Tras dos semanas de pasión, en las que el PP ha vuelto a ver ligadas sus siglas y su imagen a la lacra de la corrupción, Mariano Rajoy se ha procurado el respaldo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado echando mano de la chequera pública. La factura del apoyo del PNV se ha sustanciado en importantes partidas en infraestructuras para el País Vasco y en una rebaja del cupo tan arbitraria que, además de agravar la desigualdad fiscal entre autonomías, ya levanta ampollas en las Comunidades peor financiadas.
Este acuerdo vuelve a convertir a un partido nacionalista en un aliado crucial para el Gobierno cuando ya se creía superado el bipartidismo. Y lo peor es que su letra pequeña, en lugar de responder a una negociación basada en criterios fiscales, se ha concretado en el marco de una negociación política en la que Rajoy ha mirado a corto plazo, pensando sólo en ganar tiempo y lograr sacar adelante el debate de los Presupuestos.
Más tensiones
En pleno pulso independentista y dados los problemas de déficit público generalizados en las autonomías de régimen común, existe un riesgo considerable de que el último chalaneo del Gobierno resienta la convivencia, al ahondar en el agravio comparativo de las excepciones fiscales reconocidas en la Constitución.
Los conciertos vasco y navarro permiten a ambas comunidades recaudar y disponer de todos sus impuestos. Ambas Comunidades transfieren anualmente al Estado un cupo por el coste de las competencias no transferidas -básicamente y relaciones exteriores- y para el mantenimiento de la Corona. Pues bien, tras el pacto alcanzado con el Gobierno, que resuelve discrepancias contables desde 2007, el País Vasco verá reducida en un 40% su aportación -hasta los 956 millones de euros- y recibirá además 1.400 millones de euros en compensación por lo aportado de más.
Las estimaciones más solventes estiman que, gracias a los conciertos, las comunidades forales tienen entre un 60% y un 30% de recursos adicionales, una desigualdad y una distorsión que un cupo tan reducido como el ahora pactado para el próximo quinquenio sólo puede multiplicar. La legalidad del concierto -y por tanto del cupo- es incuestionable, aunque lo lógico sería avanzar hacia la armonización fiscal y la unificación de criterios. Pero lo que no tiene un pase es la infraestimación de las competencias centrales y la no participación de País Vasco y Navarra en los mecanismos de nivelación autonómica para garantizar la solidaridad fiscal entre autonomías.
En este sentido no es extraño que el socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, haya advertido ya a Rajoy que del mismo modo que ha “mejorado” el cupo vasco, tiene ahora la obligación de resolver el problema de la infrafinanciación autonómica. Del mismo modo, es natural que Ciudadanos se haya desmarcado de un pacto que en el que Rajoy, por procurarse un balón de oxígeno, parece dispuesto a asfixiar a todo el mundo.