¿Habrá mañana jueces en Cataluña?

Zenón de Elea llegó a demostrar la imposibilidad del movimiento. En esta vida todo es posible. A veces, cuando hablo del tema que hoy nos ocupa no tengo claro si nos movemos por emociones o por pasiones.

Los hechos hablan por sí solos. Cataluña ha llegado a tal grado de autonomía que el Poder Judicial se ha convertido en prácticamente el último bastión del Estado en la Comunidad Autónoma. Si llegara a entrar en vigor o se aplicara de cualquier manera la Ley de Transitoriedad, se acabó el Poder Judicial independiente en la República en ciernes. Una rápida mirada al título V del poder judicial y la administración de justicia, nos lleva a la conclusión de que los jueces van a ser nombrados por el gobierno de la Generalidad. Viva el barón de Montesquieu.

Se viste el santo con la figura de una comisión mixta no paritaria, pero como el tiempo para Einstein, no tenemos claro si el poder judicial es una magnitud exacta o una mera percepción subjetiva. Al final, como los miembros judiciales de esa comisión mixta son nombrados de forma directa o indirecta por el poder ejecutivo, la propia comisión se retroalimenta: doy para que me des. O mejor dicho: como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

He leído unas recientes declaraciones de un juez destinado en Cataluña. Nos dice que los jueces catalanes tendrán que elegir entre la traición y el exilio. Es muy duro. Pero es así. Todos los jueces hemos jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y esto no es una mera fórmula de estilo. Sólo mediante el procedimiento reforzado que la propia Constitución establece con referéndum nacional y disolución de las Cámaras legislativas cabría la secesión de una parte de España. Lo demás califíquese como se quiera pero es un acto inconstitucional y muy posiblemente delictivo.

Quiero que se conozcan las condiciones en las que trabajan los jueces en España y, entre ellos, los de Cataluña. España cuenta con unos 5.000 jueces. Eso supone que hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea es de 19 jueces por 100.000 habitantes y llega a 26 en el caso de Alemania.

Tenemos una de las más bajas inversiones en justicia de toda Europa. Y no olvidemos que una justicia rápida, ágil y eficaz es garantía para un fortalecimiento y crecimiento de la actividad económica. Ello no significa que estamos a la cola de Europa en calidad y cantidad resolutiva. Qué va; curiosamente, estamos entre los países de la Unión con mayor rapidez y calidad resolutiva. Claro está, a costa de la salud de sus integrantes.

Quiero que se sepa que algunos de los jueces que han abierto diligencias penales por los hechos ocurridos el 1 de octubre ganan 2.400 euros al mes, lo mismo que el cabo de los Mossos que contemplaba impasible cómo se abrían los colegios electorales. Nosotros no llevamos pasamontañas, ni nos ocultamos tras un casco o un uniforme. Nosotros firmamos con nuestro nombre y apellidos nuestras resoluciones. Damos la cara.

Las condiciones laborales de muchos jueces y magistrados son lamentables. Más del 80% de los compañeros tienen un trabajo judicial por encima del asumible. Las condiciones de los juzgados de guardia inimaginables. ¿Conoce el lector que un juez de guardia cobra 200 euros netos por una semana completa de guardia, con 179 horas ininterrumpidas de permanencia o localización? Los más de 40 jueces de guardia que el día 1 de octubre estaban en sus puestos un domingo en Cataluña garantizaron nuestros derechos fundamentales como ciudadanos por esa miserable soldada. No se trata de ser pesetero, sino de dignidad.

No puede haber un poder judicial realmente independiente si todos los medios materiales, hasta el ordenador y el bolígrafo que utilizas, la mesa de trabajo o el edificio del Juzgado no pertenece a ese tercer poder del Estado, sino al Ejecutivo que en el caso de Cataluña es el gobierno de la Generalidad. ¿De verdad algún ingenuo cree que interesa tener un poder judicial económicamente fuerte y con los medios más modernos?

La última garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos reside en el poder judicial, al que podemos acudir en caso de que se vean vulnerados esos derechos. Sin separación de poderes no hay democracia. Volveríamos al concepto de un solo poder y desconcentración de funciones, a la unidad cultural y el pensamiento único. O peor aún, los jueces nombrados de la forma digital que contempla la ley de transitoriedad sólo tendrían que hacerse una pregunta al juzgar: ¿cómo actuaría el presidente de la Generalitat en mi lugar? En cada decisión, pregúntense: ¿es compatible con la conciencia del pueblo catalán?

Como decía Solón, uno de los siete sabios de la antigua Grecia, “la sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes”.

Estamos a tiempo de dar un giro radical a la concepción de lo que es el tercer poder del Estado. Volvamos a la idea originaria de la Constitución.

*** Joaquín González Casso es magistrado y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.