Ni el colorido de sus escenificaciones ni el gesto risueño de su candidata han logrado disimular las pulsiones totalitarias de una extrema izquierda obsesionada con el control de la información y de los periodistas. Después de una precampaña marcada por los señalamientos de Pedro Sánchez a los medios de comunicación y los periodistas críticos, Yolanda Díaz ha dado a luz una nueva y más sofisticada forma de intimidación y exclusión de periodistas, con claros visos de inconstitucionalidad.

La coalición de dieciséis partidos que compone Sumar ha propuesto en su programa electoral la creación de un "Estatuto de la Información" para "proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme".

Para fiscalizar el trabajo de los periodistas, Sumar proponía en su programa "poner en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector".

Y decimos "proponía" porque a última hora de la noche de este jueves, y tras comprobar la reacción de una parte de la profesión periodística, precisamente la que no pertenece al entorno mediático del Gobierno, Sumar ha anunciado una modificación parcial de ese punto en concreto.

Sumar alega que "la versión del punto 29 [de su programa] publicada por algunos medios de comunicación ha sido un error en el proceso de elaboración y transcripción. Era una propuesta de un borrador previo que no debía haber llegado al documento definitivo". La excusa resulta difícil de creer, pero incluso dándole el beneficio de la duda a Sumar, la realidad es que la nueva redacción del punto 29 no tranquiliza en absoluto:

"Aprobación de un Estatuto de la información y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador y supervisor del sector". 

Es decir, que Sumar renuncia a "expulsar de la carrera periodística" a los periodistas críticos con el Gobierno, pero insiste en la idea de crear un órgano fiscalizador, evidentemente a las órdenes del Gobierno, que "regule y supervise" el sector. 

En un ejercicio de cinismo inaudito, Sumar carga así de eufemismos ("regulación y supervisión") lo que, con palabras rectas, espantaría a cualquier demócrata: la voluntad de vigilar y evitar la transmisión a la ciudadanía de cualquier información incómoda para el poder. Aquel periodista que intente desafiar la norma en el noble ejercicio de su trabajo corre, por tanto, el riesgo de ser sancionado.

No deja de sorprender la deriva autoritaria de un Gobierno empeñado, durante cinco años, en recordar los males del franquismo, pero que, sin embargo, se mimetiza por momentos con algunos de sus atributos más liberticidas.

Y no es esta la única propuesta que atenta contra la libertad y la pluralidad informativa. Sumar plantea también establecer limitaciones a los grupos de comunicación con una cuota de mercado todavía sin definir. Algo que no deja de llamar la atención cuando el primer grupo mediático del país ha sido durante mucho tiempo Prisa, afín al PSOE.

Esta vuelta al franquismo baña un programa electoral populista que incluye promesas de más intervencionismo sobre el mercado energético o de la vivienda, más carga fiscal para las empresas y las mal llamadas "grandes fortunas", más esfuerzos destinados a la reducción de la jornada laboral que a la mejora de la productividad, o con propuestas tan disparatadas como la "herencia universal", una "ayuda" de 20.000 euros a los españoles cuando cumplan 23 años.

Pero los puntos más extravagantes o económicamente inasumibles del programa quedan en un segundo plano cuando un partido presuntamente democrático se levanta a pecho descubierto contra la prensa.

Sánchez, con su perverso mensaje de que el 90% de los medios de comunicación y de las tertulias están monopolizados por la derecha, una idea repetida a bombo y platillo durante las últimas dos semanas, ha abierto la puerta por donde se ha colado la pulsión totalitaria de su vicepresidenta. De aquellos polvos, estos lodos. Lo que antes eran excentricidades de Pablo Iglesias se ha acabado convirtiendo en el consenso de las izquierdas con representación parlamentaria: los periodistas deben estar al servicio del gobierno y ser castigados si se niegan a ello. 

Sostiene Sánchez que no hay color entre Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Pero la extrema derecha no se ha atrevido hasta el momento a proponer a los españoles una vuelta al franquismo, sólo que con ellos en el lugar del caudillo. Yolanda ha rectificado, pero sólo a medias. Y las migas que ha dejado en el camino no conducen, precisamente, a una democracia liberal, sino a un régimen sin libertad de prensa. 

Cualquier gobierno que intente implementar estas medidas tendrá a EL ESPAÑOL, y con total seguridad al resto de la prensa libre española, enfrente.