Casi dos años de espera para conseguir albergue: La situación de los migrantes en Santiago

Es indudable que Santiago de Compostela es una de las ciudades gallegas más culturales y diversas, pues la gran cantidad de turistas y universitarios que a diario recorren sus calles hacen esto inevitable. Sin embargo, no toda esta pluralidad es igual de fácil de medir.  

Metiéndonos en el buscador de cualquier móvil es muy fácil saber cuántos estudiantes han llegado a la ciudad en el último curso o cuántos peregrinos han pisado el Obradoiro este año pero, ¿y personas migrantes? Encontrar datos sobre su llegada o sobre los procesos administrativos que les ocupan no es tan sencillo. 

Muchos se sienten invisibles para las administraciones, discriminados por la calle y en constante lucha por acceder a unos servicios que les garanticen unas condiciones de vida dignas. Maitane Vicente, Paula Robleda y Bea Cerro, trabajadoras sociales de distintas entidades de la ciudad, nos cuentan cuál es la realidad de las personas migrantes en Santiago.

Qué personas llegan a Santiago  

“Migrante es toda persona que migra. Probablemente, nuestras amigas de la universidad, nuestro panadero o nuestro vecino no son de Santiago, y cada cual tendrá su historia y sus motivos: vivir en una ciudad con oferta cultural, convivir con su pareja, encontrar un buen trabajo… existe una imagen muy estereotipada de lo que es ser migrante, y toda persona que se haya desplazado de su hogar lo es”, cuenta Paula. 

Y es que el perfil de personas que migran a Santiago son, en su mayoría, personas con estudios superiores que se ven destinadas a tener que trabajar en empleos más precarios y peor pagados. "Creo que hay equilibrio entre hombres y mujeres, y que no hay una edad predominante", concreta Bea. 

Anuncio de empleo promovido por la Cruz Vermella Santiago.

José Luis Serrano, un artista plástico venezolano que llegó a España en 1999 por trabajo y tuvo que quedarse por los problemas políticos en Venezuela, es uno de otros muchos casos:  "Durante tres años tuve mi documento en regla. En el 2002 cae en Venezuela la democracia, y cuando pasado un tiempo voy a renovar mi documentación no pude por problemas políticos. Pasé 11 años sin pasaporte entre Málaga y Madrid, hasta que decidí ir a Ourense, donde me ayudaron".  

Gran parte de estas personas vienen de contextos muy complicados: inseguridad, desconfianza hacia sistema político, corrupción, falta de oportunidades… hay quien ha  tenido que dejar una vida con carrera universitaria y profesional. Y muchos, o mejor dicho, muchas, buscan un futuro mejor para sus hijos contra lo que se pueda pensar de que son hombres los que migran.  

Bea explica que Santiago está bien comunicada y dispone de todos los recursos y servicios básicos de una ciudad, a la par que la posibilidad de alojarse en la periferia por un precio más asequible y encontrar fuentes económicas quizá en zonas más rurales. Además, hay multitud de recursos sociales que hacen un gran trabajo de acompañamiento inicial. 

Las trabas para conseguir una vivienda  

Todas estas personas llegan con la necesidad de mantenerse y mantener a sus familias aunque el primer paso, el de encontrar asilo, ya es "un infierno". "Para conseguir cita tienen que llamar todos los martes en un horario fijo muy acotado, tardan incluso meses en conseguir que les cojan el teléfono. Cuando les cogen el que tiene más suerte recibe una cita para dentro de un año”", cuenta Paula.  

Una vez tienen esa cita, aún tienen que esperar una segunda cita y, luego, que se les active el permiso de trabajo, que tarda de media cinco meses. "La violencia administrativa es, sin duda, uno de los grandes temazos. No sólo la violencia de la Ley de Extranjería, también la Normativa de Protección Internacional, los procesos de homologación de los títulos académicos y un largo etc.", apunta Maitane.

Esta "violencia administrativa" deriva muchas veces en problemas de inseguridad, salud mental y autoestima en las personas. José Luis señala que "tenía pasado un ictus y que estaba lleno de problemas emocionales, psíquicos y físicos porque sentía que nadie me ayudaba".  

Tablón de anuncio de pisos de alquiler en Santiago.

En el caso de la vivienda, la discriminación por el acento es algo recurrente, teniendo incluso que llamar las profesionales para por lo menos conseguir que puedan verla. En la casuística, además, de las personas en situación administrativa irregular, la búsqueda  de un hogar se vuelve una tarea casi imposible, ya que no tienen acceso a un empleo con nómina y por lo tanto, no tienen oportunidad de demostrar el pago del alquiler. 

Añade Maitane que, por si fuera poco, cuando consiguen una vivienda, en su mayoría habitaciones, ni siquiera les dejan empadronarse: "Esto hace que no consten en el sistema del ayuntamiento, no teniendo acceso a servicios tan importantes como la sanidad". 

La búsqueda de trabajo  

“En la búsqueda de empleo podemos ver todo el racismo cotidiano existente. Discriminación en los procesos de selección, preguntas incómodas, exigencia de explicación sobre su proceso migratorio… a mayores, la homologación de los títulos académicos, donde la dificultad no sólo es pagar el trámite, sino esperar un proceso largo que muchas veces acaba teniendo que recuperar materias”, continúa Maitane.  

Aparte de esto, estando en situación irregular, la cual puede llegar a alargarse más de tres años, no tienen derecho de acceder al certificado de discapacidad o a recibir muchos de los servicios públicos. Las mujeres víctimas de violencia de género o las personas trans, por ejemplo, quedan mucho más desprotegidas poniendo en riesgo su salud y su vida.  

"Lo que más demandan es trabajar para no tener que pedir ayuda y poder aportar de manera activa al lugar donde llegan" cuenta Paula, que añade: "En la mayoría de casos quienes vienen son personas con sus vidas hechas allí que han tenido que dejarlo todo para no perder la vida". 

Un atisbo de esperanza  

Pese a que Maitane, Paula y Bea ponen de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en lucha contra el racismo que todavía se da en las calles de Santiago, aseguran que mucha gente ayuda a combatirlo a diario. 

"Hay personas que dejan una habitación o sofá para dormir mientras no encuentran casa, caseras que mantienen a las personas sin cobrarle alquiler para no dejarlos en la calle, gente que les deja empadronarse en sus casas para meter a los niños al cole o iniciar cualquier proceso… de esto también hay mucho y hay que ponerlo en valor. También hay personas migrantes con vidas estables aquí que siguen organizándose y ayudando a los que llegan", relatan. 

"Algo de lo que siempre hay que aprender y me apetece poner el foco en ello, es el poder de lo informal, de lo comunitario, de lo que se puede llegar a construir ajeno al sistema cuando el sistema no funciona, de las redes de apoyo mutuo que surgen de la empatía, en la calle, en el vecindario…", señala Bea.  

Unas redes que consiguieron ayudar a José Luis, pero que deben complementarse con reformas administrativas. Y es que personas como él todavía tienen que pagar 140 euros de notaría para que sigan certificando que Venezuela no les da pasaporte. Algo difícil de comprender tras 26 años en el país, NIE permanente con permiso de trabajo y un examen de nacionalidad aprobado.