No se es abolicionista por luchar contra la trata

El negocio más antiguo del mundo es el de proxeneta, es decir la explotación de la prostitución ajena. Uno de los documentos internacionales de referencia sobre esta cuestión, es el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, que prevé la responsabilidad penal del dueño de un local en el que se ejerza la prostitución.

De manera expresa, el citado Convenio indica que las partes se comprometen a castigar “a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena (Art. 2)”.

España, tras la reforma del Código Penal de 1995, dejó de dar cumplimiento a dicho Convenio al eliminar las sanciones económicas, la inhabilitación y el cierre temporal o definitivo “del establecimiento o local y la retirada de la licencia” como preveía hasta entonces el 452 bis d) del Código Penal.

Aquella reforma, debilitó la respuesta penal para combatir el proxenetismo y abrió la puerta al crecimiento desmesurado de la industria del sexo, facilitando una coartada perfecta para la proliferación de miles de establecimientos públicos dedicados a la comercialización de cuerpos humanos para uso sexual.

Quienes hemos analizado las estrategias utilizadas en otros países con la industria del sexo sabemos que, para fomentar la reglamentación de la actividad, se ha buscado un alejamiento oficioso de las estrategias prostituidoras más coercitivas y violentas.

Cuando Gallardón reformó el artículo 187 del Código Penal, desde el PSOE alertamos de las consecuencias de una reforma que condicionaba el reconocimiento de la existencia de “explotación” a dos requisitos difíciles de demostrar: que no se tuviese otra alternativa o que el proxeneta impusiese “condiciones desproporcionadas o abusivas”.

La Fiscalia General del Estado, ya constata en sus memorias que la reforma solo ha conseguido ampliar la impunidad y eximir de reproche penal a lo que la ley vendría a considerar como un “proxenetismo blando”.

Con más de 96.000 locales identificados como establecimientos donde se explota sexualmente a las mujeres resulta sorprendente que estos días solo se hable de poner límites a las salas de juego.

La urgencia de acometer este problema es tan indudable como la inquietud del feminismo ante el hecho de que el Ministerio de Igualdad haya caído del lado de un partido político que se han negado, sistemáticamente, a definir la prostitución como una forma de explotación y que ha jugado a una ambigüedad que solo beneficia a los pro legalización. En todo caso, la responsabilidad que ahora ostenta Podemos sobre las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, no les permite ya más rodeos o silencios.

Sin duda, la posición mantenida por el PSOE es clara. Se ha declarado abolicionista. Como ya expliqué en La prostitución, claves básicas para debatir sobre un problema, en el modelo abolicionista, el ordenamiento jurídico despenaliza el ejercicio de la prostitución, la persona prostituida pasa a ser considerada víctima y las normas penales solo tipifican la conducta de quienes se benefician de la prostitución.

Es decir, el abolicionismo no ilegaliza la práctica, pero da un paso real contra quienes explotan y se benefician de la prostitución. Ese es el camino más eficaz, para comenzar a combatir las redes nacionales e internacionales que controlan el circuito prostituidor.

El Gobierno se ha comprometido a combatir la trata de manera contundente. Debe por tanto dar una lucha sin cuartel contra aquello que “retiene” a las mujeres en la prostitución, incluidos los proxenetas.

España no debe renunciar a dar cumplimiento al Convenio internacional para la represión de la explotación de la prostitución ajena. Hay que actuar en el sentido que proponía el programa del PSOE, reintroduciendo la tercería locativa que implica sanciones económicas, inhabilitación y cierre de establecimientos. Una ley contra la trata que no combata la demanda y no sea implacable contra el proxenetismo, solo sería útil para limitar los daños, pero no solucionará el problema.

Espero que la única voz del Gobierno sea la que proclame que trabaja para modificar esta legislación beneficiosa para quienes se enriquecen explotando el cuerpo de las mujeres. Eso es feminismo. Pero, además, la Fiscalía General viene demandando en sus memorias una ley que le dé instrumentos para afrontar el problema. No hay excusa para no hacerlo y si alguien obstaculiza actuar en ese sentido, debemos saber quién y por qué.

*** Ángeles Álvarez es activista feminista y ha sido diputada nacional del PSOE.