Habría sido naif pensar que el auto del Tribunal Supremo confirmando la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar un 25% de clases en español iba a cambiar la rutina habitual en la comunidad.

Es decir, la de la desobediencia reiterada de las muchas sentencias judiciales que los tribunales han dictado contra un sistema de inmersión lingüística que viola el derecho de los alumnos a recibir un mínimo de clases en español y que, en la práctica, lo erradica del sistema educativo catalán. 

Sin embargo, y como informa hoy EL ESPAÑOL, existe una diferencia sustancial entre el último auto del Tribunal Supremo y las muchas sentencias que a lo largo de las últimas décadas han reiterado una y otra vez que la Generalitat debe garantizar la enseñanza del español en las escuelas catalanas a todas las familias que lo soliciten. 

La diferencia es que, en esta ocasión, agotada la vía judicial para la Generalitat, las familias y las asociaciones de padres podrán exigir el cumplimiento efectivo de la sentencia del TSJC. Si los colegios catalanes o la Generalitat se niegan a ello, tanto el consejero regional de Educación, Josep González-Cambray, como los directores de centros educativos podrán ser multados y, en última instancia, inhabilitados. 

Un derecho constitucional

El Gobierno ha afirmado ya, por boca de la ministra de Educación Pilar Alegría, que no exigirá el cumplimiento de la sentencia del TSJC, amparándose en que la LOMLOE anula la anterior ley educativa, a la que hace referencia la sentencia del TSJC. 

El subterfugio tiene un corto recorrido. En primer lugar, por la mencionada facultad de padres y asociaciones para pedir el cumplimiento de la sentencia a la Justicia sin que sea necesario para ello la intervención del Ministerio de Educación. 

En segundo lugar, porque el derecho a recibir un 25% de la educación en la lengua materna y de identificación de la mayoría de los catalanes (según datos de la propia Generalitat) tiene su amparo en la Constitución y no en las leyes educativas que con venenosa regularidad PP y PSOE promulgan para anular las anteriormente vigentes.

Un sistema injusto

Jurídicamente, la inmersión lingüística, un sistema educativo que sólo existe en Cataluña y las islas Feroe, y que condena a los alumnos a ser educados en sólo uno de los dos idiomas oficiales en el territorio, ha muerto. Cuestión diferente es su recorrido en el ámbito político, donde los partidos nacionalistas, incluidos el PSC y los comunes de Podemos, la consideran irrenunciable.  

Si el catalán es un idioma útil, inútil, vivo o en desaparición es materia de debate para filólogos, lingüistas y sociólogos, y será el mercado de las lenguas el que dicte sentencia definitiva, como ha ocurrido desde que nació el primer código de comunicación humano. 

Pero si la pregunta es si las Administraciones deben imponerlo de forma artificial a los ciudadanos catalanes a costa de aplastar su derecho a ser educados en el idioma común de todos los españoles, la respuesta es "no". 

En cualquier caso, el fin de la inmersión lingüística no tiene nada que ver con la buena o mala salud del catalán porque las lenguas no tienen derechos, como no los tienen las comunidades. Son los ciudadanos los que tienen derechos, y es la Generalitat la que los ha violado de forma sistemática a lo largo de los últimos 40 años. Ha llegado por tanto la hora de devolver a los ciudadanos los derechos que el nacionalismo les ha robado. 

Y si la Generalitat y sus funcionarios se niegan a hacerlo, que la Justicia actúe con toda la contundencia que sea necesaria, tal y como se hizo con los líderes del procés. Cataluña no puede ser un sempiterno agujero negro del Estado de derecho.