Numerosas familias españolas inmersas en procesos de gestación subrogada pueden quedarse atrapadas en Ucrania una vez que el Consulado ha impedido que los bebés puedan ser inscritos en el Registro Civil. De este modo, los recién nacidos se ven privados de nacionalidad española por una medida tomada por Exteriores hace poco más de un mes.
La débil razón esgrimida es que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos hace imposible realizar la prueba de ADN a los niños y demostrar, así, la identidad del progenitor, un requisito indispensable para su registro. En esta medida torticera se adivina una motivación ideológica que ataca directamente a la libertad de los padres.
Excusa
Es más, una comunicación reciente de la Embajada de España en Ucrania desaconsejaba "claramente iniciar un proceso de este tipo por no tener cabida en el ordenamiento jurídico" que anula, "de pleno derecho", cualquier "contrato en el que se convenga la gestación".
Con este aviso, y con la excusa de que el trato a las "madres gestantes" puede no ser el óptimo, la Embajada se lava las manos de cara a velar por los intereses de ciudadanos españoles.
Carmen Calvo
Conviene recordar que ya en junio la vicepresidenta Carmen Calvo rechazó ante Cs la gestación subrogada con el argumentario de que "la gestación no puede estar separada del parto ni del derecho íntegro, físico y psicológico de las mujeres".
Porque aquí no sólo está en juego la libertad de los padres. Queda de manifiesto que las autoridades consulares, por razones de doctrina, no amparan los intereses de súbditos españoles. Lo más grave es que se desasiste al recién nacido y se atenta contra la seguridad jurídica de estas familias a las que el Gobierno va a dejar en la estacada.
