El Gobierno ha confirmado su intención de adelantar un año el llamado "impuesto a los ricos". Una decisión que obligará a que este se pague a partir de abril de 2023 en la declaración de la renta, y que afectará a aquellos profesionales de éxito sin la capacidad que sí tienen los verdaderos grandes patrimonios para trasladar su residencia fiscal o crear estructuras societarias que permitan esquivar el gravamen.

Algo que podría también abrir la puerta a un alud de pleitos por la retroactividad de la tasa. Pleitos que se sumarían a los que comunidades como Madrid o Andalucía prevén presentar contra la medida. 

La iniciativa ha sido confirmada por fuentes de Hacienda a EL ESPAÑOL. De hecho, el Gobierno ha incluido en el Plan Presupuestario para 2023 enviado a Bruselas los 1.500 millones que prevé ingresar por el gravamen. Y eso a pesar de que el mismo Ejecutivo se había comprometido a que el impuesto se aplicara sobre el patrimonio de los ciudadanos a diciembre de 2023. Es decir, en el IRPF de 2024, no en el del año que viene.

La noticia coincide en el tiempo con la valoración de los Presupuestos Generales del Estado realizada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que demuestra que las empresas españolas soportarán en 2023 una presión fiscal del 11%, más de un punto superior a la media de las del resto de la UE. Una evidente desventaja que las hará menos competitivas y que lastrará el empleo y los salarios.

El problema no es ya la voracidad fiscal del Gobierno, que como ha denunciado EL ESPAÑOL en otros editoriales no obedece tanto a necesidades fiscales como a motivos estrictamente electoralistas. Sino la inseguridad jurídica que genera en empresarios e inversores la improvisación diaria del Ejecutivo. Un gabinete espasmódico, sin hoja de ruta y que gestiona las negociaciones con sus socios mediante ocurrencias que obedecen a una visión carpetovetónica de la sociedad y una fantasmal lucha de clases entre "ricos" y "pobres".

A la barbaridad que supone ese impuesto cuya recaudación será prácticamente anecdótica, pero cuyos efectos en la economía serán extraordinariamente gravosos, se suma el procedimiento escogido. 

Porque el Gobierno ha decidido incluir dicho gravamen, en contra del criterio de los técnicos del Ministerio de Hacienda, en la proposición de ley de los impuestos a la banca y las energéticas. Es decir, sin las mínimas garantías que suponen los informes del Consejo de Estado y de otras instituciones. 

Es evidente que las necesidades electorales del Gobierno y la de aprobar los Presupuestos Generales del Estado han provocado su rectificación y el adelanto del impuesto. Algo que exigía Unidas Podemos con el objetivo de enardecer a unos votantes que, según todos los sondeos, estarían abandonando al partido morado en beneficio de otras opciones políticas o de la abstención. 

La tasa, además, sólo afectará a aquellas personas que vivan en comunidades que tienen el impuesto de patrimonio bonificado. Es decir, en autonomías gobernadas por el PP. Y, más específicamente, Madrid y Andalucía. 

El Gobierno prevé aprobar dicho paquete fiscal antes de fin de año. Las consecuencias en la economía serán las que ya han avanzado numerosos expertos fiscalistas: una inestabilidad muy dañina para empresas y trabajadores, y una pérdida del atractivo de España como polo captador de inversiones. Y eso en un país que ya es uno de los menos atractivos de la UE para los inversores, principalmente multinacionales extranjeras, por su elevada y ciclotímica presión fiscal. 

Sería absurdo a estas alturas pedirle prudencia y sensatez a un Gobierno que se ha caracterizado por unos arreones legislativos que carecen de otro objetivo que no sea el de ganarse el apoyo, siempre condicionado, de sus socios parlamentarios.

Pero si queda alguien en el Ejecutivo con sentido de Estado, o con un conocimiento mínimo de las consecuencias que tendrá en la economía española este paquete impositivo, EL ESPAÑOL no puede más que recordarle que el sistema fiscal no debería ser usado jamás con fines electoralistas. Mucho menos si sus consecuencias son tan gravosas como lo será, sin duda alguna, esta "tasa a los ricos" que no es más que un castigo al éxito profesional para regocijo de Unidas Podemos.