Familias afectadas por un desahucio en Narón (A Coruña) temen entrar en un "punto muerto"

El pasado 22 de noviembre de 2021, la incertidumbre se presentaba en forma de notificación en el buzón de 15 familias del barrio de Piñeiros, en Narón (A Coruña). Una orden de desahucio, que se encuentra en proceso de mediación, evidenciaba que los pisos en los que residían como arrendatarios pertenecían a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y que las diligencias de desahucio se habían iniciado en 2018, antes de suscribir los citados contratos de alquiler.

Desde ese momento los vecinos afectados han aunado fuerzas para tratar de depurar responsabilidades y lograr que se subroguen sus contratos hasta la fecha de vencimiento que habían firmado.

Tras dos reuniones con el concello de Narón y de que el BNG expusiese su situación en el Congreso y en el Parlamento de Galicia, estas familias temen que la situación entre en "punto muerto".

Explica uno de los afectados que desde una promotora se les requirió una serie de documentación personal, como libros de familia, nóminas, certificados de empadronamiento, que entienden "debería haber sido solicitada directamente por la Sareb".

De manera consensuada acordaron no hacer entrega de dicha documentación, salvo que se solicitase por un cauce oficial como el Juzgado en donde ya han depositado, además, sus contratos de alquiler.

La delgada línea de la vulnerabilidad

Entiende este afectado la documentación que se les solicita tiene el objeto de ponderar si alguna de las familias se encuentra en "situación de vulnerabilidad" y sostiene que es "clave priorizar la atención a las personas con menos recursos" para que puedan tener acceso a una vivienda digna, tal y como ha subrayado en relación al citado caso la Valedora do Pobo o la Xunta de Galicia.

No obstante, pone de relieve este inquilino que el precio de alquiler de las viviendas de Piñeiros hace que sus residentes sean "personas trabajadoras" que "quizás no se sitúen en los umbrales de vulnerabilidad que marcan las administraciones", pero a las que una mudanza, "con los gastos que conlleva", o la pérdida de la fianza podría ocasionarles entrar en una nueva realidad de precariedad.

"Cuestión de resistencia"

Destaca este afectado que lo que más duele es saber que es probable que "se ejecuten antes los desalojos que el dictamen de la sentencia contra los que promovieron un alquiler fraudulento" y resulta necesario visibilizar este tipo de situaciones.

A la espera de nuevas comunicaciones oficiales, las 15 familias de Piñeiros van perdiendo la esperanza de poder continuar en sus viviendas, de las que apuntaba, además, a Quincemil uno de los inquilinos "había muchas personas que se planteaban la posibilidad de ejercer el derecho de compra o de prolongar el alquiler".

No obstante, la posición de este vecino de Narón es la de seguir plantando cara a esta situación sobrevenida porque, argumenta, "es una cuestión de resistencia" y las 15 familias actuaron en todo momento de "buena fe", cumpliendo con las "obligaciones contractuales" y entiende que esto debería traducirse en una reciprocidad en materia de derechos.