Al ministro Fernando Grande-Marlaska no dejan de salpicarle los escándalos. Su última polémica nace por la postura adoptada por su ministerio ante la denuncia de agresión que interpuso la subdirectora de la cárcel de Villena contra dos funcionarios de prisiones. Denuncia que avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL.

Los hechos son diáfanos. En lugar de aguardar a las conclusiones de la investigación iniciada por la Guardia Civil, el Ministerio de Interior justificó la suspensión inmediata de los señalados por la "incuestionable" gravedad de los hechos.

Pero lo que ha resultado de una gravedad "incuestionable" ha sido dicha decisión, pues las pesquisas han determinado que la denuncia era falsa.

El despido de la denunciante no es suficiente por sí solo para enmendar la imprudencia cometida por el ministerio de Marlaska. Porque se suma a otras ocasiones en las que Interior ha actuado más como un activista y a golpe de titulares que como el Ministerio con la mayor responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y protección de derechos fundamentales.  

Ni rastro de prudencia

Debería sorprender que Interior, encabezado por un hombre que labró su fama con su implacable labor como juez de la Audiencia Nacional en las causas contra ETA, dictara sentencia contra los empleados de la prisión sin pruebas, y que lo hiciera además con el único amparo de una denuncia falsa. Pero ya no sorprende.

No queda lejos la campaña que lideró el Gobierno en general, y Marlaska en particular, a propósito de la falsa denuncia de un joven en Malasaña. Joven cuya vista, por cierto, se celebrará la semana que viene. En este caso, el muchacho denunció ante la policía que un grupo de jóvenes encapuchados le había asaltado a plena luz del día, y en el portal de su casa, para agredirle y grabarle con una navaja la palabra maricón.

En este periódico pedimos entonces prudencia ante un caso que ponía los pelos de punta, pero cuya investigación policial estaba todavía en mantillas. Una prudencia que no tuvo el ministro. Marlaska utilizó el testimonio del chico para emprender una campaña política contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y para propagar el mensaje (falso) de un Madrid a merced de la homofobia y el fascismo.

¿Por qué no esperó a que la Policía, o en este caso la Guardia Civil, terminara su trabajo y resolviera qué sucedió realmente? ¿Acaso Interior está más comprometido con un sistema de justicia popular, ideologizado y arbitrario, que con las prácticas lógicas y lentas (pero seguras) de un Estado de derecho como España?

A merced de Bildu

A la manifiesta irresponsabilidad de Marlaska ante las falsas denuncias se une una política penitenciaria de espanto. Y no sólo por la implantación de un sistema que incentiva las concesiones de terceros grados a los presos, con las consecuencias terribles que hemos señalado en editoriales anteriores.

También por su política de acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, a voluntad de EH Bildu, y que incluye métodos alarmantes. Como el de aceptar los informes redactados por una integrante de la extinta Batasuna, ilegalizada en 2003 como brazo político de la banda armada, para beneficiar a terroristas con delitos de sangre.

Son sólo algunos de los múltiples casos que componen la larga lista de polémicas del Ministerio del Interior durante este annus horribilis de Marlaska. Y todavía tenemos mes y medio por delante hasta 2022. Cada día resulta más difícil explicar su continuidad en el Gobierno.