Un juzgado de Ferrol archiva la causa por el asesinato de Moncho Reboiras

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol ha dictado un auto, con fecha de 3 de abril, en el que se acuerda el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia por el asesinato del líder nacionalista Moncho Reboiras en 1975, tras la querella criminal presentada el pasado 17 de febrero por su hermano, Manuel Reboiras, contra 24 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado franquista, a quienes se les imputaba "un delito de asesinato en concurso con crimen de lesa humanidad".

Desde la coordinadora Ceaqua y Amnistía Internacional apuntan que se trata del "primer auto de archivo de una querella criminal en la que se denunciaba la comisión de crímenes franquistas interpuesta con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".

Según la información facilitada por Ceaqua, la magistrada considera "después de citar diferentes resoluciones judiciales previamente dictadas por otros Juzgados y Tribunales españoles, que los razonamientos contenidos en las mismas continúan siendo aplicables a día de hoy y que no se ven alterados por lo dispuesto en el Ley de Memoria Democrática". Según trasladan desde Ceaqua, "en las resoluciones citadas en el auto, se incide en que la Ley de Amnistía, el principio de legalidad y el instituto de la prescripción impiden la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas".

En virtud de la resolución, Ceaqua interpondrá un recurso de apelación, y considera que es necesario modificar o derogar la Ley de Amnistía del año 1977, así como modificar el Código Penal "para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Fundamental" y que "el Estado español ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad".

Para ello, interpelan al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que adopten una posición "decidida que reconozca sin ambages el derecho a la tutela judicial efectiva en el orden jurisdiccional penal a todas aquellas personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura y la Transición".