De calamidades institucionales y sus responsables: a propósito del 46º aniversario de la Constitución
Los militantes de los partidos políticos quedan "manchados" por asociación con las acciones dañosas de su formación, salvo que se desvinculen de las mismas.
Hace unos días, un grupo de profesores de Filosofía del Derecho, convocados por Manuel Atienza y Jorge Malen, nos reunimos in memoriam del maestro de juristas y sabio amigo Ernesto Garzón Valdés, fallecido en Alemania.
Con el trasfondo de su rica obra, recordamos su distinción entre catástrofes (desastres o desgracias provocados por causas naturales que escapan al control humano) y calamidades (desgracias o desastres que resultan de acciones humanas intencionales).
En el ambiente sobrevolaba, como no, la tragedia de la Dana y el problema de las responsabilidades.
Alguien, creo que fueron los profesores Laporta y Lucas, trajeron a colación el caso de Kitty Genovese, una tragedia que dio en su día nuevos impulsos al debate sobre la responsabilidad tanto de los colectivos como de los individuos que los componen.
Pues bien, en el 46º aniversario de la Constitución y dada la calamidad institucional (creo que así la calificaría hoy Ernesto Garzón) en la que estamos sumidos en España, tal vez sea de alguna ayuda recordar aquel caso.
Los hechos los destapó el 27 de marzo de 1964 el periodista Martin Gansberg en el New York Times con un artículo titulado Thirty-Eight Who Saw Murder Didn't Call the Police.
Esto es lo que había ocurrido.
El 13 de marzo de 1964, a las 3:20 de la madrugada, Kitty Genovese, una joven de 28 años, volvía a su casa al finalizar su jornada de trabajo. Tras aparcar su automóvil se dirigió caminando hacia el bloque de apartamentos donde vivía.
Muy pronto, la alcanzó un joven que la venía siguiendo, y la apuñaló. Ante los gritos de la joven, el asaltante se retiró.
Pasados unos minutos, el agresor regresó y la volvió a apuñalar. Las ventanas de los apartamentos se iluminaron entonces mientras Kitty Genovese seguía pidiendo auxilio. Pero nadie bajó a ayudarla. Se levantó Kitty como pudo e intentó llegar a su apartamento, a cuyas puertas el agresor, Winston Moseley, la alcanzó por tercera vez y la remató. A las 3:50 llegó la policía.
La investigación puso de manifiesto cómo treinta y ocho vecinos habían presenciado desde las ventanas de sus apartamentos el asesinato y salvo uno que llamó, aunque muy tarde, a la policía nadie hizo nada para impedir una tragedia que duró treinta minutos.
Las treinta y siete familias (una sí hizo algo), pues, fueron simples espectadoras del asesinato.
En la investigación, unos vecinos dijeron que no intervinieron porque les pareció que aquello parecía una disputa entre novios.
Otros reconocieron que tuvieron miedo.
Una vecina declaró que "no quise que mi esposo se implicara".
Otro vecino declaró que la oscuridad le impidió ver correctamente lo que estaba ocurriendo.
Alguno confesó que no sabía por qué se quedó paralizado.
Y no faltó quien dijera que no se había enterado.
¿Acaso no es una calamidad institucional la ley de amnistía, el bloqueo durante años del Consejo General del Poder Judicial y la financiación singular de Cataluña?
En suma, treinta y ocho vecinos presenciaron en vivo y en directo un asesinato y dejaron que Kitty Genovese muriera desangrada. ¿Tenían alguna responsabilidad en lo ocurrido los vecinos que presenciaron los hechos?
El caso de Kitty Genovese renovó en psicología social el interés por el llamado 'efecto espectador' o ese síndrome que impulsa ante una desgracia a no actuar cuando hay otros que pueden hacerlo.
En filosofía moral, este caso dio nuevas fuerzas al debate sobre la responsabilidad moral, social y política de los grupos sociales tanto cuando se trata de agregados (como ocurrió en el caso comentado) como cuando el grupo es un conglomerado organizado (naciones, corporaciones, empresas, sindicatos, partidos políticos, etcétera).
He pensado que la celebración de este 46º aniversario de nuestra Constitución es una buena ocasión para recordar el caso, ponernos sobre aviso del efecto espectador y hablar de las responsabilidades colectivas e individuales ante esta calamidad institucional que nos agobia.
¿O acaso no es una calamidad institucional la ley de amnistía, el bloqueo durante años del Consejo General del Poder Judicial, la financiación singular de Cataluña con la consiguiente quiebra de la igualdad, la degradación del Parlamento, la negativa a asumir responsabilidades, la utilización diaria del Código Penal como la máquina más letal de la política, la judicialización de la política, el permanente ataque a miembros del Poder Judicial, el estilo y la forma de hacer política que se ha impuesto?
La Dana ha sido inicialmente un desastre natural cuya pésima gestión la ha convertido en una auténtica calamidad. Pero aquellos desastres institucionales que estamos sufriendo no son catástrofes naturales, sino auténticas calamidades provocadas por nosotros mismos.
"Es de ver", decía Júpiter a los dioses olímpicos, "cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses achacándonos todos sus males cuando son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas".
Es claro que en una democracia parlamentaria son los partidos políticos quienes mueven a los Ejecutivos y Legislativos y por tanto son los primeros y principales responsables de las calamidades institucionales.
Pero cuando se trata de grandes colectivos muchas veces se produce lo que se conoce como "dilución moral": nadie es responsable.
Ahora bien, los miembros de un partido que causa un grave daño, ¿pueden quitarse de encima con tanta facilidad su cuota de responsabilidad?
El maestro Ernesto Garzón (El enunciado de responsabilidad) nos advertía cómo cuando se plantea la cuestión de la responsabilidad el interpelado, en este caso el militante de un partido, sigue esta estrategia.
Lo primero es negar el estado de cosas (aquí no ha pasado nada).
En segundo lugar, negar la autoría (yo no he sido).
Más tarde, aducir excusas (yo no lo supe y no lo quise).
Finalmente, si no queda más remedio, justificar lo ocurrido (o como se dice ahora, "hacer de la necesidad virtud").
Pues bien, cuando con sus políticas un partido (o cualquier grupo organizado) causa algún daño grave a la sociedad, sus miembros no están exentos tan fácilmente de responsabilidad. La responsabilidad colectiva del partido por los daños que cause es la base que permite redistribuir entre sus miembros la responsabilidad personal de todos y cada uno, que será diferente según la capacidad de control que el individuo tenga sobre la organización.
No es lo mismo la responsabilidad de quien dirige y toma las decisiones en un partido que la de quien aconseja, la de quien consiente o la de quienes se limitan a apoyar, elogiar y aplaudir.
"El militante de un partido no es un vecino que pasaba por allí. Queda 'manchado' por asociación con las acciones dañosas de su partido, salvo que se desvincule de las mismas"
Pero, pese a las diferencias existentes al respecto en filosofía moral, hay un acuerdo total en lo siguiente: la responsabilidad colectiva no alcanza a los miembros del grupo que públicamente se oponen a las acciones o políticas dañosas.
En el seno de las organizaciones, sólo quienes disienten en tales casos se libran de responsabilidad moral, social y política.
Al militante de un partido no le es aplicable el efecto espectador. No es un vecino que pasaba por allí. Queda "manchado" por asociación con las acciones dañosas de su partido, salvo que "se desvincule" de las mismas.
Y esto es lo que los miembros de los partidos olvidan a veces. Que no sólo son el partido y sus dirigentes los responsables de las calamidades institucionales que produzcan. Lo son también vicariamente todos y cada uno de sus miembros que no hayan hecho nada por evitarlas.
Y a los ciudadanos que no pertenecen a un conglomerado organizado… ¿también les alcanza alguna responsabilidad ante las calamidades institucionales?
En esto, Karl Jaspers adoptó una posición radical en El problema de la culpa de los alemanes por las atrocidades del nazismo: si no hago todo lo que puedo para prevenir (la injusticia) también soy culpable.
El deterioro institucional en nuestro caso se está produciendo no a la vista de treinta y ocho vecinos como en el caso comentado, sino en vivo y en directo ante cuarenta y ocho millones de españoles. Claro que los números y la falta de coordinación cuentan y que a nadie se le pueden exigir actos heroicos. Ni tienen la misma responsabilidad los ciudadanos que los militantes de los partidos políticos.
Pero ante calamidades institucionales como estas se puede y se debe hacer algo más que mirar desde la ventana porque, como decía Ernesto Garzón en línea con J. S. Mill, es imposible lograr la vigencia de las instituciones y formas de vida (nuestra Constitución), sin estar dispuesto a cumplir las condiciones necesarias para ello.
No deberíamos olvidar, pues, la conclusión del investigador del asesinato de Kitty: la policía llegó a los dos minutos de recibir el aviso.
Una simple llamada de teléfono a tiempo hubiera sido suficiente para que los agentes hubieran salvado a Kitty Genovese.
*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.