Lo más destacado en la actualidad nacional ha sido la aprobación del Plan de Contingencia, destinado a cumplir con el recorte energético acordado con Bruselas. El Ejecutivo vuelve a alentar el desgobierno, al dejar que sean las Comunidades Autónomas quienes definan descentralizadamente el grueso de las medidas de ahorro.
En el plano internacional, la OTAN exhibe una encomiable firmeza ante las amenazas nucleares de Putin con su decisión de mantener las pruebas nucleares previstas.
Y, de vuelta a lo doméstico, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, queda exonerado definitivamente del caso Villarejo tras quedar rechazado el recurso de la Fiscalía contra el archivo.
Teresa Ribera.
El ahorro, en manos de otros
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contingencia de ahorro energético. Está pensado para cumplir con los objetivos de reducción en el consumo de gas acordados con Bruselas el pasado julio. La principal preocupación del Gobierno es tranquilizar a los ciudadanos con vistas al invierno, y alejar el fantasma del racionamiento al que podría conducir la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania.
Pero las 73 medidas aprobadas son en su mayoría recomendaciones y consejos. Al margen de las ayudas para los hogares vulnerables y las desgravaciones fiscales para incentivar el ahorro, el Plan adolece de una notoria falta de concreción. Y no amplía en lo sustancial la política de ahorro ya en vigor, como el apagado nocturno del alumbrado de edificios públicos y escaparates o los topes a la calefacción.
Así, el Gobierno delega el grueso de la responsabilidad de alcanzar el 6,4% de ahorro energético pactado con la UE en las CC. AA. y los Ayuntamientos. Es evidente que el Ejecutivo no quiere adoptar medidas impopulares en vísperas del año electoral, y deja que sean otros quienes las asuman. Pero eludir sus obligaciones y trasladarlas a las autoridades autonómicas y locales no es el camino.
El desconcierto y la confusión que afectaron a las medidas anti-Covid durante la desescalada de la pandemia debieran haber sido suficiente argumento como para disuadir al Ejecutivo de reincidir en esa fórmula ineficaz.
Teresa Ribera tampoco parece haber aprendido la lección de lo ocurrido en agosto, cuando el Ejecutivo se vio obligado a clarificar y rectificar su ambiguo paquete de medidas urgentes para la eficiencia energética. El Gobierno no puede volver a incurrir en el error de habilitar a las CC. AA. para aprobar medidas dispares e incluso contradictorias entre sí.
Jens Stoltenberg.
La OTAN no se amilana
El secretario general de la OTAN anunció ayer, en un reseñable ejercicio de valentía y cálculo político, que la Alianza realizará la semana que viene ejercicios con armas nucleares. Es cierto que se trata de un entrenamiento rutinario. Pero, significativamente, el propio Jens Stoltenberg ha vinculado estos ejercicios con las amenazas nucleares que Vladímir Putin viene profiriendo.
La OTAN, en medio de la escalada de la retórica atómica, podría haber optado por cancelar o aplazar las pruebas nucleares. Sin embargo, ha decidido mantenerlas para mandar un mensaje a Moscú: no va a tolerar ninguna intimidación. Stoltenberg advierte así al tirano de que Occidente no se arruga ante su matonismo en la arena internacional. Acierta la OTAN al afrontar la desescalada por la vía de la disuasión. Este es el uso correcto que debe asumir el armamento nuclear. Preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión.
Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
Una decisión correcta
Al empresario Ignacio Sánchez Galán se le dio condición procesal de investigado en junio de 2021 por presuntos delitos contra la intimidad, falsedad documental y cohecho. Todo ello enmarcado en la supuesta contratación de los servicios del comisario Villarejo. Lo cierto es que, a lo largo de la causa, no ha aparecido ni un solo indicio contra el presidente de Iberdrola, más allá de la relación que pueda guardar con el grupo. Pero nunca fue este argumento suficiente. La sentencia de la Audiencia Nacional por el queda definitivamente exonerado supone, en fin, la decisión correcta.
Lo que parece difícil de reparar es el alto coste reputacional de esta situación procesal. No sólo para Sánchez Galán. También para la compañía y, dada su dimensión, para el país. El precio se ha pagado en puestos de trabajo, inversiones y credibilidad nacional. Que nadie olvide el negocio colosal que perdió Iberdrola en Estados Unidos después de que se denegara la compra de PNM Resources, una negativa en buena parte vinculada a los problemas judiciales. De modo que esta travesía ha tenido un coste real para Sánchez Galán y para España. La Fiscalía Anticorrupción no debería hacer peticiones de investigación tan frívolas con indicios tan pobres.
*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.