La comparecencia por videoconferencia de Volodímir Zelenski en el Congreso de los Diputados ha tenido la virtud de clarificar todavía más la postura de un Gobierno que, tras unos primeros días de dudas provocados por la negativa de Podemos al envío de armas, se ha acabado alineando de forma evidente junto al sector duro de la Unión Europea (UE), el partidario de las sanciones más radicales posibles contra Vladímir Putin. 

En su respuesta al presidente ucraniano, que ha llegado a comparar la situación de la Ucrania de 2022 con la del bombardeo de Guernica por parte de la aviación alemana en 1937, Pedro Sánchez ha hecho tres promesas que habrían sido efectivamente impensables durante los primeros días de la invasión rusa. 

La primera, "apoyar las sanciones más duras contra el régimen de Putin". Quizá en referencia a ese quinto paquete de sanciones de la UE que incluye un embargo total al carbón ruso. Quizá, de forma velada, a ese cierre del grifo del gas ruso al que se siguen negando Alemania y Austria, los dos países que rompen hoy el consenso europeo en torno a la idea de un bloqueo total de la economía rusa. 

La segunda, el mantenimiento de los envíos de ayuda humanitaria, asistencia financiera y equipamiento militar "para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas".

La tercera, y quizá la más significativa políticamente de todas ellas, el apoyo de España al ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE): "Ustedes han presentado su solicitud de adhesión a la UE, pueden contar con nuestro apoyo para impulsar las reformas necesarias. Ucrania forma parte de la familia europea y no me cabe duda del resultado de este proceso. La democracia prevalecerá sobre el autoritarismo". 

Unidad de acción

Es evidente que la firmeza de Pedro Sánchez en su voluntad de apoyar humanitaria, financiera y militarmente a Ucrania no habrá sido plato del agrado de su socio de coalición, un Podemos cuyo entorno mediático no ha cesado de sembrar dudas sobre la veracidad de las imágenes de civiles ejecutados sumariamente o sobre los supuestos vínculos del Gobierno de Zelenski con determinados grupúsculos de extrema derecha. 

Pero las dificultades de Sánchez con unos socios de Gobierno cada vez más alejados del más elemental consenso democrático es ahora mismo el último de los problemas en el que debe ponerse el foco. Porque el objetivo prioritario es la ayuda al Gobierno ucraniano y la unidad de acción de una UE en la que sólo Alemania y Austria ponen la nota discordante por intereses estrictamente internos. 

Sin margen moral

La expulsión de España de 27 diplomáticos rusos es una segunda señal de que el Gobierno ha dejado atrás cualquier duda que pudiera albergar respecto a la contundencia con la que responder a la invasión de Ucrania.

La expulsión, anunciada por el ministro de Exteriores José Manuel Albares y que no incluye al embajador Yuri Korchagin, se ha decidido "como consecuencia de las acciones bélicas atroces que hemos visto en Bucha y, recientemente, en Mariúpol". Es seguro que la decisión española comportará una respuesta equivalente de Moscú.

Pero llegados a este punto, y a la vista de las imágenes de las atrocidades cometidas por las tropas rusas, España no tiene ya margen alguno de actuación, ni político ni moral.

La principal tarea diplomática de España debe ser ahora la de presionar a Alemania para que se sume al consenso a favor de un bloqueo total del gas ruso, la principal fuente de ingresos del régimen de Putin. Cualquier otra decisión supondría obligar a Ucrania a pagar en vidas humanas los errores de la política energética alemana.