El argumento esgrimido por el PSOE para ascender automáticamente a fiscal de Sala al fiscal general cuando este cese en su cargo no es descartable de raíz a pesar del inaceptable procedimiento escogido para ejecutarlo: una enmienda parlamentaria añadida de forma extemporánea al proyecto de ley de la futura Ley Concursal. 

Como explican fuentes de la Fiscalía General, "el fiscal general tiene que tomar decisiones difíciles y delicadas respecto a muchas personas y muchos procedimientos". Y eso, efectivamente, podría provocar venganzas personales si dicho fiscal general vuelve a su puesto anterior y este es jerárquicamente inferior al de los fiscales perjudicados por dichas decisiones. 

Dicho de otra manera. El argumento de la defensa de la "dignidad" del fiscal general saliente es tan razonable como lo sería aplicado a cualquier otro alto cargo que se viera obligado a "caer" en la jerarquía profesional por debajo de aquellos a los que hasta hace sólo unos días daba órdenes.

Pero el PSOE tenía a su alcance varias opciones que permitían alcanzar ese objetivo sin copar el primer escalafón de la carrera fiscal, el conocido como "generalato", con cargos escogidos a dedo por el poder político. 

Una enmienda sin debate

El PSOE ha tomado la decisión por sorpresa, con una enmienda parlamentaria a una ley económica que nada tiene que ver con ello, y sin esperar a la muy demandada reforma global del estatuto orgánico de la Fiscalía. Se produce además, como informa María Peral en EL ESPAÑOL, sin debate en el Consejo Fiscal ni en la Junta de Fiscales de Sala. Es decir, de espaldas al propio Ministerio Público. 

"Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese", indica la enmienda.

La primera beneficiada por la medida será Dolores Delgado, que ya había intentado en el pasado una modificación del estatuto de fiscal general por vías diversas. La primera vez, en 2019, a través de un nuevo Reglamento Fiscal, una iniciativa que fue abandonada después de que el Consejo Fiscal informara de que el cambio del estatuto del fiscal general debe realizarse por ley y no a través de un simple reglamento.

La segunda vez, en 2020, introduciendo la modificación en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Una medida que fue rechazado por el propio Gobierno socialista. 

En contra de GRECO

En el PSOE y en la Fiscalía General argumentan también que la reforma destinada a elevar al fiscal general saliente al escalafón más alto del Ministerio Público busca adaptar su estatuto a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).

Pero lo que buscan las recomendaciones del Greco es, precisamente, lo contrario que pretende el Gobierno: fortalecer la autonomía y la independencia del fiscal general, y, de forma más general, la separación real y efectiva del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

¿Y cómo ayuda a eso la promoción del fiscal general, por vías diferentes a las habituales, al máximo escalafón de la carrera fiscal? Algo que, con el tiempo, acabaría conformando un primer nivel de fiscales de Sala copado por completo por ex fiscales generales escogidos a dedo por los diferentes Ejecutivos que hayan pasado por la Moncloa.

No existe mejor manera de garantizar la autonomía del fiscal general que la elección de fiscales sin vinculación alguna con los partidos y, sobre todo, pertenecientes ya, antes de su nombramiento, a los más altos escalafones del Ministerio Fiscal. Porque lo que garantiza su independencia no es lo que ocurra después de su cese, sino el prestigio profesional acumulado antes de su nombramiento.