Son decenas de miles los agricultores de la Comunidad Valenciana que dependen del proyecto de real decreto que regula el trasvase Tajo-Segura y que ahora obra en manos del Consejo de Estado para su estudio. Un proyecto que, tras la eliminación de los índices correctores que aseguraban la llegada del agua a Alicante, no garantiza ya el trasvase en las cantidades pactadas más allá de 2025.

Las versiones son contradictorias. La Generalitat valenciana afirma que del proyecto han desaparecido los índices pactados con el Ministerio de Transición Ecológica. Índices que disponían que a partir de 2025 se evaluase el estado de la cuenca para determinar, en función de él, el incremento (o no) del caudal ecológico del río. Es decir, el que no puede ser trasvasado bajo ningún concepto.  

Esos índices determinaban, en definitiva, que la prioridad fuera el trasvase por encima de los criterios medioambientales.

Según el MITECO, el organismo encargado de evaluar los objetivos ambientales, el texto que ahora obra en poder del Consejo de Estado es el que salió del Consejo Nacional del Agua y que, a su vez, obedece las sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón tradicionalmente a la postura defendida por Castilla-La Mancha. La de que el caudal ecológico debe incrementarse y ser prioritario frente al trasvase. 

Al fondo de esta batalla entre Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transición Ecológica, por un lado, y la Comunidad Valenciana, la de Murcia y sus sindicatos de regantes, por el otro, late una segunda disputa entre aquellos que priorizan el criterio ecológico y aquellos que priorizan los criterios económicos y el empleo en las regiones afectadas.

Enturbia dicha batalla la extrema ideologización de un debate, el de los trasvases, que debería resolverse en función de criterios técnicos y de interés nacional, pero que ha acabado convertido, en parte, en una disputa entre derecha e izquierda.

Baste con saber que los trasvases han sido considerados tradicionalmente 'de derechas' por priorizar la solidaridad territorial, la protección del sector agrícola, el interés nacional y los criterios económicos, mientras que la izquierda defiende las desalinizadoras y rechaza los trasvases amparándose en criterios medioambientales y, al menos parcialmente, en una concepción de la solidaridad territorial más restrictiva que la de la derecha. 

Enturbia también en este caso el debate el hecho de que el trasvase Tajo-Segura enfrenta a la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, con la comunidad de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE, y con el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la socialista Teresa Ribera.

Y eso a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales en las que ni Emiliano García-Page ni Ximo Puig tienen garantizada la reelección, y en las que el asunto del trasvase se convertirá, sin duda alguna, en uno de los temas de la campaña.

Pero el debate, legítimo, aunque tóxico, no admite excusas. El proyecto de real decreto debe respetar lo acordado con la Generalitat valenciana. Especialmente en una España que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia; en la que el sector agrícola, que debe competir con la competencia de los productos procedentes de Marruecos, ha sufrido con especial intensidad las consecuencias de la crisis; y en la que el agua desalada podría llegar a triplicar sus precios por la desaparición de las subvenciones. 

El Gobierno debería evitar en la medida de lo posible que el debate sobre los trasvases acabe convertido en una disputa entre dos bienes sociales de altísimo valor: la conservación del entorno natural y los intereses económicos de miles de trabajadores. Pero si su incapacidad para evitarlo lleva el debate hasta ese terreno, EL ESPAÑOL no puede más que posicionarse en defensa de los trasvases, del sector agrícola español, de la solidaridad interterritorial y de la supervivencia de decenas de miles de trabajadores.