España es el país de la UE con las tasas más elevadas de pobreza infantil sólo por detrás de Rumanía. Conviene matizar que esto no significa que sea el que más niños pobres tiene en términos absolutos, sino el que más tiene con respecto a su renta media. También debe acotarse la definición de pobreza infantil, que no es lo mismo que el número de personas en condiciones de pobreza extrema, sino el total de niños que viven por debajo de un umbral que aumenta su vulnerabilidad económica según los estándares nacionales.

Aún así, se trata de niveles más propios de sociedades infradesarrolladas que deberían abochornar a un país rico como el nuesto.

Según los últimos informes elaborados por Unicef y Save the Children, más de 2,3 millones de niños españoles, el 28,9% de los menores de 18 años, se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Este fenómeno tiene un origen multifactorial, que puede rastrearse en la pobreza energética que afecta al 20,7% de los hogares, el alto coste de la vivienda (tanto de las hipotecas como del alquiler, que consumen la mayor parte de los ingresos de las familias), la mala calidad del empleo de los padres o el impacto de la crisis inflacionaria de los últimos años.

El aumento de los precios ha afectado especialmente al de los alimentos, uno de los bienes cuyo coste más se ha incrementado. Y el encarecimiento ha agravado los problemas de malnutrición que afectan a muchos niños.

Según los datos que maneja el Consejo Económico y Social, más de la mitad de ellos no consume verduras cada dos días y la mitad no desayuna todas las mañanas. Además, el 5,6% de los hogares con niños de hasta 12 años no tiene acceso a una ración mínima de carne o pescado. La infradotación nutricional tiene efectos muy negativos a largo plazo para el desarrollo de los niños, afectando a su salud, su rendimiento educativo y su futuro profesional.

Esta es la cara oculta del buen desempeño de la economía española de la que tanto presume el Gobierno. Y es que la probleza infantil está marcada por la invisibilización aparejada al estigma, lo cual dificulta formarse una idea de la magnitud del problema.

Aunque aunque las rentas y los ingresos de las familias han mejorado, los indicadores de desigualdad y pobreza han crecido. Muchos hogares experimentan notables dificultades para llegar a fin de mes y sufren de una carencia material severa.

Es evidente que nuestro sistema de protección social se ha demostrado insuficiente para paliar la privación a la que están expuestos uno de cada tres niños. En España sólo se ha conseguido reducir un 4% la pobreza infantil en el periodo 2012-2021 (año en el que aumentó significativamente), lo cual delata la ineficacia de los 2.600 millones destinados por el Gobierno a su erradicación.

Y ello a pesar de que Pedro Sánchez se marcó a su llegada a la Moncloa en 2018 la lucha contra la "infamia" de la pobreza infantil como una de las prioridades de su mandato. También presentó el año pasado un informe sobre los  costes sanitarios, educativos y laborales de la exclusión, que suman 63.079 millones de euros al año, el equivalente al 5,1 % del PIB.

La pervivencia del problema demuestra también el fracaso del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil instituido por Sánchez a su llegada al Gobierno. En estos seis años se han sucedido cinco altos comisionados, cuyos perfiles parecen haber sido promocionados más en función de criterios partidistas que de méritos profesionales, hasta que el departamento se ha cerrado con la reestructuración del nuevo gabinete el pasado diciembre.

Atajar esta lacra requiere, por un lado, mejorar la eficacia de las prestaciones ya existentes, como el ingreso mínimo vital (IMV) o el complemento de apoyo a la infancia (CAPI). También aumentar las partidas de inversión pública destinadas a disminuir la desigualdad social, y encontrar medidas realmente efectivas para abaratar el precio de la vivienda.

Además, una vía siempre recomendable son las rebajas fiscales, que ayudarían a un mayor desahogo económico de las familias.

Para los hogares que no puedan ser beneficiarios de estas desgravaciones, una posibilidad a explorar es la prestación universal para la crianza, que complemente los costes aparejados al periodo que va de los 0 a los 3 años. En esta línea, cabe tomar en consideración la gratuidad de la educación infantil que ha propuesto el PP.

Urge diseñar estrategias y planes de acción para reducir la vulnerabilidad económica de los hogares y asegurar que todos los niños españoles tengan acceso a las condiciones básicas de existencia. De ello dependerá garantizar materialmente los derechos de la infancia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.