Colombia lucha contra la fragmentación del país

Estos cinco años han sido difíciles, pero era de esperar. El Acuerdo de Paz es ambicioso. Además de la reincorporación de los excombatientes, el acuerdo para la entrega de armas cuenta también con un complejo sistema de justicia transicional, de construcción de la verdad, de reparación de las víctimas y de política integral de desarrollo para los territorios que fueron epicentro del enfrentamiento.

La Paz de la Habana consignada en el Acuerdo es ante todo un reconocimiento de las causas y las consecuencias de 64 años de una guerra en la que los fines últimos de los contendientes quedaron diluidos en el barro de la violencia contra los civiles.

Tras la aplicación del Acuerdo hay muchas voces. La del Gobierno, enfrentado a sus propios equilibrios políticos. La de la comunidad internacional, garante del Acuerdo y promotora comprometida de este. La de muchos colombianos que, durante las movilizaciones masivas de los últimos años, han clamado por su aplicación integral. Y, cómo no, las de sus detractores.

Las medidas del Acuerdo de Paz en Colombia son apoyadas por un 88% de los ciudadanos

Sin embargo, hay también una voz que ha estado silenciada en el país durante mucho tiempo. La de los habitantes de las zonas más castigadas por la guerra contra las FARC.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo y la Universidad de los Andes han realizado entre 2019 y 2021 más de 11.000 encuestas en esas zonas clave para el Acuerdo de Paz. Los resultados de dichas encuestas no sólo hablan de la situación en Colombia. También sirven como modelo para la resolución de otros conflictos en el futuro.

Los resultados muestran que las medidas del Acuerdo son apoyadas por un 88% de los ciudadanos. Tras cinco años de la firma, persiste la convicción de su importancia y pertinencia. Los ciudadanos también valoran positivamente las propuestas asociadas al Acuerdo: la reincorporación, la reforma rural, la reparación, la justicia y la búsqueda de la verdad.

Pero es necesario profundizar en los datos obtenidos. Los resultados arrojan un aumento de la satisfacción general con el Acuerdo, que ha pasado del 36% de 2019 al 48% de 2021. Pero lo preocupante es que los satisfechos con la aplicación concreta de las propuestas no superan el 26% en ninguna de las regiones incluidas en el análisis. Además, son pocos (el 25%) los que consideran que se esté avanzando hacia la reconciliación.

En Colombia se ha duplicado el porcentaje de personas que confiesa un deterioro de su situación económica. La vulnerabilidad y la pobreza han aumentado

Es evidente que la posibilidad de beneficiarse de programas de apoyo en los territorios más vulnerables sigue generando expectativas positivas. Sin embargo, se observa una disminución en la percepción de llegada de obras y bienes a sus territorios, que pasa del 35% de 2019 al 27% de 2021.

Pero esta no es sólo una cuestión de obras públicas. Obras que, a fin de cuentas, han sufrido las dificultades impuestas por las medidas de control de la pandemia de Covid-19. También se ha duplicado el porcentaje de personas que confiesa un deterioro de su situación económica. La vulnerabilidad y la pobreza han aumentado.

Uno de los resultados más preocupantes es la percepción generalizada de deterioro de la seguridad. Deterioro que, aunque con diferencias entre territorios, coincide con el aumento reciente de los asesinatos y del desplazamiento forzoso de ciudadanos.

Así, el 43% de los encuestados percibe que la seguridad de su comunidad ha empeorado durante los últimos doce meses. En 2019, esta percepción la tenía sólo el 35% de la población. Los resultados confirman la incapacidad de contener la entrada de otros actores criminales en el territorio.

Un 80% de los encuestados no se siente cómodo teniendo como vecino a excombatientes de ningún grupo armado

En cuanto a las instituciones asociadas a la reparación de las víctimas y la justicia transicional, y aunque estas son respaldadas mayoritariamente, sólo el 26% cree que las medidas adoptadas son satisfactorias.

Tampoco se ven avances en la reconciliación. Aunque un 76% de los ciudadanos valora positivamente la reincorporación y la reintegración de los exguerrilleros, la mayoría, el 87%, no confía en ellos. Además, un 80% de los encuestados no se siente cómodo teniendo como vecino a excombatientes de ningún grupo armado. Una percepción comprensible, dado el desarrollo de la guerra, pero que también alerta sobre la necesidad de mejorar el encaje social de los reincorporados. Reincorporados que, en su mayoría, han cumplido con las obligaciones establecidas en el Acuerdo.

Otro aspecto importante son las medidas frente al cultivo de drogas. En este caso, hay un amplio respaldo de los programas que permiten sustituir los cultivos de coca por otros. Sin embargo, hay un enorme descontento con el desarrollo de dichos proyectos. Cuatro de cada cinco encuestados cree que la aplicación de los programas de sustitución va mal.

Hacer la paz es difícil. La paz va mucho más allá de detener la confrontación. Esta paz en Colombia, por ejemplo, supone retos en materia de desarrollo económico, de reconocimiento de derechos civiles, de reparación de víctimas y de reconstrucción del tejido social. 

Los resultados de la encuesta son preocupantes, sobre todo si se tiene en cuenta la amplitud de la muestra. Pero, a pesar de ello, la paz resiste y sigue siendo la opción más valorada. Tanto es así que, a pesar de las dificultades mencionadas, la mayoría de los encuestados (un 86%) cree que se debe optar por una salida negociada al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda mayor guerrilla de Colombia, todavía activa. Esta opinión es generalizada en todas las zonas analizadas y superior al 90% en aquellas donde la presencia y el impacto de este grupo son mayores.

Ante las elecciones de 2022 en Colombia hay un debate que ya ha sido superado: el del diálogo como único camino para la paz. El verdadero debate de campaña es cómo construir la paz en las regiones más castigadas del país y cómo aislar a los violentos y a los criminales a la vez que se amplía la presencia del Estado y de sus beneficios.

El reto es grande, pero no todo está perdido. El próximo presidente del país recibirá el encargo de hacer la guerra contra la fragmentación del Estado, perdiéndola o ganándola de forma definitiva.  

*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.