La Xunta prevé que en mayo entre en vigor la Ley de recuperación de la tierra en Galicia
El conselleiro do Medio Rural, José González, ha estipulado que la moratoria para la plantación del eucalipto también entrará en vigor dentro de dos meses y se decretará la suspensión temporal de nuevas plantaciones hasta finales de 2025
21 marzo, 2021 13:29SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) –
El conselleiro do Medio Rural, José González, ha previsto que el plan forestal de Galicia, enmarcado en la Ley de recuperación de la tierra agraria, que se encuentra en tramitación parlamentaria, entre en vigor en mayo y ha confiado en que el anteproyecto de ley de prevención y extinción de incendios forestales se finalizará este año.
En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, ha recordado que el objetivo del plan, que se recoge como enmienda en la Ley de recuperación agraria de Galicia, pasa por alcanzar un desarrollo socioeconómico sostenible en el monte y el rural gallego. En un día en el que se celebran movilizaciones en 22 municipios gallegos para reclamar la paralización del Plan forestal de Galicia, José González ha explicado que, por tanto, la moratoria para la plantación del eucalipto también entrará en vigor en mayo. Así, ha señalado que se decretará la suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucaliptos en las superficies en las que no se realizasen con anterioridad hasta finales de 2025.
En todo caso, ha recordado que se contempla la posibilidad de revisar esta medida cuando se finalice la realización de un inventario sobre esta especie, que se prevé que se termine "a finales de 2021 o principios de 2022". "Lo que se pretende es consolidar un monte multifuncional y con diversidad forestal", ha indicado el conselleiro, que ha insistido en que el mercado requiere de una diversificación y en que la moratoria "no va contra ninguna especie".
A este respecto, el plan especifica que el objetivo es reducir en un 5% la superficie de eucalipto y aumentar las zonas de castaños y frondosas. De este modo, José González ha resaltado que se busca una "mejora genética" y "la transformación de eucaliptales que no tienen rentabilidad adecuada en otras especies", para lo que se articularán ayudas públicas.
Críticas a la oposición
Asimismo, ha asegurado que en el Parlamento de Galicia "no hubo un debate reflexivo de los grupos de oposición sobre las medidas" contempladas en el plan y ha pedido "altura de miras" a los grupos de la oposición, a los que ha llamado a "trabajar en común a favor de todos los propietarios que representan el sector forestal". Así, ha asegurado que "nadie puede estar en contra" de un documento que "busca la neutralidad carbónica" y la diversificación y se alinea con las directrices europeas.
El conselleiro también ha remarcado que la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia busca luchar contra el abandono del medio rural y, así, prevenir incendios forestales. Así, "entendiendo que el minifundismo es uno de los principales problemas" de estas zonas, busca apoyar a los propietarios y los interesados en realizar un aprovechamiento de la tierra y alcanzar producciones con valor añadido, para lo que plantea la puesta en marcha de actividad económica en 18.000 hectáreas abandonadas y la recuperación de aldeas.
Además, contempla dotar a la Xunta de la facultad para realizar una investigación que permita identificar a propietarios de terrenos, que podrán acreditar su titularidad durante un periodo de cinco años sin acudir a los tribunales, para fomentar la puesta en valor de parcelas. Sobre este punto, ha precisado que "en Galicia que hay 11 millones de parcelas catastrales y sin propietario figuran 300.000", aunque el número de fincas sin dueño localizable es superior.
El titular de Medio Rural ha indicado que la ley persigue una ordenación de usos mediante un catálogo y que aspira a potenciar los agroganaderos y forestales para evitar el abandono de la tierra. Preguntado por el impacto que conllevaría un hipotético cierre de Ence si no se modifica la Ley de Cambio Climático que se tramita en el Congreso, ha advertido de que pondría en riesgo el desarrollo económico de un sector de que dependen 80.000 familias que cortan madera y más de 2.000 empresas transportistas. Por ello, ha instado al Gobierno a realizar "una reflexión" sobre las consecuencias de la normativa.