Tan pronto como la amnistía empezó a copar el debate público español, los independentistas avisaron de que esta medida era sólo el principio.

Porque el olvido penal de los delitos del procés estaba concebido por el nacionalismo como el primer paso que les llevaría hasta el siguiente estadio del itinerario separatista: el referéndum de autodeterminación.

Este martes, en el debate de Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, Junts ha vuelto a dejar claro que la norma no es el final del proceso, tal y como pretexta el PSOE, sino la llave de un nuevo tiempo político.

A nadie se le ocultaba la intención de los independentistas. Fundamentalmente, porque ellos mismos lo habían declarado públicamente, en contraste con los subterfugios eufemísticos en los que se ha parapetado el Gobierno para justificar lo indefendible.

Mientras negociaban con el PSOE, tanto Carles Puigdemont como Pere Aragonès insistieron en que el hecho de sentarse en una "mesa de diálogo" no implicaba renuncia alguna a la unilateralidad.

Y en la misma sesión de investidura, Junts y ERC desarmaron el discurso del reencuentro de Sánchez, reafirmándose en su horizonte de una independencia catalana.

Pero supone un salto cualitativo que, durante el debate de una ley justificada con el argumento de la "pacificación del conflicto", los socios del Gobierno hayan proclamado en sede parlamentaria que "la amnistía ayudará a abrir una vía que antes era muy difícil, la de la negociación entre dos naciones, la española y la catalana, de tú a tú, para decidir nuestro futuro".

Consta en acta, además, que ese futuro "sólo es uno y sigue siendo el mismo: el de una Cataluña libre". Ya no cabe ninguna duda de que esta ley es, en verdad, sólo el preámbulo de la siguiente que tratarán de arrancarle a Sánchez. Una que les permita someter a consulta la unidad nacional.

A esa amenaza se sumó ayer una segunda. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, señaló a varios magistrados del CGPJ, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que han investigado, juzgado o intervenido de una u otra forma en casos relacionados con el procés (Concepción Espejel, Carlos Lesmes, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Manuel Marchena) y exigió que sean cesados "y juzgados de inmediato". 

A la vista de la desinhibida temeridad del presidente dando carta de naturaleza a personajes como Puigdemont y Nogueras, y a la vista de la claudicación del PSOE ante la escenografía de negociación bilateral en Suiza, no resulta descabellado aventurar que ni la fiscalización de los jueces españoles por parte de los políticos ni el mencionado referéndum de independencia están hoy tan lejos como afirman los socialistas.

Es posible que Sánchez se encuentre no dentro de mucho con que la medida de gracia, lejos de haber ayudado a encauzar democráticamente las desavenencias con el movimiento independentista, ha contribuido a empoderar a unos partidos nacionalistas a los que la calle y las urnas habían desactivado en buena parte.

Y en ese caso, Sánchez no podrá alegar que fue engañado. Porque sus propios apoyos parlamentarios han explicitado negro sobre blanco que su manera de entender la amnistía no está en sintonía con el relato del Gobierno.

Junts ha consignado en el Diario de Sesiones lo que el PSOE ha querido sepultar con artificios retóricos. Y no habrá amnistía capaz de hacer olvidar que, pese a estar avisado de ello, Sánchez consintió devolver al independentismo a la casilla de salida. Algo que, como se jactó Junqueras tras sonsacarle al presidente la eliminación del delito de sedición, "bajará el precio de volver a intentarlo".