palabras del propio Agustín Martínez.
En ellos se observa cómo los cuatro acusados manosean los pechos de una joven de 21 años en estado de aparente inconsciencia. Un miembro del grupo, Alfonso Cabezuelo Entrena, llega a besarla sin dejar de mirar a quien graba la escena, José Ángel Prenda. Éste usa el teléfono del guardia civil expulsado del cuerpo Antonio Manuel Guerrero Escudero.
Los investigadores policiales hallaron dichas imágenes en los teléfonos de los procesados durante la investigación de la violación que cometieron dos meses después, en julio de ese mismo año, durante los Sanfermines. Las habían mandado a dos grupos de WhatsApp en los que estaban ellos y otras personas ajenas a los hechos: los nombres de los chats eran 'Peligro' y 'Manada'.
Agustín Martínez va a intentar que en la sentencia se recoja que los vídeos se obtuvieron de manera ilegal y sin la autorización previa de un juez. En cambio, la Fiscalía, el abogado de la víctima y también la acusación popular mantienen que no fue así ya que los procesados nunca se negaron a que se les analizara el contenido de sus terminales móviles.
"Es otro caso Marta del Castillo"
Muy al contrario, pusieron de relieve las acusaciones, los propios acusados los entregaron a los agentes que los detuvieron y les facilitaron las claves de desbloqueo. Los investigadores encontraron dichos vídeos durante el posterior estudio de los dispositivos. Los comentarios de los miembros receptores de las imágenes en referencia a la víctima eran de este tipo: "¿Qué le habéis dado? ¿cloroformo? ¿burundanga? Es otro caso Marta del Castillo".
"Partimos de la teoría del árbol envenenado. Todo proviene de unas diligencias ampliatorias no del juez, sino del instructor policial, y los vídeos se obtienen de manera ilegítima. No hay un auto de una autoridad judicial que lo autorice. Todo lo demás [como los comentarios en los grupos de WhatsApp o los testimonios que puedan darse de testigos que vieron las imágenes] es ilícito", explicó este lunes la defensa de los acusados a la salida de la primera sesión del juicio. "Derivamos de ese ilícito primero", añadió. "Todo lo demás está contaminado", había advertido ya en la sala de vistas.
El abogado de los cuatro acusados aseguró que se ha abierto "una causa general" contra sus clientes y dijo que el hecho de que sus defendidos entregasen sus teléfonos a los investigadores no se puede considerar como "una barra libre para buscar" posible delitos cometidos con anterioridad.
Dicha estrategia llevó a la defensa de los cuatro violadores a pedir la nulidad de los vídeos como prueba durante el juicio y a la suspensión del proceso, solicitud que desestimó el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba. Sin embargo, el magistrado señaló que valorará en su sentencia si dichas imágenes se obtuvieron o no de manera ilegal. También subrayó que "no es la única prueba existente en el procedimiento" y aludió al "consentimiento" prestado por los acusados en todo momento, también ante el juez que instruyó la causa de Pamplona.
Este martes está previsto que declare la víctima de los presuntos abusos, que lo hará sin la presencia de periodistas en la sala y sin mantener contacto visual con los acusados. Además de la chica, declaran una veintena de testigos, entre ellos Ángel Boza, que fue condenado por participar en la violación de Pamplona junto a los otros cuatro miembros de 'La Manada', que sí se sientan en el banquillo por este otro caso. Esta vez tendrá que explicarse sobre sus comentarios tras ver el contenido de los dos vídeos que recibió a través de WhatsApp.