El presidente de la Xunta lamenta que Audasa "siempre gana" con sus acuerdos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que Audasa, concesionaria de la AP-9, ha suscrito unos acuerdos con los sucesivos Ejecutivos centrales con los que "siempre gana" la empresa y "pierden" los usuarios, al tiempo que ha puesto el foco en el actual Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha instado a concretar su postura y "replantear" las actuaciones en relación a esta infraestructura.

Así lo ha manifestado después de trascender que Audasa avisa de que pedirá una indemnización de más de 1.000 millones de euros en el caso de que se llegue a anular el contrato de la autopista en el marco del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España –por incumplimiento de la normativa comunitaria al autorizarse la última prórroga de esta infraestructura sin una licitación pública–.

En estos términos figura en un folleto remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a finales del mes de octubre con motivo de una emisión de obligaciones –que hará en noviembre por importe de 300 millones–.

Preguntado al respecto, Feijóo ha apuntado que "hay una serie de pronunciamientos que se están produciendo" en relación con las distintas prórrogas y que el Consello Consultivo "ya hizo un pronunciamiento antes que el europeo en el que indicaba que era incorrecta la última decisión de ampliar el peaje por las obras en Rande y la circunvalación de Santiago", porque solo deriva "en un enriquecimiento de la empresa y carga para los usuarios".

Previamente, ha indicado que la Xunta denunció en su día el acuerdo sobre los peajes de Rande y A Barcala, y ha esgrimido que el Ejecutivo gallego pide desde hace tiempo la titularidad de la AP-9 precisamente porque está disconforme con las decisiones que se adoptan en el Estado. "Es un tema complejo que tiene causa en muchos gobiernos, de la UCD, del PP, del PSOE…", ha reiterado, antes de instar al actual Gobierno central a mover ficha y "concretar su postura".

"El Gobierno de España tiene que clarificar la situación y evidenciar que hay distintos contratos que fueron denunciados y en los que nos parece que siempre se va en la misma línea. Aquí siempre gana la concesionaria y pierden los consumidores", ha zanjado.

El BNG reclama la anulación de las prórrogas de la AP-9

Por su parte, el BNG ha registrado iniciativas en el Parlamento gallego para que la Xunta reclame que el Gobierno central anule las prórrogas de la concesión de la AP-9 y ha apostado por realizar un estudio sobre el coste que conllevaría su rescate.

Así, busca que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez responda favorablemente a la carta de emplazamiento de Bruselas y, de este modo, inicie los trámites para anular las prórrogas de la concesión que, según ha considerado el organismo europeo, se tramitaron vulnerando la normativa comunitaria de contratación y concesiones públicas.

A este respecto, ha denunciado que el Gobierno "ampliase el contrato de la concesión de manera irregular, sin iniciar un procedimiento de licitación pública" y ha puesto el foco en que la Comisión Europea considera que no se cumplió la normativa de contratación pública vigente en ese momento.

En este sentido, el Bloque ha explicado que insta a la Xunta a reclamar que el Gobierno inicie los trámites para anular los convenios de ampliación de la AP-9 de 2011 a 2018, de acuerdo con informes del Consello Consultivo de Galicia y la Comisión Galega de Competencia que los considera nulos por incumplimiento de la normativa de contratación y advierten sobre incrementos abusivos de los peajes.

El diputado nacionalista Luis Bará también ha asegurado que "compensa" indemnizar a Audasa para que la autopista que discurre por el Eje Atlántico "sea de gestión pública y gratuita", tras lo que ha recordado que el rescate de las radiales madrileñas supuso un coste de más de 4.000 millones de euros.

En esta línea, ha apostado por realizar un estudio del coste del rescate de la concesión de la AP-9 en el que "se pondere la discriminación que supone que otras autopistas de la misma época sean ahora ya gratuitas porque no se prorrogaron sus concesiones".