El acto celebrado por Ciudadanos este martes en Madrid en favor de la regulación de la gestación subrogada de carácter altruista -es decir, sin contraprestación monetaria- es un primer paso en la buena dirección. El partido de Albert Rivera, que se ha comprometido a presentar una iniciativa parlamentaria al respecto, se convierte así en abanderado de un debate que genera posturas encontradas en el resto de formaciones.

Sin embargo, estamos ante una realidad y una demanda social a la que los responsables políticos no deben seguir dando la espalda. Sobre todo en un país como España, con una bajísima tasa de natalidad y donde los protocolos de adopción son tan complicados que llegan a convertirse en disuasorios.

La Ley de Reproducción Asistida de Zapatero de 2006 declaró nulos los contratos de gestación subrogada. No obstante se calcula que cada año cerca de un millar de parejas españolas viaja a EE.UU., Canadá, Reino Unido, Rusia, Ucrania o Grecia para contratar vientres de alquiler por cantidades que oscilan entre los 40.000 y los 200.000 euros. Ni siquiera hay un registro oficial de niños adoptados así en terceros países, lo que por sí sólo demuestra hasta qué punto se trata de una práctica opaca que genera no pocas situaciones de inseguridad jurídica.

La "única alternativa"

Desde un punto de vista estrictamente legal, no tiene sentido que la legislación española prohíba la maternidad subrogada cuando luego sí se ocupa -lógicamente- de sus consecuencias civiles: registrar a los niños adoptados, garantizar las prestaciones por paternidad...

Y desde un punto de vista médico, los centros especializados en reproducción asistida, como el Instituto Valenciano de Infertilidad -a la cabeza en investigación-, defienden sin tapujos la regulación de esta forma de gestación como la única alternativa para muchas mujeres con ovarios sanos pero a las que se les ha extirpado el útero.

Ha llegado, pues, la hora de afrontar el debate sobre los vientres de alquiler sin los prejuicios y los lastres doctrinarios absurdos que esgrimen sus detractores a izquierda y derecha. Nadie está a favor de la "cosificación de la mujer" -un argumento que también podría alegarse para oponerse a la donación de óvulos-, como tampoco a la "mercantilización de los niños".

Los partidos

En el PP hay voces relevantes como las de Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre o Javier Maroto que ya se han pronunciado a favor de regular de una vez la gestación subrogada altruista. La posición fijada por Ciudadanos debería servirles de ejemplo para vencer la resistencia de los elementos más conservadores de su partido en la ponencia social de su congreso este fin de semana. La facción más reaccionaria del movimiento feminista -contraria a este método- ha impedido al PSOE y Unidos Podemos abordar la cuestión con serenidad.

Sería ilusorio presumir que la regulación de la gestación subrogada pondrá fin al negocio que para algunas mujeres supone prestar su útero. Por eso, hablar de "altruismo" en este ámbito resulta ingenuo. Ahora bien, dado que los vientres de alquiler son una realidad de hecho, lo coherente y sensato es empezar a legislar en lugar de seguir mirando hacia otro lado.