Hoy lunes se publicarán oficialmente los últimos sondeos que la ley electoral permite antes de las elecciones del próximo domingo 23 de julio. El de EL ESPAÑOL incluye además los microdatos en los que se basa la estimación de escaños y de porcentajes, a la vista de que desde instancias afines al Gobierno, por ejemplo desde la Fundación Sistema, se ha acusado a las empresas demoscópicas privadas de "no dar los datos primarios, sólo ofrecer estimaciones y no informar sobre cómo llegan a ellas". 

Y decimos que se publicarán "oficialmente" dichos sondeos porque las redes sociales seguirán publicando trackings con infantiles subterfugios de los que todo el mundo es consciente. Enmascarar el sondeo transformando los resultados de los partidos en supuestas cotizaciones del precio de frutas que representan los colores de PSOE, PP, Vox y Sumar, por ejemplo.  

España es una excepción internacional. El artículo 69.7 de la LOREG prohíbe "publicar, difundir o reproducir sondeos electorales por cualquier medio de comunicación durante los cinco días anteriores al de la votación". Pero en muy pocos países democráticos rige una prohibición similar a la española. México y Canadá son, junto con España, las excepciones de la regla general, que es la de permitir este tipo de encuestas.

La motivación del artículo 69.7 es la de impedir que los ciudadanos sean "influidos" por los sondeos durante la última semana de campaña, que es cuando, teóricamente, solidifican la decisión de cuál será su voto. Pero esa es una excusa anacrónica. 

En primer lugar, porque es prácticamente imposible impedir la publicación de sondeos dada la proliferación de canales por los que estos pueden llegar a los ciudadanos.

En segundo lugar, porque todos los sondeos parecen confirmar que la inmensa mayoría de los españoles llega a la última semana de campaña con su voto decidido hace tiempo.

En tercer lugar, porque si el objetivo es que esos sondeos no influyan en la opinión libre de los ciudadanos, ¿qué hacemos con el CIS, que lleva cuatro años manipulando el resultado de sus sondeos para, precisamente, influir en la formación de la opinión pública con la esperanza de acabar generando su propia profecía autocumplida?

Y en cuarto lugar, porque ¿quién es capaz de sostener que una información concreta (por ejemplo, la de los malos resultados que se prevén para Sumar) hará que ese posible votante de Sumar se abstenga, dándolo todo por perdido, o se sienta por lo contrario más motivado para votar a Yolanda Díaz y evitar así la hecatombe?

¿Y quién es capaz de sostener con argumentos escrupulosamente democráticos que la información tiene efectos más perjudiciales sobre la realidad que la ausencia de ella? 

No son los sondeos, que por cierto son publicados por una multiplicidad de medios con interpretaciones, cocinas y resultados radicalmente diferentes, los que manipularán a los ciudadanos o les convencerán para votar a una u otra opción política. Si el objetivo es evitar esa manipulación, la ley debería actualizarse y poner el foco en otros actores que no son los medios de comunicación privados.

Quizá Tezanos pueda dar alguna información útil al respecto.