Nunca he dudado de que el Gobierno añora en el fondo los tiempos más duros de la pandemia.
No porque les suponga insensible a las muertes y al sufrimiento que se produjeron. Pero así como en la historia ha habido políticos que tras una guerra han sido incapaces de administrar la paz, los hay que una vez han tocado con los dedos lo que significa un estado de excepción alargado a voluntad les cuesta aceptar de nuevo las reglas de la democracia parlamentaria. Y no pueden evitar que se les note.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Basta un evento en el que sientan cómodos. Pongamos un coloquio bajo el título Retos de la Portavocía del Gobierno en la era de la posverdad. Y ahí tenemos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, proponiendo un NO-DO 2.0 bajo la premisa de que quién mejor que el Ejecutivo para saber lo que le conviene saber o ignorar a los ciudadanos.
"Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo", dijo Rodríguez en el citado coloquio.
Para la portavoz, así se lograría que "además del total de la actualidad", se dispusiera de noticias para "las preocupaciones del día a día de la ciudadanía", consiguiendo que "la información se aproxime a un interés no sesgado previamente" (salvo por el propio Gobierno)
¿El antecedente de esos espacios de utilidad pública a los que se refiere la portavoz? Las homilías de Pedro Sánchez durante la pandemia, las ruedas de prensa sin prensa, las declaraciones diarias del señor del jersey con bolitas o las del ministro Illa y su plantel de uniformados.
Los españoles encerrados, las Cortes en suspenso y la agenda informativa en manos del Secretario de Estado de Comunicación del Gobierno. Disneyland París para un dirigente como Sánchez.
Y aunque no puede decirse que la prensa esté hoy mismo defendiendo su virtud como una mártir romana cualquiera, ojo, porque no siempre se interesa por lo que el Gobierno querría que se interesase. E incluso hay algún medio que de vez en cuando, y con la realidad en la mano, le lleva la contraria.
Aquí la semántica lo es todo. Empecemos por esa “posverdad” que aparece en el título del coloquio ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la posverdad? A día de hoy, a todo lo que contradice las verdades universales del Gobierno. Y, por extensión, al catecismo de la progrez en toda su amplitud dogmática, litúrgica, moral y mística.
En cualquier caso, la izquierda y la extrema izquierda han entendido cuáles son los riesgos. Poco a poco, vulnerando la Constitución, los derechos fundamentales y el sentido común, han convertido lo que para ellos es herejía en objeto de sanción.
Y así, leyes estatales, autonómicas y normativas municipales, trabajan juntas para que los preceptos generados en los foros y organismos copados por la progresía se conviertan en verdad literalmente incuestionable.
“Preocupaciones de la ciudadanía”. No diré que no sea cierto que esas preocupaciones no siempre coinciden con la agenda de los medios o de los políticos. De hecho, parece obvio que lo prioritario es la cesta de la compra, la factura eléctrica, la de los combustibles, el acceso a un puesto de trabajo o la vivienda.
Sin embargo, que no se equivoquen. Además de eso nos preocupa y nos enfada, por ejemplo, que el Gobierno esté voluntariamente en manos de golpistas y filoterroristas. Y, de hecho, cada peaje que se les paga nos indigna todavía más.
Si se cumpliese el sueño de la portavoz Isabel Rodríguez y de su jefe, en los informativos de la noche, después del espacio dedicado a los deportes, nos explicarían cada día las maravillosas medidas tomadas gracias a nuestro dinero. Y de pasada puede que nos contasen además un tema tan sin importancia como que el delito de sedición ya no existe, pero sólo porque tenemos que armonizar nuestro Código Penal con la civilizada Europa.
Y, por supuesto, afirmar –con datos- que en esa Europa a la que aluden se castiga ese tipo de acciones con bastante más dureza que en España no sería más que "posverdad".
Una posverdad a combatir.
Quién sabe si con una nueva ley.
