El ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue entre 2013 y 2019 el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo, cuya creación fue una de las condiciones del préstamo que la Unión Europea dio a España para recapitalizar las cajas de ahorro, tiene como misión “garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas”.

La gestión de Escrivá al frente de la AIRef fue muy buena. Lo cierto es que no dejó pasar ni una, cumpliendo con rigor su rol de perro guardián de las finanzas públicas. Por ejemplo, en diciembre de 2017, cuando el Gobierno de Rajoy estaba exultante por conseguir que el déficit fiscal se redujera al 3% del PIB, Escrivá advertía en una entrevista: “Cuidado, que no es sólo bajar del 3%, sino que es bajar del 3% y converger a medio plazo hacia el objetivo de 0,5% o de equilibrio (…) Esa es la única forma de recuperar la credibilidad de la que España sigue adoleciendo y que se refleja, por ejemplo, en la prima de riesgo o en el rating muy alejando de los de Francia o Bélgica, que tienen también deudas en torno al 100%”.

Sin duda, esa advertencia era y sigue siendo correcta. España sigue sin recuperar la credibilidad: la prima de riesgo ronda los 120 puntos base, frente a los 45 de Francia o los 52 de Bélgica, para citar los mismos países que mencionaba Escrivá. En igual sentido, la agencia Standard & Poor's califica la deuda pública española con una “A”, tres escalones por debajo de la “AA” de Francia y Bélgica.

Sobre esa credibilidad dudosa que despiertan las cuentas públicas españolas se produce la mayor crisis económica desde la Guerra Civil, con un déficit fiscal que superará el 10% del PIB y una deuda pública que se elevará más allá del 120%. La misma AIReF va más allá y no descarta que el déficit fiscal llegue este año al 13,8%. La pesadilla no acaba ahí: ya para 2021 anticipa un déficit público de casi el 8% del PIB.

Lo que espero de Escrivá no es que lave la cara a un proyecto inasumible, sino que sea coherente con sus opiniones de 2017

¿Qué es lo que propone ahora Escrivá, la misma persona que en diciembre de 2017 decía “cuidado, que no es sólo bajar del 3%, sino que es bajar del 3% y converger a medio plazo hacia el objetivo de 0,5% o de equilibrio”? Una renta mínima para aumentar el gasto público en otros 4.000 millones de euros, con lo que las cuentas de la Seguridad Social serán aún más insostenibles. Lo hace, además, después de haber consentido con su presencia que el Gobierno haya sobrepasado con descaro el tope de déficit acordado con Bruselas.

Ciertamente, la propuesta de Escrivá es preferible a cualquiera que pudiera surgir de un ministro de Podemos. Él habrá acotado el impacto fiscal lo más que haya podido. Es consciente de los riesgos. Pero se la juega, seguramente convencido de que Pedro Sánchez está dispuesto a tirar p’alante con la renta mínima, pase lo que pasare con las cuentas públicas.

A mí, esas certezas no me alcanzan. Lo que espero de Escrivá no es que lave la cara a un proyecto inasumible financieramente e injusto en lo social, que promueve el trabajo en negro y debilita los incentivos al ahorro y la inversión. Lo que espero es que diga la verdad, que sea coherente con sus opiniones de 2017 y que, si el presidente es tan irresponsable de no aceptar sus argumentos, que dimita.

¿Cómo alguien podrá tomar en serio a España si la misma persona que alertaba de la necesidad de “recuperar la credibilidad” y avanzar hacia el equilibrio fiscal, ahora alienta un gasto insostenible en un contexto mucho más deteriorado?

Pusimos al mejor perro guardián a cuidar de las gallinas, pero de noche se nos transformó en un zorro.

*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados.