Casi 50.000 firmas para pedir que se investigue la muerte del coruñés Diego Bello

Hace escasos días se cumplía un año de la muerte del coruñés Diego Bello a manos de la policía de Filipinas. 12 meses después, pese a que se han dado ciertos pasos en la investigación, sigue habiendo muchas incógnitas sobre lo que ocurrió ese 8 de enero de 2020 en un local de hostelería propiedad del joven empresario.

Son muchas las voces que durante este tiempo se han alzado para "pedir justicia para Diego" y, aún a día de hoy, sus familiares y amigos continúan pidiendo justicia por lo que consideran un asesinato. Es el caso de una amiga de la infancia de la madre de Diego, quien puso en marcha una petición en Change.org que sigue recabando apoyos: está a punto de alcanzar las 50.000 firmas.

El objetivo de esta recogida de firmas es lograr que se "se investigue la verdad sobre el asesinato de Diego", tal y como recoge el texto de esta petición, a través de la que piden a la Embajada de España y a los gobiernos central y autonómico que colaboren en "descubrir la verdad".

Los hechos ocurrieron en un local de hostelería que era propiedad de Bello. Allí se habría personado la policía para llevar a cabo una redada antidroga. Según el relato oficial de las autoridades, habrían abatido a Diego Bello por efectuar varios disparos contra los agentes cuando iba a ser detenido como responsable de una red de tráfico de drogas.

Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por amigos cercanos y familiares de la víctima. La autopsia también rebeló que Diego Bello no había consumido drogas los meses antes a su muerte. En cuanto al arma, niegan rotundamente que Bello portase una en el momento de su muerte. En Filipinas desde el año 2016 es legal abrir fuego contra personas implicadas en el tráfico de drogas.

Una historia "inverosimil"

En el texto de esta petición se describe a Diego como "un viajero incansable, y un emprendedor con negocios relacionados con el surf, la hostelería y el turismo que empezaban a despuntar" y se rechaza la versión oficial en la que se califica al coruñés como un "traficante de drogas de alto valor".

"Creemos que han proyectado una historia  de operación antidroga (inverosímil para todos los que sabemos los valores inculcados a Diego) para enmascarar un auténtico asesinato, el de un joven que no quiso ceder a las extorsiones de las autoridades locales y por eso lo mataron", reza el texto de esta petición.

Precisamente, una de las principales apoyos para seguir adelante con la investigación es un informe realizado por la comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que confirma que la policía "disparó a matar" al coruñés.

Causa archivada e implicación de la administración

Desde un primer momento, las autoridades españolas comenzaron a investigar lo ocurrido. La primera fue la embajada española en Filipinas, que se encargó de los trámites para repatriar el cadáver del joven coruñés. El Concello de A Coruña se ha involucrado también con la causa de los amigos y familiares de Bello y les ha ofrecido su asesoramiento. También la Valedora do Pobo ha exigido que se resuelva el crimen.

A nivel nacional, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a investigar lo ocurrido; mientras que, a nivel judicial, el caso está paralizado en España después de que la Audiencia Nacional archivase la causa al entender que la justicia española no tiene competencias para llevar a cabo esta investigación. .