El anuncio del PP de que este jueves votará en el Congreso de los Diputados en contra del decreto de ahorro energético si no se aceptan algunas de las propuestas de su propio plan de ahorro ha obligado al Gobierno a improvisar una negociación de última hora con sus socios habituales, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y Más Madrid.

De momento, ninguno de ellos ha garantizado su apoyo al decreto del Ejecutivo.  

EL Gobierno cuenta sin embargo con una ventaja. La aprobación del decreto, que impone entre otras medidas el apagado de escaparates y el capado de la temperatura máxima y mínima de los termostatos, sólo requiere de una mayoría simple, es decir, más síes que noes. Dados los 153 noes y los 151 síes actuales, el Gobierno sólo necesitaría este jueves el voto a favor de tres diputados y la abstención del resto. 

La propuesta del Gobierno es la esgrimida en anteriores negociaciones. Conseguir la abstención o el voto favorable de sus socios a cambio de la tramitación de la norma como proyecto de ley, lo que permitiría añadir las enmiendas de otros grupos durante el proceso de tramitación parlamentario.

Sin margen de error

Pero el problema para el Gobierno es que ese subterfugio, que en otras ocasiones ha acabado con el proyecto de ley abandonado, ya no parece convencer a sus socios.

"Luego meten el proyecto de ley en un cajón, o eternizan su tramitación ampliando varias veces el período de presentación de enmiendas. Y finalmente sólo admiten las enmiendas de sus socios preferentes, ERC y EH Bildu" ha dicho uno de esos socios. 

El decreto de medidas de ahorro energético no es una norma cualquiera. En primer lugar, porque el Gobierno no tiene margen de error. Aunque las medidas del decreto no han sido impuestas por Bruselas, el porcentaje de ahorro que debe alcanzar España sí. Y un rechazo de la normativa generaría un problema de calado para el Ejecutivo en la UE.

En segundo lugar, porque el Gobierno prepara para el otoño un segundo decreto con medidas todavía más contundentes. Y si Moncloa no es capaz de aprobar un paquete normativo con medidas de relativo poco impacto y fácil implementación por parte de los ciudadanos y de los comercios, ¿cómo pretende aprobar un segundo paquete con medidas que probablemente supondrán trastornos y perjuicios mucho más graves? Y todo ello, sin pasar por un proceso de negociación previo con las CCAA.  

Propuestas razonables

La insistencia del Gobierno en pasar por un proceso agónico de negociación con ERC y el resto de sus socios habituales cada vez que pretende aprobar una norma sólo se entiende desde un punto de vista estrictamente tacticista. Porque más fácil le resultaría a Moncloa negociar con el PP, especialmente en vista de que varias de las medidas propuestas por este son de un evidente sentido común. 

Y entre esas medidas, la propuesta de proteger el empleo en la industria, amenazado por el aumento del precio de la luz, y la de dar ayudas al transporte por carretera. También ha pedido el PP que el Gobierno se abra a la posibilidad de aumentar la vida útil de las centrales nucleares y al empleo del biogás y el hidrógeno.  

Y esas son propuestas razonables que el Gobierno deberá plantearse en un futuro más o menos cercano para enderezar el fallido modelo energético que nos ha conducido hasta esta crisis de la que la invasión de Ucrania es un agravante, pero no la culpable. En Cataluña se dice que quien gana un día, empuja un año. Pero los que están aquí empujando un año a base de ganar días son los socios del PSOE, no el propio PSOE.