La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal se promovieron y aprobaron en el contexto de las políticas de austeridad, y se convirtieron en los principales instrumentos de disuasión, represión y agitación populista del Gobierno de Mariano Rajoy frente al malestar social y político provocado por su contrarreforma laboral, sus recortes sociales y sus privatizaciones. Un golpe de mano sin precedentes al débil Estado de bienestar español, y un giro autoritario para acallar las protestas.

Las enormes multas a las nuevas formas de convocatoria y de organización de las movilizaciones sociales entonces en marcha, así como los obstáculos a su comunicación y publicidad y el incremento arbitrario del poder y la autoridad de las fuerzas policiales, fueron sus principales instrumentos. De hecho, la denuncia de esta escalada represiva no fue sólo la política por parte de la oposición al Gobierno, sino también de los tribunales de justicia, los ambientes jurídicos y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Sin embargo, ninguna de estas duras medidas ha conseguido reducir las acciones violentas minoritarias que a veces se cuelan al final de las movilizaciones, como tampoco los delitos más graves, fundamentalmente porque este no era el objetivo de las leyes de seguridad ciudadana ni de la reforma del Código Penal del Gobierno del PP.

"El argumento de las derechas de que se trata de dejar las manos libres a los alborotadores es una falacia"

En estos momentos, era un imperativo democrático el desmontaje de sus contenidos más regresivos por parte del actual Gobierno de coalición progresista, desde el que no se pretende otra cosa que derogar los recortes y limitaciones más duras al ejercicio de los derechos fundamentales. En particular, el de manifestación. Hacerlo en el marco de los dictámenes y de las recomendaciones de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional y de los organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo en la identificación de los policías, la utilización de material antidisturbios, los límites a la identificación o al plazo de retención de los manifestantes.

El argumento de las derechas de que se trata de dejar las manos libres a los alborotadores, con la previsión de un futuro Gobierno de la derecha con apoyo de la ultraderecha, es una falacia que sólo refleja un mecanismo de proyección de las razones de fondo que entonces llevaron al PP en el gobierno a una respuesta autoritaria al malestar social provocado por sus recortes de los derechos sociales y laborales.

Al mismo tiempo, representa un absoluto contrasentido, ya que, después de la aprobación del presupuesto, al actual Gobierno le quedan aún dos años de legislatura y es previsible que una buena parte de las movilizaciones, como por ejemplo las actuales de la policía y la guardia civil frente a la reforma de la ley mordaza, serán contra sus políticas. De modo que, al menos en teoría, no debería tener ningún interés en facilitarlas.

En el mismo sentido, llama la atención que un portavoz de un sindicato policial convocante de la protesta contra la derogación de los excesos de la Ley Mordaza trate a los manifestantes, por el mero hecho de ejercer su derecho de manifestación, de potenciales delincuentes. Y que lo haga con un evidente menosprecio de los derechos constitucionales, cuando la Ley de Seguridad Ciudadana no está orientada a los delitos sino a las faltas administrativas. Se confunde de nuevo interesadamente la ley de seguridad con el Código Penal.

"La Policía y la Guardia Civil no debería preocuparse tanto de una autoridad que no está en cuestión como de la presunción de inocencia de los ciudadanos"

Por otra parte, nadie desde la izquierda ha puesto en duda el derecho de los policías y guardias civiles a manifestarse, incluso en apoyo a la Ley Mordaza de la derecha y del mantenimiento de las limitaciones de esta a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Todos, también los funcionarios con armas, tienen derecho de protesta en defensa de sus intereses, incluso para anteponer la integridad de sus agentes a los derechos y la integridad de los ciudadanos, y para anteponer su seguridad personal a la seguridad pública.

Sin embargo, la elaboración de las leyes de seguridad no es su competencia, solamente lo es el ejecutarlas. El equilibrio entre derechos y seguridad es competencia indelegable de los legisladores, teniendo en cuenta a todos los afectados.

Los nuevos representantes de la Policía y la Guardia Civil, como servidores públicos, no deberían preocuparse tanto de una autoridad que hoy no está en cuestión como de la presunción de inocencia de los ciudadanos. También de mantener la empatía y la credibilidad lograda en democracia a derecha y a izquierda del espectro político. Porque tienen la responsabilidad de la seguridad de todos y porque portan armas en nombre de todos, no sólo de una parte.

*** Gaspar Llamazares es excoordinador general de Izquierda Unida, promotor de Actúa y autor del libro Pandemónium, diario de pandemia y populismo.