La Unión Europea (UE) ha decretado un apartheid sanitario para evitar la extensión de la nueva variante ómicron de la Covid-19 desde su foco principal, Sudáfrica, hasta territorio europeo. La prohibición de los vuelos se ha ampliado a otros seis países vecinos: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue.

La medida durará 14 días, el periodo mínimo que la UE considera que será necesario para comprender la nueva variante B.1.1.529 y obtener información detallada acerca de su letalidad. 

En Europa sólo se ha detectado hasta el momento un caso de la variante ómicron. Se trata de una mujer belga que ha desarrollado la enfermedad tras haber viajado a Egipto. La joven, que no estaba vacunada, no ha desarrollado una sintomatología grave y nadie de su entorno ha sido contagiado. 

La nueva variante ómicron ha generado el alarmismo irresponsable de varios medios de comunicación. Es cierto que algunos países de la UE viven en estos momentos una nueva ola de la epidemia y que se especula con la posibilidad de imponer nuevas medidas restrictivas. Pero la nueva ola de la Covid-19 no tiene nada que ver con la variante ómicron y, de momento, no hay señales de que esta pueda haberse extendido por Europa.

La UE ha actuado con acierto aplicando el llamado freno de emergencia, un protocolo diseñado para frenar la propagación de nuevas variedades del virus. Ursula Von der Leyen ha recordado que los contratos firmados con los laboratorios productores de vacunas les obligan a desarrollar vacunas efectivas contra esas nuevas variantes. 

Vacunación en África

Cabe extraer algunas conclusiones de la aparición de la nueva variante ómicron y del contagio de la joven belga.

La primera es la necesidad de la vacunación. La postura de este diario ha sido explicada en anteriores editoriales: la vacunación no debe ser obligatoria, pero el ejercicio de esa libertad personal debe comportar la asunción de las responsabilidades que se deriven de dicha negativa. Y entre ellas, la imposibilidad de viajar a países donde la tasa de vacunación, como en el caso de Egipto (13,7%), sea muy inferior a la europea.

La segunda conclusión es la necesidad de que los países desarrollados, esos en los que el porcentaje de vacunación ronda el necesario para la generación de inmunidad de grupo, se comprometan con la vacunación en los países africanos y/o subdesarrollados.

Es cierto que el problema en el caso de África no es tanto la falta de vacunas como la de la infraestructura y el personal necesarios para que estas lleguen a una población cuya prevención frente a la epidemia es por lo general menor que en Europa. Pero el riesgo de que el virus derive en nuevas variedades altamente mutadas y más letales, y quizá también resistentes a las vacunas actuales, debería servir de incentivo para los países occidentales. 

Nuevas medidas restrictivas

Los ciudadanos españoles deben, por su parte, seguir aplicando las medidas de prevención habituales durante las primeras fases de la epidemia: mascarilla en espacios abarrotados, higiene de manos y la razonable distancia social. El alto porcentaje de vacunados en nuestro país supone un freno evidente para la aparición de nuevas olas, pero no las evita al 100%.

Es irónico que ese pequeño porcentaje de negacionistas de la vacuna sea el que se muestra más crítico en las redes sociales con la posibilidad de que los Gobiernos europeos adopten nuevas medidas restrictivas. Por supuesto, esas medidas deben ser utilizadas sólo como último recurso y la sospecha frente a los gobiernos que las esgrimen burdamente como solución de primera instancia es legítima. 

Pero nadie será más culpable de esas medidas restrictivas, si estas llegan a adoptarse, que aquellos que se han negado a vacunarse. Los datos están ahí para cualquiera que quiera comprobarlos y son explícitos: la vacuna reduce muy sensiblemente la posibilidad de contagiarse y, en el caso de que ese contagio ocurra, reduce también muy sensiblemente la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave.

No hay conspiracionismo que valga: son los no vacunados los que nos ponen en riesgo a todos. Especialmente frente a la aparición de nuevas variantes del virus. Los ciudadanos son libres de no vacunarse si lo desean, pero también lo es el resto de la sociedad para adoptar las medidas necesarias (y entre ellas el pasaporte sanitario) que eviten que la irresponsabilidad de unos pocos nos acabe perjudicando a todos. La pandemia, como afirman los virólogos, sólo acabará cuando todo el mundo esté vacunado. Incluida África.