La rueda de prensa en la que Mercadona comunicó ayer martes sus resultados anuales brindó al sector radical del Gobierno la excusa perfecta para volver a la carga contra el sector de la gran distribución, al que acusa de haberse beneficiado de la subida de la inflación.
Es cierto, en cualquier caso, que la no muy afortunada expresión de Juan Roig ("hemos subido los precios una burrada") sirvió para encender aún más los ánimos de Podemos.
Pero el presidente ejecutivo de Mercadona aclaró que si han subido los precios no ha sido por un ejercicio de avaricia y especulación propia de "capitalistas despiadados", como arguyen Belarra, Echenique y compañía, sino como respuesta al contexto inflacionario.
Respuesta que, de no haberse producido, habría desbaratado el conjunto de la cadena de producción.
De hecho, los datos presentados por la cadena de supermercados avalan que si los precios han subido "una burrada" es porque los costes lo han hecho en la misma proporción. Tal y como resaltó ayer el dueño del grupo, Mercadona ha sufrido un aumento de los costes del 12%, del que ha repercutido un 10% a los consumidores.
Por eso, en la cuenta de resultados se observa que su margen de ganancia (3,2 céntimos por euro vendido) en 2022 es el mismo que en 2021. Mercadona no ha conspirado para ampliar sus márgenes. Es más, su margen bruto ha bajado 0,6 puntos este ejercicio.
Pero el apriorismo ideológico y simplificador de Podemos se aferra al hecho de que la distribuidora ha registrado una facturación récord de 31.041 millones. Así pueden sostener su demagogo discurso: los grandes empresarios estarían sacando tajada de la crisis desatada por la guerra y haciéndose de oro con productos de primera necesidad.
Y es cierto que Mercadona ganó un 11% más el año pasado, y que sus beneficios fueron de un 5% más en 2022.
Pero la demagogia engañosa de Belarra y su tropa obvia que si la cadena ha ganado más dinero no es porque haya aumentado su margen de beneficios, sino, sencillamente, porque ha vendido más que en 2021.
También es absurda y maniquea la condena categórica de los beneficios empresariales. Como ha señalado Roig, tener ganancias es "indispensable", ya que sin ellas no se puede expandir la empresa. Una condición sine qua non para pagar más impuestos, pagar mejores sueldos e invertir mayores cantidades, repercutiendo así beneficiosamente en el conjunto de la sociedad.
Pero no se le puede exigir demasiado rigor económico al dogmatismo socialista de Podemos, que arremete contra el creador de 500.000 puestos de trabajo mientras se empecina en medidas intervencionistas que ya han quedado sobradamente desacreditadas por la evidencia científica e histórica.
Y no se trata únicamente de que los populistas hayan puesto en el punto de mira al sector de la alimentación desde que Yolanda Díaz propusiera infructuosamente una cesta de la compra básica para fijar un tope a los precios de los alimentos básicos en los supermercados.
Es también una estrategia deliberada de señalamiento contra un empresario concreto. Estrategia que Podemos ha practicado ya en el pasado contra varios periodistas.
No es casual que los radicales la hayan tomado con Juan Roig, probablemente uno de los pocos representantes del sector de la distribución perfectamente identificable por los ciudadanos.
Al fin y al cabo, todos los supermercados han subido sus precios. Porque el precio de los alimentos, que se ha disparado un 16,6% en febrero y que es el principal agravante de la inflación, se aplica a todos por igual. Pero sólo al presidente de Mercadona se le pone ojos y cara desde el poder político.
Es inaceptable que el Gobierno no haya enmendado esta dinámica de demonización de los creadores de empleo y riqueza. Pedro Sánchez no sólo ha permitido estos intolerables ataques, sino que en ocasiones los ha auspiciado él mismo con su vilipendio de las "grandes fortunas".
La reincidencia de los socios de Podemos en su cruzada contra el sector privado hace más fácil comprender movimientos como los de la salida de Ferrovial de España. Flaco favor hace este tipo de persecuciones a la necesaria dotación de un "marco jurídico estable", imprescindible para un ecosistema empresarial que genere prosperidad y crecimiento.