El informe que cuatro diputados del Parlamento Europeo (la popular francesa Agnès Evren, el socialista maltés Alex Agius Saliba, el liberal rumano Vlad Gheorghe y el conservador polaco Kosma Złotowskihan) han elaborado sobre los 379 asesinatos de ETA todavía no resueltos es demoledor para el Gobierno de Pedro Sánchez. 

El borrador de dicho informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, habla de "falta de justicia para las víctimas" y de "alto nivel de impunidad" de los terroristas nacionalistas vascos. También destaca que "ningún antiguo miembro de ETA ha colaborado hasta la fecha en la resolución de casos abiertos". 

Los eurodiputados llegan a señalar la incongruencia de esta impunidad dado que "se ha constatado la existencia de instrumentos jurídicos y jurisprudencia interna del propio Estado español que podrían conducir al esclarecimiento de muchos de estos asesinatos".

El informe reclama también que los beneficios penitenciarios que el Gobierno ha estado concediendo de forma casi indiscriminada durante los últimos meses se limiten a aquellos terroristas que muestren arrepentimiento y colaboren en el esclarecimiento de los crímenes.

Los cuatro eurodiputados también piden en el borrador de su informe prohibir e impedir los homenajes a los asesinos, los ongi etorri, que periódicamente organiza el entorno de ETA con la complicidad de EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Una exigencia de puro sentido común. 

Permisos a la carta

El informe de la UE coincide en el tiempo con la noticia acerca de los contactos entre el Ministerio del Interior, EH Bildu y los presos de ETA destapados por la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat. Unos contactos que colocan en una posición muy delicada a Fernando Grande-Marlaska y a su mano derecha en el ámbito penitenciario, Ángel Luis Ortiz. 

Si la política de pactos del Gobierno con EH Bildu ya era política y moralmente muy dudosa, la revelación de que los contactos entre el Ministerio del Interior y el entorno etarra (el que organiza los homenajes a los presos y los fugados de la banda) son constantes y han culminado en cambios en la política penitenciaria destinados a beneficiar a los terroristas presos debe levantar todas las alarmas acerca de la complicidad entre el Poder Ejecutivo y los radicales vascos. 

Han sido los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil los que han sacado a la luz la relación entre el Gobierno y dos personas clave del entorno proetarra: el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga y el parlamentario vasco de EH Bildu Julen Arzuaga.

El primero es hoy el responsable de Sare, la red de apoyo a los presos de ETA. Azkarraga es también, según el sumario de la Guardia Civil, el encargado de hacer llegar a los terroristas la información que le comunica el Ministerio del Interior. Y más concretamente, a Kubati, el asesino de Yoyes, hoy responsable de la red de acogida a los etarras que salen de la cárcel.

Disfrutar de la vida

Los contactos entre el entorno de ETA y el Gobierno funcionan de manera bidireccional. Los terroristas hacen llegar sus peticiones al Ministerio del Interior a través de sus intermediarios, y este se encarga de facilitar sus exigencias. 

En varios de esos mensajes, los propios presos comentan con sorprendente normalidad los privilegios concedidos por Instituciones Penitenciarias:

"73 añitos, o sea, que lo lleven a Burgos y luego que le den permiso y echando leches el 2º grado 100.2 para irse a casa a disfrutar de la vida" (en referencia al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite disfrutar de los laxos beneficios del tercer grado estando clasificado en el mucho más restrictivo segundo grado: por eso los trabajadores de prisiones lo consideran un artículo "coladero" que el Gobierno catalán ha utilizado con los presos del procés y el Gobierno central, con los de ETA). 

"Me llaman de Instituciones Penitenciarias para decirme que el juez ya ha firmado la libertad condicional de Otxoa de Eribe. Así que me imagino que la libertad se producirá ya" (en referencia al etarra José Ángel Otxoa de Eribe, que fue liberado en julio de 2019 tras ser diagnosticado de cáncer cuatro años antes, y que murió en octubre de ese mismo año). 

"Mover a ambas a Villabona o a Logroño, que tienen criaturas fuera y el viaje es largo y penoso" (en referencia a dos terroristas que tienen hijos y que han utilizado el argumento del largo viaje que estos debían realizar para visitarlas para recibir beneficios penitenciarios y ser acercadas a prisiones más proximas al País Vasco). 

Los hechos revelados por la Guardia Civil son de una gravedad inaudita y revelan una complicidad inadmisible entre altas instancias del Gobierno y unos presos que ni se han arrepentido ni han colaborado jamás en el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos de ETA que quedan por esclarecer. La supervivencia de Marlaska al frente del Ministerio del Interior es desde hace mucho tiempo difícilmente comprensible. Estas revelaciones de la Guardia Civil la hacen, lisa y llanamente, insostenible.