La misma Sala de la Audiencia Nacional que hace un año no vio motivos para investigar al Banco de España en el caso Bankia se ha rendido a las evidencias y ha ordenado al juez Fernando Andreu que esclarezca la implicación del regulador en la estafa que supuso la salida a Bolsa de la entidad financiera. El ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cinco de sus colaboradores, el ex presidente de la CNMV Julio Segura y el ex número dos del supervisor Fernando Restoy tendrán que declarar como investigados por su responsabilidad en el escándalo bancario más grave de la historia de España.
El auto, que admite parcialmente un recurso de la Confederación Intersindical de Crédito, ha caído como un jarro de agua fría en el regulador, que ha intentado tardíamente restañar su reputación con la "renuncia" de los tres altos cargos implicados que quedaban en activo.
Correos demoledores
La Fiscalía y el propio instructor se habían opuesto a investigar al Banco de España, que finalmente ha resultado engullido en el caso Bankia por los indicios incriminatorios de cuatro mails "demoledores" incorporados a la causa. Si los informes de inspección hacían sospechar que la constitución y salida a Bolsa de BFA-Bankia fue un engaño masivo que causó un perjuicio de 15.000 millones de euros a accionistas, preferentistas y contribuyentes, las revelaciones de estos correos comprometen gravemente la actuación del regulador.
Estos mails demuestran que el Banco de España sabía que en Bankia la falta de rentabilidad era un "problema" y la falta de liquidez era una "amenaza", por lo que sacarlo al mercado de valores "no era viable". Muy al contrario, el regulador permitió la salida a Bolsa de una entidad rescatada que maquilló sus cuentas para ofrecer beneficios.
Connivencias políticas
El auto advierte que no es el momento procesal de establecer responsabilidades penales, pero responde positivamente a un recurso en el que se pide la imputación de la cúpula del Banco de España por su presunta complicidad en los hechos. Es difícil creer que un fraude masivo como el que supuso la salida de Bankia a Bolsa, en el que aparecen implicados organismos principales de la Administración, se pudo cometer sin connivencias políticas de máximo nivel.
Ciudadanos instó la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre el rescate financiero, pero populares y socialistas bloquearon la iniciativa alegando razones formales. La investigación judicial del caso Bankia ha cobrado ahora una nueva dimensión que obliga a impulsar esta comisión. Si los grupos mayoritarios ponen trabas ahora sólo demostrarán que quieren impedir que se hurgue en su viejas complicidades en el control de las cajas de ahorro.