Si me pidieran que señalara un punto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que mejore la universidad en España, no sería capaz de dar una respuesta después de haber estudiado las diferentes versiones de la norma.
Frente a la visión optimista de algunos medios de comunicación sobre el impacto positivo que tendrá la contratación por la vía laboral, la posibilidad de que el rector no tenga la condición de funcionario, la estabilización de los profesores asociados o que las agencias regionales de evaluación puedan otorgar la acreditación necesaria para acceder a los cuerpos docentes universitarios, la pregunta que habría que hacerse es si estas supuestas mejoras resuelven los problemas de la universidad del siglo XXI.
La respuesta, al menos para mí, es "no".
Es más, en algunos aspectos, la LOSU agravará esos problemas.
Examen de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Universidad Complutense de Madrid.
Y esto conviene decirlo por una cuestión de responsabilidad intergeneracional con nuestro sistema y con nuestros jóvenes. Resulta paradójico que la Ley Orgánica de Universidades de 2001 se aprobara cuando casi todas las competencias en universidades las tenía el Estado. Y, a pesar de ello, no había ministerio de Universidades.
La LOSU verá la luz cuando la mayor parte de las competencias en esta materia residen en las Comunidades Autonómas. Y, sin embargo, ahora sí tenemos ese ministerio, el de Universidades, cuya función debería haber sido la de alcanzar el consenso necesario.
La ley nace sin el compromiso de las comunidades, sin informe del Consejo de Universidades y sin el del Consejo de Estado.
Otro hecho paradójico es que se denomine a la ley "del sistema universitario" cuando, debido a la desregulación que fomenta, vaya a promover la existencia, no de uno, sino de diecisiete sistemas universitarios diferentes.
"Del compromiso de una financiación que alcance en 2030 el 1% del PIB hemos pasado a una mera declaración de intenciones"
La entrada en vigor de esta norma para una universidad como la de Castilla-La Mancha supondrá, inicialmente, un incremento de nuestros gastos en personal de más de diez millones de euros al año. Y esto sí que será un grave problema para nuestras universidades. Problema que agravará la situación de infrafinanciación que sufrimos desde hace tiempo.
Si algo tenía de utilidad la ley, quedó fulminado hace unos meses. Del compromiso de una financiación que alcanzara en 2030 el 1% del PIB para el conjunto del sistema de educación superior hemos pasado a una mera declaración de intenciones. También se ha dejado en manos de cada una de las comunidades aspectos como la determinación de los requisitos finales para acceder a una beca o del precio público de las matrículas, lo que a buen seguro incrementará las desigualdades entre regiones.
Somos muchas las universidades que no queremos esta ley. Porque nos han propuesto la ley que no necesitábamos. Es una ley que sólo satisface a unos cuantos, que parece estar escrita para unos pocos y que no avanza en los objetivos globales que debería tener la universidad española del siglo XXI.
La LOSU incrementa el gasto de las universidades sin comprometer la financiación necesaria y sin el consenso deseable con las comunidades. Nace sin consenso político y, lo que es más grave, sin el acuerdo obligado con la comunidad universitaria.
"Todo indica que la LOSU se aprobará, y que además de ser perjudicial 'per se' lo será aún más por la ausencia de transitoriedad real en su aplicación"
En estas circunstancias, y por clara que tengamos la visión sobre el futuro de nuestras universidades, nos será muy difícil alcanzar nuestros objetivos. Por no decir imposible.
A pesar de ello, todo indica que la LOSU se aprobará antes o después, y que además de ser perjudicial per se lo será aún más por la ausencia de transitoriedad real en su aplicación. Esto afectará especialmente a la estabilidad y la tranquilidad de las personas que desarrollan su actividad profesional en las universidades.
La situación que ahora vivimos con la LOSU, salvando las distancias y unas repercusiones que serán en este caso más negativas, me recuerda a lo que ha ocurrido en España con el sexenio de transferencia. La única convocatoria "piloto" se publicó en 2018. Y a pesar de estar casi todo claro en aquel momento, cinco años después (2023) seguimos sin ver publicada ni convocada ninguna otra.
Me gustaría opinar distinto, pero no tengo motivos para ello. Esperemos que la LOSU sea rectifica durante su trámite en el Senado. Porque nos jugamos mucho.
*** José Julián Garde López-Brea es rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.