CGPJ: la historia interminable

Como una serpiente de verano, vuelve en este extraño agosto del coronavirus la noticia de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE, representado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López; ambos jueces de carrera.

A la mayoría de los juristas a los que los medios de comunicación nos piden nuestra opinión no nos queda más remedio que actualizar cansinamente lo que dijimos en el otoño de 2018, cuando se pactó la última renovación rota por culpa de un whatsapp revelador -publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL- de lo que supone para algunos políticos la independencia judicial (controlar los nombramientos en los tribunales por la puerta de atrás de un presidente amigo).

Y tenemos que volver al eco de lo que dijimos cinco años antes cuando el PP incumplió su propio programa electoral y no cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los doce jueces que deben formar parte del Consejo sean elegidos por los jueces: el normal funcionamiento de las instituciones exige la renovación de un órgano que lleva ya más de año y medio en funciones; pero que debería de hacerse con un método que respete la Constitución y no con uno que se la salte.

Como en 2018, antes de dar nuestra opinión ya se nos han borrado las ilusiones que pudiéramos tener sobre el método que van a seguir los dos negociadores, porque no es otro que el tradicional reparto de los miembros del Consejo entre los partidos, lo que los italianos llaman expresivamente lottizzazione, ya que lo que se discute es si se va a hacer un reparto de diez vocales y el presidente para el PSOE y diez vocales para el PP, o si se van a rebajar ligeramente esas cifras para dar entrada a Unidas Podemos y al PNV. Nada parecido a una comisión cazatalentos que busque las personas idóneas para cumplir las importantísimas funciones del Consejo: gobernar a los jueces y garantizar su independencia.

El Tribunal Constitucional ya advirtió contra este método en 1986 cuando, a regañadientes y recomendando su sustitución, admitió que las Cortes eligieran a los doce jueces y no solo a los ocho juristas del Consejo: no se respetaría la Constitución "si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial" (Sentencia 108/1986).

La fortuna ha venido a ayudar a los comentaristas a los que nos aburre decir ahora lo mismo que en 2018 porque en estos dieciocho meses se han producido dos novedades, que nos refuerzan en nuestras convicciones de que es conveniente abandonar este sistema de lottizzazione del Consejo: se trata de los dos informes, el de 2018 y el de 2019, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en los que se analizan, como su nombre indica, las medidas que cada Estado miembro del Consejo de Europa toma para luchar contra la corrupción.

Pues bien, a diferencia del mensaje de preocupación que el GRECO lanzó en octubre de 2018 sobre España, ahora se aprecia una mejoría porque nuestro Estado está aplicando muchas de las medidas que aquél recomendaba. Por eso, en la presentación del 20th General Activity Report (2019) en junio pasado, su presidente, el juez croata Marin Mrčela, se felicitaba por este avance de España, incluso felicitaba al Gobierno del País Vasco; pero añadía que estaba “esperando la total implementación de las recomendaciones” que el GRECO nos ha hecho en sus informes.

No hacen falta muchas dotes de adivino para imaginarse una de esas recomendaciones pendientes: desde 2016 el GRECO recomienda a España que modifique la normativa de elección de los doce miembros judiciales del CGPJ. Por eso, en el informe de 2018 “reitera su posición en torno a la necesidad de que las autoridades políticas no intervengan en ningún estadio del proceso de selección de sus miembros”.

Sí que era más difícil adivinar lo que el CGPJ en funciones acaba de responder a esa más que lógica recomendación: en lugar de despedirse abogando porque se mejore el sistema y sean los jueces los que elijan a los doce vocales jueces (eligiendo las Cortes los otros ocho) para así garantizar que no haya injerencia de los políticos, han preferido defender el sistema actual con un argumento revelador: “La actual composición del CGPJ es fruto de un acuerdo parlamentario adoptado por más del noventa por ciento de sus miembros, no siendo baladí la presencia de muchas fuerzas políticas en ambas Cámaras”.

Es decir, en traducción para despistados: como casi todos los partidos políticos participaron en el reparto ¿para qué crear un sistema en el que ninguno lo haga? Marin Mrčela puede matar su espera leyendo el clásico infantil de Michel Ende, La Historia interminable.

*** Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.