Unanimidad en el Parlamento para transferir activos de uso residencial entre Sareb y Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) –

Los tres grupos con representación en el Parlamento de Galicia han votado este miércoles a favor de una proposición no de ley presentada por el BNG para reclamar que la Xunta solicite al Gobierno central la cesión al Instituto Galego de Vivenda e Solo de los activos inmobiliarios de uso residencial propiedad de la Sareb, con el fin de incrementar la oferta de alternativas habitacionales públicas y agilizar la respuesta del Registro de Demandantes de Vivienda.

La iniciativa ha sido defendida en el pleno por la diputada nacionalista Alexandra Fernández, que ha recordado que el Gobierno central anunció hace más de un año la cesión de 10.000 inmuebles de la Sareb a comunidades autónomas, un compromiso que, "además de ser insuficiente", aún "sigue sin concretarse", ha denunciado.

"Son muchas las comunidades que están haciendo presión para la transferencia de este parque y le pedimos a la Xunta que asuma esta cuestión como prioritaria y que Galicia se ponga al frente de la batalla para lograr de una vez por todas que se haga justicia", ha dicho Alexandra Fernández. El acuerdo parlamentario incluye también el compromiso de la Xunta para elaborar un informe valorativo de los activos de la Sareb en Galicia que concrete una propuesta de selección de los activos a transferir al IGVS en base a criterios sociales, después de demandar de la sociedad y del Gobierno estatal la información sobre el número de bienes, su estado de conservación y localización y la evolución del parque inmobiliario en manos de la Sareb en el territorio gallego.

De igual manera, y con el fin de evitar situaciones de desahucio, se pide al Ejecutivo gallego que busque la continuidad de los contratos vigentes, especialmente en los casos de rentas bajas y personas vulnerables, bien a través de la solicitud al Gobierno del Estado y a la Sareb del mantenimiento y prórroga de los contratos de alquiler existentes, bien mediante la solicitud de transferencia de los bienes inmuebles al IGVS o a los ayuntamientos y la subrogación de los contratos para incorporarlos posteriormente a la bolsa de vivienda pública.