Hacia un 155 de, al menos, ocho años

Con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez pretendía transmitir, por un lado, una imagen de normalidad institucional, asentada en el diálogo con la Generalitat, y, por el otro, una sensación de estabilidad política que aventara el fantasma de las elecciones anticipadas. En uno y otro ámbito, le ha salido el tiro por la culata.

Los españoles asistimos, primero, con estupor, a un tira y afloja, de más de una semana, para que se consumara algo tan simple como el encuentro de rigor con el presidente de la comunidad autónoma a la que se desplaza el jefe del Ejecutivo. El estupor se fue trocando, después, en indignación, al comprobar cómo Sánchez iba cediendo en todos los detalles protocolarios, hasta permitir que se escenificara una cumbre bilateral entre los gobiernos de dos entes soberanos enfrentados, como pretendía Torra.

Y mucho peor aún que las formas, ha resultado ser el contenido. Todo reproche de la oposición, incluida la palabra "ignominia", se queda corto tras la lectura del comunicado pactado por ambos. Como en el caso vasco, en los peores momentos de debilidad frente a ETA, Sánchez ha asumido formalmente el término "conflicto" para referirse a la sistemática vulneración de la legalidad por las autoridades autonómicas. Y, a continuación, se ha comprometido a impulsar "una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana".

Cuesta creerlo. Después de todo lo sucedido, volvemos al disparate del "lo que venga de Cataluña" de Zapatero, con el agravante de que ya ni se habla de "Estatuto", ni siquiera se hace referencia alguna a la Constitución o la soberanía nacional.  Este concreto marco legal, en vigor desde hace cuarenta años, fruto del impulso y aval constituyente de casi veinte millones de españoles, incluida una abrumadora mayoría de catalanes, es sustituido por una vaga referencia a la "seguridad jurídica", que perfectamente encajaría con las Leyes de Desconexión, tal y como fueron diseñadas y aprobadas por el Parlament.

La Constitución podrá ser un "sobreentendido", como alegó torpemente la portavoz Celaá, cuando se reúnen dos partes que la honran y respetan. Aceptar esa elipsis, ante quien ha demostrado de palabra y obra su propósito de desacatarla, es simplemente rendirse.

En lugar de reprochar a Torra su apuesta por la vía eslovena o sus reiteradas incitaciones a los CDR a practicar la violencia, por no hablar de sus secreciones racistas anteriores, Sánchez ha ido a Barcelona a blanquearle, asumiendo con él la promesa, en comandita, de "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña". ¿Cómo no van a deducir los separatistas, de estas temblorosas palabras, que la consecución de la independencia es una mera cuestión de acumulación numérica?

¿A qué llama Sánchez "un amplio apoyo en la sociedad catalana"? ¿A que la independencia no solo gane en escaños, sino también en votos? ¿A que llegue al 60%? Mientras los promotores de la secesión controlen los medios de comunicación y la enseñanza, bastará un poco más de tiempo para ello.

Por otra parte, todas las encuestas reflejan ya ese "amplio apoyo" en favor de un referéndum de autodeterminación. ¿Está sugiriendo Sánchez la posibilidad de abrir esa vía, tal y como propone Pablo Iglesias, arrebatando al conjunto de los españoles la capacidad de decidir sobre el futuro de una parte de España?

La asunción de esta retórica perfora el periostio de la soberanía que protege a todos y cada uno de los huesos que componen armónicamente el indivisible esqueleto del Estado. Si aceptamos que la tibia derecha o la parte de la caja torácica a la izquierda del mediastino puedan irse por su propia voluntad, el conjunto del cuerpo social colapsará.

Ese es, de hecho, el propósito de las fuerzas revolucionarias que convergen con los separatistas, hasta el extremo de manifestarse juntos, bajo el lema podemita de "tumbemos el régimen del 78". Si aspiraran simplemente a la separación pacífica de Cataluña, ¿qué más les daría cuál fuera el "régimen" que conservara el resto del Estado? Es obvio que el propósito final es la destrucción de la España constitucional, fruto de cinco siglos de Historia, en un proceso de balcanización, todo lo violento que haga falta.

Basta imaginar lo que hubiera ocurrido en las calles de Barcelona el viernes, si Torra hubiera ordenado a los Mossos ponerse del lado de los CDR. Algo que, probablemente, ocurrirá el día que la rendición a plazos de Sánchez deje paso a un Gobierno con otra política más firme. No olvidemos que el pretexto del 6 de octubre del 34 fue la entrada de ministros de la CEDA en el gabinete de Lerroux.

Estos días, vuelve a circular por las redes sociales la pregunta que hice a Zapatero en 2006 en la Moncloa: "¿Se sentirá responsable si dentro de diez años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?". El foco se pone en su respuesta, como ejemplo de profecía equivocada: "Dentro de 10 años, España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos". Es verdad que él no contaba con la sentencia del TC que tumbó el Estatut -como, en mi opinión, no podía dejar de suceder-, pero lo cierto es que sólo la tercera aseveración se ha cumplido felizmente.

La diferencia es que, así como sólo los más obtusos o peor pensados dudan de la motivación idealista de Zapatero -empeñado ahora en redimir a los golpistas del 1-O-, el oportunismo egocéntrico de Sánchez salta a la vista. Si da alas al separatismo, es porque la aritmética del parlamento le convierte en rehén de sus votos. Y ha quedado claro que, con su amago de triple advertencia epistolar de hace unos días, sólo buscaba capitalizar el miedo al vuelco político, augurado por Andalucía, y obligar a Torra a utilizar a los Mossos para proteger el Consejo de Ministros.

Seguimos, pues, en su "plan A", consistente en alargar la legislatura cuanto sea posible, manteniendo la expectativa de que PdeCat y ERC puedan terminar apoyando el Presupuesto, igual que han hecho con el techo de gasto. Si, entre tanto, cuaja un pacto de centroderecha en Andalucía, supeditado a los escaños de Vox, ya tendrá servido el relato para intentar movilizar a la izquierda y el nacionalismo contra la "extrema derecha" españolista.

Queda la doble duda de hasta cuándo los separatistas mantendrán las formas, mientras se desarrolla un juicio que, probablemente, acabará en severas condenas, y hasta cuándo los barones socialistas seguirán aguantando una estrategia que erosiona, a ojos vista, sus posibilidades de cara a las autonómicas y municipales de mayo. Es normal que la mera hipótesis de un superdomingo electoral, en el que todo quede dominado por el ajuste de cuentas con el entreguismo de Sánchez, les quite el sueño.

El balance final que el presidente hace de las elecciones andaluzas se parece bastante al de Franco tras el asesinato de Carrero: no hay mal que por bien no venga. Con el nada desdeñable matiz de que se trata de un mal que, además, le produce una satisfacción íntima. Sólo le falta bailar sobre la imaginaria tumba de Susana Díaz.  Pero ni el asesinato del Almirante permitió a Franco detener el ocaso de su régimen, ni el miedo de la izquierda al auge de Vox camuflará la indignación nacional contra el PSOE por la nefasta política catalana de este Gobierno.

Máxime, cuando ni siquiera sus más activos voceadores -el último de ellos Sánchez Llibre, que acaba de pasar del pesebre de Unió a los villancicos de Fomento o viceversa- creen que un "diálogo", oficiosamente asumido ya como "de besugos", pueda ser fructífero. Sólo los muy tontos pueden ignorar que ni los separatistas tienen voluntad de buscar un punto de encuentro ni Sánchez capacidad alguna de concretarlo.

Antes o después, tendrá que producirse un desenlace y la única alternativa que quedará a la destrucción del Estado constitucional será la aplicación, sin remilgos, de los resortes legales para poner término a la deslealtad de la Generalitat. Un amigo catalán, tan simpatizante del PSC como consciente de la esterilidad de la vía contemporizadora de Iceta, me daba el otro día su receta en Barcelona: "Un 155 de ocho años de duración". O sea, dos legislaturas completas durante las que la autonomía esté suspendida, o al menos, intervenida, para que se produzca la desintoxicación de la sociedad catalana y el nacionalismo regrese a su cauce posibilista.

A quienes empiecen a echarse las manos a la cabeza, cabe recordarles que el Reino Unido ejerció el gobierno directo del Ulster desde 1972 hasta 1998 y que, tras los acuerdos de Viernes Santo de ese año, suspendió cinco veces la autonomía, en un caso, durante casi un lustro. Todo eso sucedió, con gobiernos tanto laboristas como conservadores y nadie cuestionó la legitimidad de la democracia británica.

El principal requisito de esta gran operación de Estado sería pues su carácter transversal, fruto de un gran acuerdo entre los tres grandes partidos nacionales que defienden la continuidad del modelo autonómico. Una mayoría de centro derecha, reforzada por Vox, que no contara con el PSOE, carecería del margen político necesario para ir más allá de una estéril, e incluso contraproducente, intervención puntual.

La quimera de que la suma de la derecha acomplejada con la savia nueva de la derecha sin complejos bastaría para enderezar la situación, encallaría pronto en una dinámica frentista que, a medio plazo, sólo favorecería a los separatistas. En cambio, un acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE que, como ocurrió con el Pacto Antiterrorista, trascendiera a quién estuviera en el gobierno y quién en la oposición, daría estabilidad a lo que tendría que ser una hercúlea labor de reinserción de Cataluña en la España constitucional.

Cuanto suceda, a partir de ahora, en cualquier tablero político debería tener en cuenta ese imperativo nacional. Es muy importante, en concreto, en aras de la alternancia, desalojar al PSOE del poder al que parecía estructuralmente adherido en Andalucía. Pero Casado y, sobre todo Rivera -por su centralidad- deberían encontrar la forma de hacerlo compatible con la forja de ese gran consenso en el que Susana Díaz, con posiciones inequívocas al respecto, puede y debe jugar un papel esencial. Contar en estos tiempos de fragmentación, y en sus horas más bajas, prácticamente con el 30% del apoyo de la comunidad más poblada de España es una dote que, hoy por hoy, ningún líder autonómico puede superar.

En la perpetua querella entre pedristas y susanistas, siempre he simpatizado con la audacia del outsider. Ahora, las tornas se han invertido y es ella quien parece a punto de ser destruida. Alguna culpa tendrá en lo que le pasa. Pero antes de aplaudir a quien pueda darle el golpe de gracia y apresurarse a escribir su obituario, toca preguntarse qué sería lo más conveniente de cara a librar "un combate inmisericorde, contra el cáncer del separatismo catalán, por la vía de la política, la ley, la cultura y, sobre todo la verdad".

Porque, ojo, esto no lo ha dicho algún dirigente de Vox en uno de los brindis de los Tercios de Flandes. Tampoco algún líder del PP o de Ciudadanos en el éxtasis de un mitin. Esto lo ha dicho, el viernes, el presidente y líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, ante las Cortes de Zaragoza, al referirse a la "bilateralidad" y las "transacciones con el separatismo", reflejadas en el comunicado suscrito el jueves por Sánchez y Torra.