Pedro Sánchez salió victorioso de la moción de censura presentada en 2018 contra Mariano Rajoy con los votos de Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Compromís, En Comú Podem, En Marea y Nueva Canarias. El motivo para la presentación de la moción, cuando el PSOE contaba con sólo 84 diputados, fue la supuesta implicación del PP, como partido, en el caso Gürtel. Sánchez prometió entonces "regenerar la democracia". 

Cinco años después de esa promesa, los españoles han vivido la peor campaña electoral de la historia de la democracia. Si es que a lo que hemos vivido, a esa cascada de escándalos a cual más letal para la confianza de los ciudadanos en la política, en las instituciones y en la limpieza del sistema electoral, se le puede llamar "campaña".

Ni siquiera es necesario enumerar la larga lista de promesas electoralistas, algunas de ellas meros refritos de medidas aprobadas hace años, que el Gobierno ha volcado sobre los españoles a lo largo de estas dos semanas. La última de ellas, a la desesperada, la promesa de becas de 7.000 euros para que los españoles sean funcionarios, una medida que merecería un editorial por sí misma y que revela un concepto de país decimonónico.

Basta, en cualquier caso, con recordar la inclusión de 44 terroristas en las candidaturas de EH Bildu, el escándalo por la compra de votos en varias localidades del sur de España, el fraude del voto por correo en Melilla o la presunta implicación del número 3 del PSOE andaluz en el secuestro de una concejala en Maracena con el supuesto objetivo de tapar una trama de corrupción urbanística. Y eso por hablar únicamente de los escándalos que han acabado afectando directa o indirectamente al PSOE.

El segundo miembro del Gobierno, Podemos, ha hecho una campaña de una agresividad feroz. El partido de Irene Montero e Ione Belarra, aunque por lo visto ya no de Yolanda Díaz, ha señalado a periodistas y les ha acusado impunemente de corrupción, ha puesto la cara de un ciudadano inocente (el hermano de Isabel Díaz Ayuso) en una lona gigante en el centro de Madrid tachándole de ladrón, ha llamado asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha insultado a miles de madrileños calificándoles de "cayetanos". Ningún otro partido español había aplicado hasta ahora con tanta precisión el viejo manual batasuno como Podemos. 

Recordemos, aunque parezca obvio, que PSOE y Podemos no son dos partidos marginales en el extrarradio del escenario político español. Son los dos partidos que gobiernan hoy en España, que copan el Consejo de Ministros, que controlan la mayor parte de las instituciones del Estado y que representan a España en el mundo.

A todos esos escándalos el presidente ha dado la callada por respuesta. Pedro Sánchez, de hecho, ha acusado al PP de "embarrar" las elecciones e incluso le ha acusado de no querer que los españoles voten, cuando parece evidente, a la vista de lo ocurrido durante las dos últimas semanas, que nada le puede interesar más al PP en estos momentos que los españoles voten masivamente. 

No ayuda tampoco a conservar la serenidad en momentos de crispación como el actual afirmaciones como la de Isabel Díaz Ayuso en el mítin de cierre de campaña del PP: "Sánchez se irá como llegó, con un intento de pucherazo".

Se refiere la presidenta al famoso episodio del Comité Federal del PSOE en 2016 que acabó con la dimisión de Sánchez como secretario general del partido tras descubrirse unas urnas ocultas tras una cortina y que habrían servido, presumiblemente, para amañar el resultado de una votación clave para su continuidad en el cargo.

Sea o no cierta la implicación del presidente en ese intento de pucherazo en Ferraz, lo cierto es que nada indica hoy que el presidente o el partido hayan tenido nada que ver con la compra de votos en Mojácar y otras localidades. Se entiende el intento de Ayuso de cegar todos los espacios de Vox, pero su afirmación es desafortunada. 

Este diario se reafirma además en la idea de que, con la excepción de Melilla, con unas características muy peculiares, ninguno de los casos aparecidos hasta ahora parece revelar una trama generalizada de compra masiva de votos. El sistema electoral español sigue siendo fiable y extraordinariamente difícil de manipular.

Pero el voto por correo ha mostrado las suficientes grietas como para que el Gobierno active las alarmas, compruebe la fiabilidad del sistema y adopte las medidas que sean necesarias para que los españoles no tengan ni la más mínima duda de que las elecciones generales de finales de año serán impecablemente limpias.

El presidente del Gobierno es, por supuesto, el líder del partido por el que se presentan miles de candidatos en toda España. En estas elecciones, y eso también es cierto, Pedro Sánchez se juega buena parte de sus opciones en las próximas elecciones generales. Pero, por encima de todo, Sánchez es el presidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno no puede hacer oídos sordos al tsunami de escándalos que afectan a su partido y seguir prometiendo regalías a los ciudadanos como si no ocurriera nada.

Esta campaña se ha acabado convirtiendo en un símbolo de la degradación de los estándares democráticos en España. El presidente debe actuar de inmediato, este lunes sin falta, tras las elecciones, para detener esta peligrosísima deriva.