El conflicto de las basuras se cuela en el pleno municipal de A Coruña

El conflicto de la huelga de las basuras ha llegado a María Pita. La corporación municipal ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Popular, pero con una enmienda del BNG, para que el Gobierno local exija a la empresa concesionaria del servicio el cumplimiento del pliego de condiciones y de los servicios mínimos marcados para las jornadas de huelga. 

La moción presentada por el PP exigía al ejecutivo de Inés Rey que mediase entre empresa y trabajadores para solucionar el conflicto. No obstante, el sentido de la iniciativa cambió tras una enmienda del BNG —que el PP aceptó— en la que sustituía la mediación por la supervisión "rigurosa" a Prezero.

El concejal del PP, José Ramón Amado, comenzó su intervención echando en cara a la alcaldesa su gestión de la crisis de la basura. "El PP le va a apoyar con todas las medidas que tome para acabar con la huelga, pero tómelas", apeló a la regidora. 

Asimismo, el PP apuntó que "el pecado original" del conflicto recae en la "incompetencia" en la gestión de los contratos de recogida y tratamiento de las basuras —el primero anulado por el TSXG y el segundo pendiente de renovación desde 2020—. "Está atada por el señor Lage", objetó Amado en referencia a las responsabilidades del portavoz municipal como responsable de contratación.

Los populares también reprocharon al BNG mantener su apoyo al Gobierno de Inés Rey tras los incumplimientos del pacto de investidura. El documento suscrito por PSOE y BNG que permitió a Rey revalidar su mandato incluía, entre otras medidas, la creación de una comisión de investigación sobre las mordidas de STL. "¿Dónde está la comisión?", cuestionó Amado. 

El portavoz del Bloque Nacionalista, Francisco Jorquera, no pasó por alto las críticas del PP, que durante el pleno puso en duda los acuerdos de los nacionalistas en el ámbito local, autonómico y nacional. "Algo temos que estar a facer ben", dijo con tono irónico antes de afear a los populares que mantengan lazos con la extrema derecha en diferentes municipios de España.

Por otro lado, Jorquera recordó que en 2022, tras la huelga de STL que llevó a A Coruña a una crisis sanitaria, el BNG preguntó al Gobierno local si tenía alguna estrategia para hacer frente a los problemas del servicio. Dos años después, ha apuntado Jorquera, el conflicto sigue estancado. 

Los nacionalistas presentaron una enmienda a la moción del PP para exigir al Ayuntamiento que se realice una investigación interna que garantice la transparencia en la contratación de los empleados del servicio y el cumplimiento de los pliegos y servicios mínimos, incluso si la única solución es la aplicación de "medidas extraordinarias". 

Noemí Díaz Vázquez, concejala de Infraestruturas e Mobilidade, tomó la palabra para defender que "non é misión do Concello mediar entre empresa e traballadores", sino exigir a Prezero y STL transparencia en sus negociaciones. Vázquez describió los paros como una "folga de brazos caídos" y llegó a asegurar que es la primera huelga del servicio que vive el mandato de Inés Rey, si bien en 2022 el paro en la recogida de residuos obligó a la alcaldesa a decretar la emergencia sanitaria. 

La socialista defendió que ninguno de los gobiernos municipales más actuales esquivó los conflictos con los servicios de limpieza. Citó al PP de Carlos Negreira, que en 2013 enfrentó un conflicto con el servicio de tratamiento de residuos que derivó en un grave incendio en Nostián, y al gobierno de Marea que "preparou uns plegos de recollida adaptados ao sindicato". 

Facturas pendientes del IMCE

Tras publicarse en el BOP y superar el periodo de alegaciones necesario, el pleno municipal dio luz verde definitiva al modificativo de crédito que permitirá abonar facturas pendientes del IMCE por valor de 3,4 millones de euros. 

Los 7,2 millones de euros aprobados servirán para hacer frente a servicios prestados al Ayuntamiento, así como pagos que, aunque no formaban parte de los presupuestos municipales, es necesario completar. De la partida total, 5,2 millones de euros correrán a cargo del remanente de tesorería. Esto es, dinero que no se llegó a gastar en 2023.

El modificativo presupuestario financiará con 3,7 millones las ayudas al transporte público. El Ayuntamiento de A Coruña abona el 20% del descuento y el 30% restante corre a cargo del Gobierno central. Una parte de la partida, cercana a los 162.000 euros, se destinará a saldar la deuda con la empresa encargada de completar la reforma de la cubierta de Riazor en 2018.