Lleva 4 meses en su casa, cobrando 1.200 euros por no trabajar. Antonio Manuel Guerrero, guardia civil de profesión, salió de prisión provisional el 23 de junio de este mismo año, el mismo día que el resto de sus compañeros de 'La Manada', los cinco condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. Desde entonces, su situación en el cuerpo es ciertamente anómala. Según fuentes de la Benemérita, Guerrero figura como "activo pero sin destino".
Esto es así debido a la situación en la que se encontraba cuando cometió los hechos junto con sus compinches hace ya más de dos años, cuando acabaron en prisión provisional a la espera de juicio. En aquel momento, el estado de Guerrero en el cuerpo era de guardia civil "en prácticas". Como su etapa de formación todavía no había concluido, Guerrero se encuentra a la espera de poder concluirla.
Eso solo sucederá si, al final del proceso judicial, el Tribunal Supremo decidiese absolverle. "Es como si le quedasen créditos por rellenar de la carrera", explican fuentes de la Benemérita a EL ESPAÑOL. No tiene, por ello, destino asignado. Como si estuviera en una suerte de limbo, sigue cobrando su salario, que resulta, aún así, ser menor que el sueldo base de cualquier guardia civil del cuerpo.
El caso de Antonio Manuel Guerrero se hace patente algo más de una semana después de que el Ministerio de Defensa decidiese expulsar del Ejército al militar de 'La Manada', el condenado Alfonso Jesús Cabezuelo. La decisión estuvo legitimada por el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. También a falta de un solo día de que se conozca la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre los recursos presentados por las partes en el juicio que se celebró el año pasado, y cuya sentencia se conoció el pasado mes de abril. Quedará ya un solo peldaño para conocer la situación final de los cinco condenados por abusos sexuales a una joven la madrugada del 7 de julio de 2016.
Un sueldo inferior
El sueldo medio de un guardia civil suele rondar los 1300 euros sin contar los complementos salariales. Según las fuentes consultadas en el cuerpo, evidentemente lo que Guerrero cobra cada mes es algo inferior por su condición, digamos, de estudiante "en prácticas".
Por otro lado, la situación en la que se encuentra, de "activo sin destino" es ciertamente anómala dentro del cuerpo. Es una situación en la que a veces se ven efectivos que se incorporan de una excedencia, que están con una baja,etc. El caso del guardia civil de 'La Manada' es, por tanto, ciertamente singular. Y hasta que la sentencia no sea firme no será expulsado de la Guardia Civil.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipo de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.
En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.
"En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio de 2016 por el director de este Cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme", aseguraron desde el ministerio.
Líos en libertad
Ya de vuelta en casa, el primer día que tuvo que ir a firmar a los juzgados de Sevilla Guerrero fue pillado tratando de renovar su pasaporte. Este hecho encendió al máximo todas las alarmas. La cacareada ausencia de riesgo de fuga se desvanecía ante un hecho tan irrebatible.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra rechazó, semanas después, el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía debido al escándalo del pasaporte de Guerrero.
La fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, consideraron en una vista celebrada el 5 de julio que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas por la Sección Segunda en su resolución del 21 de junio y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga. La defensa, por su parte, se opuso y reclamó el mantenimiento de la situación de libertad.