A medida que aumentan los apoyos al indulto de José Antonio Griñán en el seno del PSOE (por una sentencia que sólo será conocida en su totalidad dentro de unas semanas) crece el nerviosismo en un Ejecutivo que ha preferido descargar parte de la presión afeándole al PP que se "atreva a hacer valoraciones" sobre esos hipotéticos indultos cuando sus líderes ocupan "despachos pagados con dinero negro". 

Lo cierto es que, lejos de la imagen que pretende vender el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha evitado hasta el momento hacer sangre con el asunto de los indultos e incluso ha dicho no tener "ningún interés en ver a un presidente del PSOE, exministro y expresidente de la Junta de Andalucía, en la cárcel". 

La presión, por tanto, no proviene tanto del PP, que se ha limitado a calificar de "escándalo" la posibilidad de que se le conceda el indulto a Griñán, una afirmación previsible en un partido que lidera la oposición, como del propio PSOE, donde los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se han manifestado a favor de un perdón que violaría de forma evidente el Código Ético del partido. Por no hablar del agravio que supondría para el resto de los condenados.   

Delitos ligados a corrupción

Exige dicho Código Ético, redactado cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del partido, que "los cargos públicos del PSOE se comprometan a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves".

Parte de ese precepto ya fue violado cuando el PSOE le concedió el indulto a los líderes del procés condenados por sedición, un delito grave contra el orden constitucional. Con el indulto a Griñán, condenado por un delito de corrupción, el PSOE violaría por segunda vez su propio Código Ético. 

Por supuesto, el Gobierno podría argumentar, como lo ha venido haciendo hasta ahora, que Griñán no se enriqueció personalmente en el caso de los ERE. Pero eso sería reinterpretar de una forma muy liberal no ya sólo el delito cometido por Griñán, sino el propio concepto de delito de corrupción. Porque Griñán sí se benefició personalmente del dinero defraudado. Si no financiera, sí políticamente.

Y eso sin entrar en la evidencia de que el beneficio político redunda en un evidente beneficio financiero, aunque sólo sea porque le permite al corrupto perpetuarse en el poder y seguir disfrutando de sus privilegios. 

Aunque el problema principal del indulto es que quien debería beneficiarse de él no sólo no ha pedido perdón, sino que se sigue considerando inocente. Y lo que es más: que su partido, y él mismo, consideran que los hechos ocurridos en Andalucía ni siquiera pueden ser calificados de corrupción.

¿Cómo perdonar entonces a quién afirma que no hay nada que perdonar? 

Justicia de doble rasero 

Es evidente que el caso de los ERE tiene, como dice Feijóo, un trágico componente familiar. Que Griñán es un hombre mayor (76 años). Que la afirmación de que la condena supondrá "el final" para él no puede ser más inquietante. Y que él mismo confesó haber superado el juicio a fuerza de tranquilizantes. 

Pero lo cierto es que este Gobierno ha hecho un uso no ya discrecional, sino libérrimo de los indultos, y que los ha utilizado en su beneficio político tanto en el caso de los líderes del procés como en el caso de Juana Rivas y María Sevilla.

El indulto a Griñán, a pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas que se prevén claves, redundaría además en la imagen de un Ejecutivo que aplica una justicia de doble rasero en función de la adscripción política del delincuente o de los intereses personales del presidente. 

Pero de todos los indultos que ha concedido o que podría conceder el Gobierno, el de Griñán sería sin duda alguna el más comprensible. Porque es un hombre mayor, porque no tiene ya ninguna responsabilidad pública, porque la cárcel no serviría a ningún propósito mayor y porque la posibilidad de que vuelva a delinquir no existe. 

Harían bien Griñán y el Gobierno, en cualquier caso, en reconocer el delito y pedir perdón a los españoles. Porque defender el indulto con el argumento de los votos particulares a la sentencia para a renglón seguido decir que Chaves y Griñán son hombres honrados revela que el PSOE pretende reivindicarse como inocente y, al mismo tiempo, como víctima de una injusticia.

Y las víctimas del caso ERE no son los condenados, sino los andaluces.