No comprendo la potestad del Poder Ejecutivo para poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, una sentencia del Poder Legislativo. Bueno, si se tratase sólo de dudar o mostrar el rechazo a una sentencia, sería lógico. El problema es que de un plumazo el gobierno, a su antojo, puede conmutar o eliminar una pena dejando por inútil todo el proceso judicial.
Si la democracia, desde Montesquieu, se basa en la triple separación de poderes, que el Ejecutivo actúe como una suerte de Tribunal Supremo de la última instancia judicial, esto anula la independencia legislativa dejando coja la base del sistema democrático.
El perdón por parte de un gobierno sólo debería tener cabida en los cambios de regímenes con las amnistías a los presos políticos o choricetes de medio pelo. Que el presidente del Gobierno de España pueda actuar como el presidente de una plaza de toros, sacando el trapo naranja, carece de explicación lógica.
Quizás el problema (aunque sigo pensando que es una anomalía) de esta medida de gracia no sea el uso de la misma, sino el abuso. Si no recuerdo mal, todos o casi todos los ejecutivos que han gobernado en España han recurrido al indulto. Algunos más polémicos y/o más sonados que otros.
Aunque hasta ahora jamás era tan explícito o evidente el interés político. Al contrario, los casos más sonados fueron ideológicamente cruzados: Aznar dio el perdón a los socialistas Vera y Barrionuevo y Felipe González al general Armada.
[La familia de Griñán presenta la petición de indulto parcial por razones de "humanidad"]
La cuestión es que el gobierno de Pedro Sánchez, que explora todos los límites constitucionales, se está valiendo continuamente de esta potestad (está tirando de esta palanca) por interés político o afinidad ideológica, haciendo pasar, por arte de birlibirloque, a estos condenados (tras un proceso de blanqueamiento mediático) en una suerte de mártires condenados por su ideología o su militancia.
A Juana Rivas se le perdona por congraciarse con sus socias de Unidas Podemos y pescar en el caladero del feminismo demagógico (hoy día sobrepoblado), a los presos del procés por obtener un mísero apoyo parlamentario y sacar adelante unos presupuestos, y a Griñán se le va a condonar la pena porque es uno de los nuestros.
En el caso del expresidente de la Junta de Andalucía, tanto familiares como compañeros de partido y el propio ‘Pepe’ están poniendo ojitos de gato de Shrek tratando de ablandar, alegando motivos humanitarios, a quien corresponda para recibir el perdón.
¿Robó Monopodio en la novela ejemplar de Cervantes? No le hacía falta, él esperaba sentado en su patio (in vigilando) los hurtos de los Rinconetes, Cortadillos, Chiquiznaques y Maniferros de turno.
Cada vez que su entorno (familiar, mediático, político) esgrime argumentos lacrimógenos, demagógicos y sentimentaloides, uno no es de piedra y ve la cara ‘del bueno de Pepe’ (como de revisor distímico de la Renfe) y piensa que qué necesidad hay de que ese hombre mayor pise el penitenciario.
Pero, claro, luego me acuerdo, por recurrir a un ejemplo cercano, de esos extrabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real, y de sus familias, a los que la Junta dejó en la estacada y se me pasa: dramas familiares, ruinas, divorcios, depresiones, suicidios… Todo porque un grupo dirigente desvió las ayudas correspondientes también por intereses políticos. ¿Y quién era su máximo responsable?
Lo cuenta mejor que yo el coplero local Antonio Martín, con esa demagogia irresistible de un pasodoble de carnaval: "Esa fábrica cerrada, esos currantes paraos, esa ayuda miserable. Esos empresarios locos, esos sindicatos rotos, esos líderes cobardes. Y esos puestos de trabajo a cambio de subvenciones. Esas manifestaciones y esas huelgas imposibles…".
¡Alguien tiene que pagar por ellos, por nosotros, por los andaluces! Y Juan Espadas lo sabe y, a riesgo de enemistarse con sus padrinos políticos, ha puesto estratégicamente (clavándole un frío puñal al padre) un cortafuego que le permita avanzar sin las pesadas alforjas de una herencia envenenada. La herencia del Tío Pepe.