La Valedora pide a la Xunta reducir los tiempos de espera en valoraciones de dependencia

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha señalado que la Xunta debe adoptar medidas para reducir los tiempos de espera en las valoraciones de dependencia. Añade que se deberían restringir los plazos en la resolución de la petición de ayudas para recurrir a centros privados en casos de personas con plaza reconocida en una residencia pública que se encuentra a la espera de vacante.

Esta es una de las cuestiones que se abordan en la memoria anual de 2022, según recoge Europa Press. La Valedora afirma que ha habido varias quejas y aprecia una "insuficiencia de las plazas públicas y concertadas".

Por otro lado, pide a la Consellería de Política Social que restrinja el periodo de tres meses para responder a las peticiones de solicitantes con discapacidad ya reconocida de una libranza provisional, es decir, el pago de ayudas para acudir a centros privados a la espera de que exista plaza en una residencia pública.

Por tanto, la valedora reclama que se reduzcan desde la Administración el plazo para pagar esta libranza y se evite agotar los tres meses de plazo legal, algo que la Xunta se ha comprometido a llevar a cabo a través de un decreto, según ha informado la Valedora.

Crítica a los embargos de prestación

La valedora do Pobo también mostró su desacuerdo con las prestaciones para personas en riesgo de exclusión social como el ingreso mínimo vital o la Risga. Así, reclama a las administraciones y entidades financieras que sean "especialmente diligentes" en estos casos para "evitar situaciones de agravamiento de la vulnerabilidad por incumplimiento de la normativa".

"Los embargos obligan a recurrir en las personas vulnerables que perciben rentas de inclusión, que deben esperar a la decisión del recurso para que se materialice la devolución", expone Fernández Galiño, que añade que estas personas "no tienen la capacidad o deben hacer esfuerzos y afrontar dificultades de consideración par recurrir".

Por ello, aboga por introducir cambios normativos para evitar estos escenarios y recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señaló como ilegal la asimiliación de prestaciones de emergencia social a salarios o pensiones por contradecir la Ley gallega de inclusión social en la que se define el carácter alimenticio, personal y no transmisible de estas rentas que, por lo tanto, non deben ser embargadas o retenidas.

Peticiones en materia sanitaria

Fernández Galiño señaló que Sanidad fue el área que más quejas recibió el año pasado. Entre ellas, destacan las protestas por la situación de la atención primaria y el déficit de personal facultativo. Por ello, ha pedido a la Xunta abrir canales de participación para implicar al personal de los centros de salud para que participen "de las decisiones que les afectan" y "minimizar" las consecuencias de "una eventual sobrecarga asistencial" en sus puestos de trabajo.

Por otro lado, la Valedora anima a la Xunta a hacer un "acercamiento" con colegios médicos y sociedades científicas para "conseguir una solución conjunta que permita garantizar la cobertura de plazas en el ámbito de la atención primaria mientras no se resuelve el problema estructural de la escasez de profesionales cualificados en esta materia".