El pacto salarial al que han llegado los agentes sociales demuestra que las negociaciones que venían manteniendo en privado desde hace meses han dado finalmente sus frutos.

El principio de acuerdo es una gran noticia no sólo para los más de 10,7 millones de trabajadores (el 62,2% de los asalariados) que, bajo el paraguas de un convenio colectivo, se beneficiarán de las alzas salariales. También lo es porque los españoles podrán ahorrarse la campaña de movilizaciones y huelgas con las que se amenazó el Primero de Mayo. Habrá paz laboral para lo que resta de año, lo que se traducirá también en un periodo electoral sin instrumentalizaciones espurias de la cuestión del empleo.

De hecho, el convenio se ha pactado sin la intervención del Gobierno ni del resto de partidos. Sin interferencias políticas, legítimamente puede decirse que la negociación se ha dado en el marco de un diálogo social stricto sensu.

Aún así, es evidente que Gobierno y oposición pueden estar satisfechos con los términos alcanzados, porque uno y otro habían venido demandando un pacto de rentas. También lo ha hecho en repetidas ocasiones este periódico.

Por ello, no cabe más que dar la bienvenida a una reconciliación que permitirá atenuar la conflictividad laboral, aportando así un elemento clave de estabilidad para la economía y de seguridad para el mercado de trabajo. Y que, hasta cierto punto, servirá para que muchos españoles puedan recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la escalada inflacionaria.

Que el V Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (V AENC) es un buen acuerdo lo demuestra el hecho de que ha conseguido poner en sintonía tanto a los representantes de los trabajadores como a los de las empresas.

De hecho, debe celebrarse que ambos agentes sociales hayan logrado superar el escollo que mantenía bloqueado el pacto. O sea, reconocer la buena disposición de la patronal a aceptar la cláusula de revisión salarial ligada a la inflación, y la buena voluntad de los sindicatos a la hora de moderar sus reivindicaciones salariales iniciales.

Finalmente, las condiciones iniciales (a la espera de ratificarse en los próximos días) establecen que los salarios suban un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y en 2025. Incluyendo, además, una cláusula de revisión salarial para que los sueldos aumenten hasta un 1% adicional en función de cómo evolucione la inflación en España. Si bien este mecanismo sólo se activará si el IPC supera el 4% a cierre del ejercicio 2023 y el 3% en 2024 y 2025.

No se puede pasar por alto que el acuerdo entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT no hace más que establecer las subidas salariales mínimas que se tienen que imponer en los convenios colectivos en periodos plurianuales. Pero, de este modo, servirá de guía para los aproximadamente 1.300 convenios colectivos que habrán de negociarse este año.

Es también una demostración de seriedad que el nuevo convenio incluya una previsión para que los negociadores de los convenios colectivos estén obligados a tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales.

Porque es evidente que no se puede prescribir una subida salarial indiscriminada para grandes, pequeñas y medianas empresas sin tener en cuenta la casuística. Por eso, la flexibilidad que contempla el nuevo pacto salarial hacia las especificidades y la situación de cada sector empresarial es un signo de buen hacer.

Este convenio es sólo el último de los numerosos acuerdos que el Diálogo Social ha cerrado en los últimos años. Y es inevitable no desear que se produzcan muchos más pactos como este. Ojalá que el último AENC también sirva de guía a toda la negociación colectiva futura, para que los agentes sociales antepongan siempre la búsqueda de sus puntos en común y las soluciones negociadas a las unilaterales.