El Gobierno aprobará este lunes un real decreto ley que afectará a empresas, comercios, trenes, aviones, aviones o supermercados y que contendrá diversas medidas de ahorro energético de obligado cumplimiento. Entre ellas, una similar a la aprobada en mayo para la Administración General del Estado y que limita las temperaturas de los sistemas de climatización a 19 grados en invierno y 27 en verano. 

El real decreto ley contendrá también otro tipo de medidas destinadas a la reducción del consumo. Por ejemplo, la obligación de revisar las calderas de calefacción, la de cerrar las puertas de los comercios para evitar las pérdidas de aire caliente o frío, o la reducción de los niveles de iluminación en los espacios públicos. 

Es de prever que el real decreto ley contenga también recomendaciones referidas al uso del transporte privado en los pequeños desplazamientos, a la incentivación del teletrabajo o a la reducción del consumo doméstico de energía. 

No es casual que la filtración de las primeras medidas de la norma que se aprobará el lunes haya coincidido con una rueda de prensa del presidente en la que este ha informado de que ha ordenado a los ministros y los funcionarios públicos que no lleven corbata, a no ser que sea estrictamente necesario, para incentivar el ahorro energético.

Es evidente que todas las medidas anunciadas tienen un carácter más simbólico que efectivo. No ya por la dificultad de comprobar que comercios, grandes superficies u hoteles cumplan con la normativa. Sino por el hecho de que ese consumo energético es sólo una pequeña porción de un pastel cuya parte del león le corresponde a la industria.

'Sincorbatismo' gubernamental

Más allá de la opinión que se tenga de ese postureo térmico del presidente que algunos han bautizado ya como sincorbatismo, es evidente que si España aspira a cumplir con el 7% de recorte del consumo al que se comprometió Teresa Ribera el pasado martes con el resto de ministros de Energía de la Unión Europea deberá recurrir a algo más que la limitación de las temperaturas del aire acondicionado. 

Y de ahí que el Gobierno tenga previsto aprobar este próximo septiembre un plan de contingencia y prevención, mucho más estricto que el que se aprobará este próximo lunes, para el caso de que, como teme Bruselas, Vladímir Putin corte total o parcialmente el suministro de gas a la UE este invierno. 

Ese nuevo plan draconiano contemplará una serie de medidas de aplicación gradual en función de la gravedad de la crisis energética. Medidas que sólo en última instancia, es decir en caso de una severa carencia de energía, afectarían al sector privado y a la industria. Nunca, en cualquier caso, a los ciudadanos en su entorno doméstico.

El Gobierno confía en que las medidas destinadas a recortar el consumo energético no supongan una modificación sensible de los hábitos de vida de los españoles. Si ese objetivo se cumple, las medidas serán buenas para el PIB, para el IPC y para el medioambiente. Supondrán un ahorro para empresas y ciudadanos. Y contribuirán a capar una de las mayores fuentes de financiación del régimen ruso. 

Pero tanto el Gobierno como los españoles deben ser conscientes de que, a pesar de que España es uno de los países menos dependientes del gas ruso, las medidas mencionadas son poco más que un analgésico destinado a calmar los síntomas más leves de una enfermedad grave: la dependencia energética de Rusia y de otros países con intereses geoestratégicos sólo a veces coincidentes con los de la UE.

El Gobierno, las empresas y los españoles necesitarán, en resumen, prescindir de algo más que la corbata para cumplir con el 7% de recortes comprometido con la UE.