Tras las dos manifestaciones en las últimas dos semanas contra la amnistía que prepara el Gobierno, Moncloa ha puesto en circulación el pertinente argumentario: el PP estaría siendo víctima de un "berrinche" por sus resultados insuficientes en el 23-J. Y por eso estaría alentando una campaña de protesta y de insurrección cívica contra el candidato que legítimamente va a intentar la investidura ahora.

En realidad, el Ejecutivo estaba poniéndose la venda antes de la herida, achacando a Feijóo (que acudirá al 12 de Octubre con todos sus barones para escenificar músculo territorial) la responsabilidad por los pitos que pueda recibir Pedro Sánchez durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Por eso pidió el presidente en funciones al líder del PP durante su encuentro este lunes que frene el "intento de agitar la calle" en los fastos por el Día de la Hispanidad.

La imputación al PP de la responsabilidad de que la Fiesta Nacional "no sea la fiesta del insulto", como previno este martes Isabel Rodríguez, responde a un ejercicio de mala fe. Porque lo cierto es que Sánchez no ha vivido un 12-O tranquilo desde que llegó en 2018 a la Presidencia del Gobierno.

Tal y como repasa hoy este periódico, las pitadas y los abucheos llegaron a hacerse tan habituales en esta fecha que Sánchez ingenió distintas fórmulas para sortearlos. En 2019 su nombre dejó de anunciarse por megafonía para ahorrarse la bronca. En 2021, hizo coincidir su llegada con la de los Reyes, en lo que fue inevitablemente leído como un intento de camuflar las protestas entre los aplausos y vivas a Felipe VI y Letizia. Y el año pasado se saltó el protocolo para llegar después de la Familia Real con aparentemente el mismo propósito.

Esta vez el Ministerio de Defensa ha optado por cambiar la ubicación del desfile del 12-O, del Paseo de la Castellana al Paseo del Prado, para dificultar nuevas expresiones de rechazo hacia el líder socialista.

Igualmente espuria es la acusación del PSOE al PP por la supuesta tentativa de este de "apropiarse los símbolos de todos" y "hacer una instrumentalización partidista del 12 de octubre".

Porque los primeros que deberían mostrar respeto a la Fiesta Nacional y al Rey son los socios con los que Sánchez negocia su investidura, que por activa y por pasiva desprecian los símbolos nacionales.

Que el presidente les exija, para ser consecuente con sus demandas, que cumplan con su obligación constitucional de acudir a las rondas de consultas con el Rey, y que les inste a acudir al desfile y a la jura de la Constitución de Leonor el próximo 31 de octubre.

Tampoco parece demasiado lógico que, si Sánchez quería amortiguar las críticas que pueda suscitar a los defensores del orden institucional, decida normalizar las relaciones con Oriol Junqueras en la víspera del Día de la Fiesta Nacional.

Porque sólo así puede entenderse la llamada telefónica de Sánchez al presidente de ERC de este miércoles, antes de su reunión con Gabriel Rufián. Cabe recordar que, aunque el Gobierno le concedió un indulto parcial, sigue inhabilitado para ejercer un cargo público. Por lo que el restablecimiento del contacto con el condenado por el procés es una forma rehabilitar a un inhabilitado por la Justicia. 

Es cierto que esto no le elimina como persona con derecho a expresar ideas políticas legítimas, ni tampoco le impide presidir un partido. Pero debería constituir una barrera para ser interlocutor del Gobierno. 

Esta llamada desde Moncloa supone un salto cualitativo que debe entenderse dentro del medido y concienzudo proceso de negociación con el independentismo. Porque al reconocer como interlocutor a Junqueras, abre la puerta a hacer lo mismo con Puigdemont, tal y como este exigió (y como ensayó Yolanda Díaz al visitarle en Bruselas). Sánchez podría estar sentando las bases para una ulterior llamada al prófugo de Waterloo que también acabe por oficializar las relaciones con Junts.

Sea como sea, haría bien en no confundir los abucheos al presidente del Gobierno con el respeto a la Fiesta Nacional. Y más cuando tiene a los mayores enemigos de esta en su casa.