En esta semana de procesiones y festejos hemos accedido a varias noticias que, de la mano, contribuyen a una interpretación más clara de los eventos. La primera economía del euro, Alemania, reclama a sus socios que se recupere parte de la disciplina fiscal previa a la pandemia y la invasión de Ucrania, y que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, aplique más rigor sobre los presupuestos de los países más endeudados.

Berlín, de esta guisa, aboga por “una reducción progresiva, realista, en plazo y suficiente de las ratios de deuda y déficit” que, de prosperar como propuesta, pondría a España contra las cuerdas, con la deuda en el 113% del PIB. A las demandas del ala liberal del equipo de Olaf Scholz, nada extravagantes, se unen las advertencias de organismos como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), que informa sobre el riesgo del cumplimiento de una promesa electoral del Gobierno de coalición, también incluida por Yolanda Díaz en el programa de Sumar.

Si el Estado asume el coste de la salud bucodental de los españoles (lo que familiarmente se reconoce como garantizar la gratuidad del dentista), la sobrecarga para las cuentas públicas sería de al menos 5.345 millones de euros adicionales cada año, que se incorporarían a un déficit que, en 2022, cerró en casi 64.000 millones de euros. Y si, como predice Sespas, la gratuidad aumentara la demanda de servicios odontológicos, la factura todavía saldría cientos de millones más cara.

No sería la única losa que cargar sobre los hombros del déficit. Porque, como alerta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hay serias amenazas de agravamiento en los números rojos de España. Se trata de la resolución de litigios que, con Abertis a la cabeza, pueden sumar más de 4.200 millones de euros adicionales al déficit. Lo que dificultaría enormemente el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido por Moncloa ante la Comisión Europea, del 3,9% en 2023.

Reman muchas cifras a favor del Gobierno, pues los datos económicos fueron mejores de lo previsto. El déficit público acabó el año pasado en el 4,8%, cuando la propia AiReF llegó a vaticinarlo en el 5,3%. Y la relación entre la deuda y el PIB ha mejorado sensiblemente, con una bajada de cinco puntos en 2022, debido al crecimiento del 5,5% del PIB y al incremento de los ingresos de la Hacienda común. Pero los argumentos para el optimismo no deben llevar a engaño.

Estos respiros económicos animan a seguir una senda de control de la deuda y el déficit. Y no a actuar como si, en lugar de en negativo, España cerrara los semestres con superávit. Ningún destello de esperanza nubla la incómoda realidad de la economía española, con unos niveles de endeudamiento apenas empeorados por Grecia, Italia y Portugal y una cota de déficit preocupante.

Cabe llamar a la prudencia y la responsabilidad, porque la relajación de las reglas fiscales no será eterna, y afrontar el futuro con dosis de realismo, ante la dureza de los meses por llegar. Prometer es gratis, pero sale caro. Y no hay peor política social que, a fuerza de imprudencia, volver lo público impagable.