La adaptación de la Directiva Europea de Medios Audiovisuales es ahora la excusa para una nueva subida de impuestos. Se trata de extender a plataformas como Netflix, HBO, Sky, Filmin y otras, los impuestos específicos que ya pagan Atresmedia, Mediaset, Movistar, Vodafone, Euskaltel y Orange. Esos impuestos específicos son el 5% de los ingresos, que se destina a financiar producciones cinematográficas, y otro 3% de los mismos para financiar RTVE (0,9% en el caso de las operadoras de telecomunicaciones).
Lo primero que hay que saber es que cualquier impuesto que se carga sobre una empresa, de cualquier sector, recae siempre, en última instancia, sobre el consumidor. Las empresas buscan una determinada rentabilidad en sus inversiones. Si un impuesto altera los cálculos iniciales, bien se aumenta el precio de venta o, si eso no es posible, se reduce o se suprime la inversión (por lo que el consumidor acaba pagando el impuesto en la forma de pérdida de puestos de trabajo).
Un impuesto a las empresas privadas que ofrecen servicios de televisión para financiar a un competidor estimula la competencia desleal. RTVE es el único jugador del mercado televisivo que, sea cual fuere la calidad de su programación, recibirá unos determinados ingresos. Es decir que, por un lado, RTVE carece de incentivos para optimizar la calidad de su servicio; por otro, cuenta con la ventaja exclusiva de una financiación asegurada.
Si RTVE ofreciera una programación exclusivamente cultural y educativa, yo también me opondría a que las televisiones privadas la financiaran. Pero al menos tendría un cierto sentido. La verdad es que la programación de RTVE es similar a la de sus competidores, ofreciendo programas “del corazón”, deportivos y de entretenimiento. Y, además, informativos sobre los que siempre recaerá la sospecha de favorecer al gobierno de turno.
Extender los impuestos específicos a las nuevas plataformas de pago implicaría distorsionar aún más el mercado televisivo
Extender esos impuestos específicos a las nuevas plataformas de pago implicaría distorsionar aún más el mercado televisivo, repartir premios y castigos de manera arbitraria y conspirar contra la inversión y el empleo. Lo que se debería hacer es lo opuesto: eliminar por completo esos impuestos distorsivos e injustos, y reformar RTVE. La eliminación del impuesto también debería incluir la parte con la que se financia de manera compulsiva al cine.
RTVE debería pasar a tener una doble misión. En cuanto al mercado interior, por ejemplo, dar espacio a expresiones culturales, artísticas, técnicas y científicas que hoy no acceden a los medios y crear un ámbito de debate y difusión del conocimiento que hoy no existe. En cuanto al exterior, potenciar el canal internacional como herramienta de promoción cultural y turística. En pocas palabras, una RTVE que ofrezca algo distinto a lo de las cadenas privadas, con una estructura mucho más reducida (sin informativos ni grandes producciones) y útil a la acción exterior de España. La actividad de RTVE se debería financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto al cine, debería financiarse igual que lo hacen la pintura, el teatro, la escultura o la música: con los ingresos que obtengan de la venta de sus servicios y patrocinios. No tiene ninguna justificación que el poder coactivo del Estado se utilice para privilegiar determinadas expresiones artísticas. Esto iría incluso en favor de la libertad de creación artística de la gente del cine, que mientras acepte dádivas por parte del gobierno podrá ser acusada de falta de independencia.
*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados.